Actualmente, la política fiscal se encuentra en el eje del debate nacional debido a la discusión en el Congreso de la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el 2018.
La deuda pública (externa o interna) se relaciona directamente con la política fiscal: permite contar con recursos en un primer momento y también crea la obligación de asignar recursos para su pago, que además devenga intereses. Los términos y condiciones de un préstamo (monto, intereses, fechas de pago, moneda en que se toma, etc.) afectan el flujo de recursos estatales y por lo tanto tienen impactos sociales. Del mismo modo, los compromisos (de política fiscal, monetaria, etc.) que el Estado asume en pos de obtener dicho financiamiento, delimitan el marco de acción que luego tendrán las políticas públicas a nivel interno.
Los impactos sociales de la deuda han sido probados en experiencias previas de la Argentina y de la región. En los casos en que el endeudamiento externo -ya sea por su peso en el gasto estatal, o en función de los condicionamientos que puede suponer- implica retrocesos en la prestación de servicios y bienes públicos y en los niveles de protección social -apostando por soluciones individualizadas y basadas sólo en la confianza en el mercado-, ello suele repercutir en afectaciones concretas para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de la población más vulnerable, y tiende a incrementar los niveles de endeudamiento doméstico a los que estos sectores deben recurrir para suplir la ausencia estatal. Ello, finalmente, profundiza las brechas socioeconómicas y vulnera el acceso a bienes básicos en condiciones de igualdad.
En este contexto, resulta fundamental que la resolución de la grave problemática de deuda que enfrenta Argentina no se realice a expensas de la inversión social. Decisiones de ese tipo resultarían inadmisibles en un país en el que más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza, la pobreza infantil alcanza el 60% y el decil más bajo de ingresos se compone en un 70% por mujeres.
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