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La independencia de la Justicia, víctima de la democracia 1983-2007 (Urgente 24)

¿Es independiente la Justicia argentina? Cada día aparecen nuevos elementos que hacen pensar que no. En el plano nacional, amén de que la nueva Corte Suprema ha dado muestras de alguna independencia, el escenario no es bueno. El reformado consejo de la Magistratura es dominado por hombres del gobierno, como los diputados nacionales Carlos Kunkel y Diana Conti.

El panorama de los juzgados Federales no es bueno, con atenuantes como las renuncias Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli, que dejarán sin rumbo la principal causa de corrupción que involucra al Gobierno, ‘el caso Skanska’. Y a esto se suma que el Poder Ejecutivo tiene en sus manos nada menos que 99 ternas remitidas por el consejo de la Magistratura y por alguna inexplicable razón no cubre las vacantes.

Pero más allá del escenario nacional, vale la pena observar qué es lo que ocurre en el interior del país. Hace una semana se conoció un informe coordinado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Este reunió información sobre el grado de injerencia del poder político en los sistemas judiciales de seis provincias, proporcionadas por ONGs locales.

Lo más interesante de trabajo es que analiza distritos muy distintos: Jujuy gobernada desde hace casi 25 años por un PJ hegemónico.

Tucumán donde el gobernador José Alperovich, al mando de la provincia hace menos de cuatro años, ha demostrado su intención de convertirse en un caudillo con poderes totalitarios.

Santiago del Estero, un distrito dominado durante décadas por el caudillo Carlos Juárez, y ahora en manos de un radical K, Gerardo Zamora.

Neuquén, controlada por un hasta ahora invencible y mutante Movimiento Popular Neuquino y todavía bajo el mando de un candidato a presidente: Jorge Sobisch.

San Luis, donde los Rodríguez Saa han conseguido construir uno de los feudos más estables del interior argentino.

Y por último Tierra del Fuego, que será gobernada dentro de pocos meses por la arista Fabiana Ríos.

El trabajo es demoledor, el listado de irregularidades es interminable, la magnitud de la impunidad de los gobernadores, alarmante. Lo más grave es que el afán de control sobre el Poder Judicial no conoce color político: en el informe queda demostrado que son tan graves las maniobras de los viejos caudillos del PJ, como los Rodríguez Saa, que las de quiénes están haciendo sus primeras armas, como José Alperovich.

El desprecio por la institucionalidad similar en Gerardo Zamora, radical K y santiagueño, y en Jorge Sobisch neuquino del MPN.

Un gobierno de San Luis que desconoce fallos de la Corte Suprema de la Nación; un gobernador santiagueño que mantiene a todos los jueces de su provincia en condición de ‘provisionales’; un Tribunal Superior de Justicia Fueguino que cambió de composición 17 veces en los últimos 13 años; un Estado jujeño que no tiene todavía Consejo de la Magistratura y cuyos jueces son nombrados a dedo; un gobernador Neuquino que nombró a todos los miembros de su Superior Tribunal de Justicia.

No es posible un país serio sin instituciones estables. Y si el Gobierno Nacional escandaliza con una reforma del Consejo de la Magistratura que aumenta la representación política, en el interior los atropellos son mucho mayores, solo que son acallados por la distancia y por el cerco informativo que imponen los medios comprados por los gobiernos locales.

Por eso es tan importante el trabajo realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El coordinador del informe fue el abogado Juan Antoniassi, que es a su vez coordinador de área de Fortalecimiento Institucional de ACIJ.

edición i habló con él:

-¿Cómo seleccionaron las provincias?

-Seleccionamos las provincias en las que por situaciones conocidas o que habían trascendido en los medios sabíamos que tenían alguna injerencia del poder político sobre el sistema judicial. Una vez seleccionadas buscamos aliados locales, ONGs reconocidas en cada uno de las jurisdicciones y que pudieran prepararnos los informes. Nuestra selección original incluía 12 provincias pero hubo lugares en donde no conseguimos organizaciones que pudieran trabajar, por lo que quedaron solo esas seis.

-Y en las otras provincias que quedaron fuera del informe ¿Cómo es la situación?

-La situación expuesta en el informe no es un monopolio exclusivo de los distritos detallados, sino que se replica y se reproduce en muchas otras jurisdicciones, con distintos niveles. La avanzada del Poder Político sobre el Poder Judicial es una constante, está en la lógica y en la práctica cotidiana de nuestra política. Lamentablemente es una aspiración común de los políticos argentinos que cuando se hacen cargo del Poder Ejecutivo buscar una Justicia a medida. Esto no es nuevo, y hemos tenido la experiencia en la Nación durante la década del ´90.

Y en las provincias, muchas de ellas con reminiscencias de sistemas feudales esto se da mucho más fuerte. Insisto que no es un monopolio exclusivo de estos seis distritos, se da el caso de Misiones por ejemplo, donde se ha dado una fuerte cooptación del poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia. Hace dos años ocurrió el caso de la Jueza Marta Catella que la destituyeron sin existir una causa justa y sin cumplir con los pasos procesales. Nosotros quisimos llevar el caso de Misiones por ejemplo, pero no pudimos conseguir ninguna ONG que quisiera escribirnos el informe. Nos ocurrió en distritos chicos donde nos han dicho que les parecía muy buena la idea, pero tenían temor a represalias.

-¿Entonces evalúan que el denominador común en el interior del país es que la calidad de los sistemas judiciales es mala?

-La calidad no en términos de eficiencia en la administración de justicia cotidiana, que sería otro tema. Nuestro análisis se quedó en el grado de injerencia del poder político en la Justicia. La Justicia tiene que tener dos características básicas, que son independencia e imparcialidad. Y en los casos en que estos dos elementos faltan, termina repercutiendo en la calidad de justicia que llega a las personas.

En nuestro trabajo no hemos avanzado en esa correlación en los casos particulares, pero es una relación constante en todos los sistemas.

-De las provincias analizadas, ¿Cuál es la que se encuentra en peor situación?

-No es mensurable en términos de mejor y peor. Cuando un juez es nombrado a dedo eso ya es una situación alarmante, porque pone bajo sospecha a todo el sistema. Lo que sí puedo decir es que estas seis provincias la situación es grave, en todas falta publicidad, en todas falta transparencia, en todas se elije a dedo… y después cada una tiene sus matices.

-En el informe detallan el caso de Santiago del Estero en donde cambió el signo político del partido gobernante y la situación no mejoró Entonces, ¿Cuáles son las medidas que deberían tomarse para revertir estas situaciones?

-La solución, desde la teoría, es muy sencilla. Y sería adaptar la selección y los nombramientos de magistrados a la Constitución Nacional y a lo que indican los estándares internacionales. Pero eso es una cosa utópica, lo que se necesita es decisión política para tener un Poder Judicial independiente. De otro lado no puede salir la solución. Y en caso de tener una Justicia realmente independiente eso luego va a repercutir en la calidad del resto de las instituciones, y de los derechos de las personas.

Por Tomas Vidal

Urgente 24