11.09.14 // Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

La huella de la incidencia

Por Alejandro Cánepa

A lo largo de las últimas dos décadas, muchas Organizaciones de la Sociedad Civil lograron ver plasmadas en políticas estatales y leyes su capacidad de incidencia pública. Aquí, una selección de una veintena de normas de contenido social que en su momento fueron promovidas por las ONG en representación de los intereses de la ciudadanía.

Caja de resonancia de los debates que atraviesan a una sociedad, el Congreso Nacional es, en una democracia representativa, el ámbito diseñado para que se debatan y aprueben las leyes que rigen en el país. Desde 1994, cuando fue fundada la revista Tercer Sector, normas de muy diversas temáticas, relacionadas con causas promovidas por Organizaciones de la Sociedad Civil, han sido sancionadas por el Parlamento. Lo cierto es que más allá de interpretaciones judiciales, lobbies, debates por momentos muy intensos, manifestaciones y negociaciones, en términos históricos, las entidades del sector social lograron en estas dos últimas décadas acentuar su presencia en la agenda legislativa e incidir así en la definición de políticas públicas.

“La Reforma Constitucional del 1994 es un antes y un después en materia de preservación del medio ambiente porque, en su artículo 41, incorpora esto como nuevo derecho. En ese sentido, la Ley de Protección Ambiental, sancionada en el 2002, es clara consecuencia de ese artículo”, señala Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).

Una mirada a las principales normas sancionadas en estos últimos años revela cómo las preocupaciones de distintas OSC lograron plasmarse en leyes como la de Bosques y la de Glaciares, aunque en estas últimas persisten cuestionamientos en lo que respecta a su implementación.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) también interpreta como logros las diversas normas aprobadas en los últimos años: “Nuestro país ha logrado la sanción de numerosas leyes que constituyeron importantes avances en la promoción de derechos e impulsaron cambios en el enfoque de políticas públicas”, señalan desde la ONG. En este sentido, destacan “la anulación de las leyes de impunidad”, así como también la sanción de la “Ley de Migraciones, la de Salud Mental y la de Matrimonio Igualitario”. No obstante, señalan que si bien persisten numerosos desafíos en la implementación de normas como las de Migraciones y Salud Mental, “el reconocimiento de derechos ha sido el primer paso para impulsar medidas que produzcan cambios en la calidad de vida de las personas”.

En tanto, para Renzo Lavín, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (Acij), “ha habido una gran participación de organizaciones sociales para determinadas leyes. Por ejemplo –remarca–, las de memoria, verdad y justicia tuvieron todo el apoyo del Movimiento de Derechos Humanos clásico. También la de Matrimonio Igualitario y la de Servicios de Comunicación Audiovisual tuvieron mucho empuje por parte de las organizaciones”.

Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), su director ejecutivo, Torcuato Sozio, entiende que, a nivel de incidencia legislativa, “ha habido un crecimiento de la sociedad civil, que es positivo”, pero advierte que “lo malo es si, en ocasiones, las OSC terminan haciendo lo que no hace el Estado”.

No hay dudas de que, en los últimos 20 años, las Organizaciones de la Sociedad Civil se sumergieron en el desafío de ver plasmadas en leyes las problemáticas sobre las que día a día trabajan. De todos modos, resta mucho camino por andar: “Leyes hay miles, pero el tema también es cómo se aplican y si es que se aplican”, señala Nápoli, de Farn. También allí, entonces, el tercer sector deberá afrontar el desafío de construir nuevos senderos de incidencia.

1- Ley de Protección de los Datos Personales.

.Octubre del 2000.Esta norma permite que “toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables”.Además, establece el derecho a que sus datos “sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad”.

2- Ley de Adopción.

Marzo de 1997. Esta norma vino a reemplazar la “ley” que había impuesto la dictadura de Alejandro Lanusse en 1971. Establece los criterios que deben cumplir las personas para poder adoptar, así como también los de las condiciones para la adoptabilidad de los chicos. Si bien es considerada un avance en relación a la legislación anterior, diversas OSC reclaman nuevas modificaciones.

3- Ley de Salud Reproductiva.

Octubre del 2002. La denominada Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable estableció la creación de un Programa Nacional de Salud Sexual que posibilita “prescribir y suministrar métodos y elementos anticonceptivos” no abortivos. Además, al incluirlos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) obligó a los servicios de salud públicos y privados a incorporarlos a sus coberturas.

4- Ley General del Ambiente.

Noviembre del 2002. Sancionada con la intención de reglamentar las innovaciones en esta materia incorporadas por la Constitución Nacional en su Reforma de 1994, establece criterios básicos de protección medioambiental y –entre otros puntos– obliga al Poder Ejecutivo Nacional a elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país, para su presentación en el Congreso.

5- Ley de Derogación de Obediencia Debida y Punto Final.

Agosto del 2003. Una ley que anuló a otra. Eso significó la norma que derogó a la de Punto Final, sancionada en 1986, y a la de Obediencia Debida, de 1987, ambas denominadas “Leyes del Olvido”. De esta forma, abrió las puertas hacia un camino de verdad, justicia y memoria por el que tanto habían luchado diversas organizaciones de Derechos Humanos.

6- Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental.

Noviembre del 2003. Si bien todavía no existe una Ley de Acceso a la Información Pública general, sí existe una que permite requerir datos medioambientales a autoridades nacionales, provinciales y/o municipales, así como también a entes autárquicos y empresas que prestan servicios públicos, sean estatales, privadas o mixtas.

7- Ley de Migraciones.

Diciembre del 2003. Su reglamentación demoró siete años. Establece que la situación irregular de un inmigrante no es razón para privarlo del acceso a la atención de la salud o la educación.Además, facilita la incorporación a la vida social y productiva del país. Por otro lado, prevé que todos pueden vivir en suelo argentino excepto en los casos de documentación falsa o adulterada, condenas o participación en genocidios, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad.

8- Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Septiembre del 2005. Esta norma puso fin a la vieja Ley de Patronato, de principios del siglo XX, al igual que ya lo había hecho la incorporación a la Constitución Nacional de los derechos nacidos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La norma establece un marco de “protección integral” de los derechos de los chicos y apunta a considerarlos sujetos de derecho más que objetos pasivos.

9- Ley de Financiamiento Educativo.

Diciembre del 2005. La norma consolida mecanismos para un incremento sostenido en los recursos del Presupuesto Nacional destinados a políticas educativas. Considerada un gran avance por una clara mayoría de Organizaciones de la Sociedad Civil, ha logrado que el monto para Educación llegue a representar un 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

10- Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

Diciembre del 2006. Busca garantizar el acceso a espacios en los medios masivos de comunicación a la totalidad de los partidos en el marco de las campañas electorales. También, establece criterios para la distribución de fondos electorales y fija como obligación la rendición de cuentas a través de la presentación de los estados contables.

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