11.01.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

La influencia política, un mal para la selección de jueces (La Nación)

Nota de opinión de Gustavo Maurino, co director de ACIJ

Ningún poder político es lo suficientemente legítimo como para que no necesite ofrecer garantías serias de que la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas cuentan con protección efectiva de un Poder Judicial independiente e imparcial. Sin ellas, la sombra de la arbitrariedad, los privilegios y la opresión tiñe toda construcción de legitimidad.

De manera casi paradojal, en sociedades abiertas, los gobiernos refuerzan su legitimidad y poder en el largo plazo cuanto más efectivas sean las garantías de independencia e imparcialidad que construyan para la Justicia (que controlará su ejercicio del poder); sin embargo, en las coyunturas de corto plazo, es el disciplinamiento de la judicatura lo que redunda en mayor poder efectivo. La paradoja reside en que aquello que parece robustecer al poder día a día (la dependencia) en realidad lo erosiona, y aquello que lo limita en lo inmediato en realidad lo fortalece.

Una de las variables para evaluar la independencia o sujeción política del poder judicial es el sistema de selección de jueces.

El establecimiento del Consejo de la Magistratura y los concursos abiertos han eliminado la posibilidad de designación de candidatos serviles y gravemente carentes de idoneidad. Pero, lamentablemente, todavía no se han asegurado de modo significativo las garantías de invulnerabilidad a la indebida influencia política en la selección.

Todavía el éxito final en el concurso bien puede ser resultado de una combinación entre los méritos del candidato y la operación de una serie de mediaciones políticas, personales y corporativas -sutiles o abiertamente ilegales a veces- que lo impulsan a través de las distintas etapas, en competencia silenciosa con idénticas mediaciones desplegadas por sus competidores. Así se va conformando una lista inicial de favores políticos que aguardarán para ser cobrados al ganador.

El Consejo de la Magistratura no ha logrado cabalmente su fin constitucional, y una parte importante de nuestros magistrados aún le deben su cargo tanto a sus méritos como a una serie -mayor o menor, pero difícilmente insignificante- de favorecedores políticos.

CULTURA POLÍTICA

Este estado de cosas ha sido creado y reproducido por nuestra “cultura política”, pero es facilitado por el diseño y la operación de los procedimientos de selección del Consejo, verdaderos laberintos de aventuras políticas, sensibles aventajas e influencias indebidas: concursantes que obtienen los exámenes con anterioridad; correcciones caprichosas e inconsistentes por parte de los jurados; puntajes discrecionales para entrevistas personales imposibles de comparar, evaluadas por el Consejo; impugnaciones masivas a las calificaciones que producen reformulaciones masivas de los órdenes de mérito, etc.

La misión fundamental del Consejo de la Magistratura es construir el mejor Poder Judicial posible. Idoneidad e independencia política son condiciones fundamentales para ello. Los concursos de antecedentes y oposición mejoran la idoneidad. La transparencia, equidad, celeridad, rigurosidad y ecuanimidad de los procedimientos y las decisiones de calificación son precondiciones básicas para asegurar que el mérito y no la influencia política determinen el resultado. El Consejo está demasiado lejos aún de lograr tales precondiciones, y los concursantes, víctimas del sistema deficiente, terminan adaptándose al juego. En estas condiciones, en ciertos casos sensibles, un tribunal independiente todavía resulta en alguna medida una cuestión de suerte, en un sistema disfuncional.

Por Gustavo Maurino

El autor es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y profesor de la Universidad de Palermo.

La Nación

Deje un comentario