05.03.08 // Novedades, NOVEDADES

LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN: La Justicia se pone guardapolvos (Crítica de la Argentina)

Los conflictos de la educación argentina llegaron a los Tribunales. El gobierno porteño fue obligado por una medida cautelar a solucionar la falta de vacantes en las escuelas del sur de la ciudad. En el interior, los docentes de San Juan debieron levantar el paro después de que el Estado provincial interpusiera un recurso de amparo. La soluciones, visto está, no surgen gracias a la gestión pública, sino a la intervención de la Justicia.

A fines de 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició una causa judicial contra del gobierno de la Ciudad por la falta de vacantes. A mediados de 2007, el juez Guillermo Treacy dictó una sentencia de primera instancia en la que indicaba que el gobierno porteño –por entonces a cargo de Jorge Telerman– debía crear nuevas escuelas o facilitar mecanismos para asegurar el derecho a la educación.

“El gobierno apeló con diferentes argumentos y nunca nos recibió para dialogar –dijo Nuria Becú, coordinadora del Programa de igualdad educativa de ACIJ-. Cuando cambió la gestión, pedimos que hasta tanto no se resolviera el tema de la apelación, se dictara una medida cautelar para que los chicos pudieran empezar las clases en 2008 con normalidad”.

La medida cautelar quedó firme: el juez obligó al Ministerio de Educación porteño a presentar, en un plazo que se estiró más de lo previsto, un plan para garantizarles a todos los chicos el comienzo de las clases. De lo contrario, debía pagar una multa de 50 pesos diarios. “La multa aún no se hizo efectiva y todavía no tuvimos acceso a la causa para ver si el Ministerio presentó algo”, dijo Becú.

Desde el Ministerio a cargo de Mariano Narodwski respondieron que habían cumplido con la medida cautelar y que presentaron una serie de acciones para garantizar las vacantes, pero no pudieron especificar en qué consistían. Hasta el cierre de esta edición, aún no tenían las cifras de los alumnos que seguían fuera del sistema escolar, pero aseguraron que en las próximas dos semanas el tema iba a estar solucionado. “Existe un plazo de quince días en el cual podemos saber con certeza en qué escuelas nos quedan vacantes para derivar a los chicos y ofrecerles transporte en caso de que vivan a más de diez cuadras”, explicó un vocero de esa cartera.

Mientras tanto, Fernando Tindel, de 12 años, sigue sin ir a la escuela: se quedó en su casa del barrio de San Blas como ayer y antes de ayer . Es uno de los cientos de chicos que todavía no consiguieron un lugar en el aula. “Me dijeron que mañana fuera a una escuela de Constitución con el boletín de Fernando, que por ahí me consiguen vacante. No es seguro pero tengo más esperanzas”, contó Isabel, su mamá, que como otras madres hace semanas que recorre las escuelas en busca de un lugar.

En San Juan, en cambio, los alumnos hoy sí tienen clases. En este caso la Justicia falló en favor del Poder Público: el fiscal de Estado Mario Díaz presentó un recurso de amparo en el que pedía una medida cautelar para que los docentes levantaran el paro. “Pensamos que el derecho constitucional a la educación tiene una jerarquía mayor a la de cualquier pretensión patrimonial y por eso le pedimos a la Justicia que actúe para que se restablezca el servicio educativo, independientemente que la negociación salarial continúe”, declaró Díaz.

La misma medida se interpuso en 2006 y 2007 y, casualmente, el expediente siempre recayó en el juzgado de Roberto Pagés, quien en este caso volvió a ordenar el cese de la huelga. “Es paradójico porque el Amparo nació para que la gente pueda ser defendida de los poderosos, pero acá es al revés: es el Estado el que lo usa contra nosotros –se quejó Graciela López, secretaria general de UDAP–. Vamos a dictar clases como nos obliga la Justicia pero queremos dejar en claro que los 15 mil docentes sanjuaninos rechazamos la oferta del gobierno de 1233 pesos de mínimo y pedimos los 1290 que se acordaron en las paritarias nacionales”.

Son los jueces quienes, en estos días, deciden si el derecho a la educación es tan constitucional como se dice.

Cuatro provincias sin clase

La Pampa se sumó al paro docente que todavía mantienen tres provincias –Mendoza, Jujuy y Corrientes– después de que fracasara la paritaria con el gobierno. Los maestros, además, marcharán por las calles de Santa Rosa en rechazo de la oferta oficial de un aumento de 238 pesos, de los cuales sólo 50 integraban el básico.

Igual que en San Luis, en Río Negro los docentes iniciaron las clases después de cumplir el paro previsto de 48 horas. El viernes decidirán si reanudan las medidas de fuerza. En Mendoza, el gobierno realizó una propuesta. Sin embargo, los docentes seguirán de paro hasta que decidan si aceptan o no. Los maestros correntinos, en tanto, planean seguir de paro hasta el viernes excepto que hoy, en la reunión convocada por el Estado provincial, se llegue a un acuerdo. En Jujuy cumplen con el tercer día consecutivo sin dictar clases y anuncian una movilización provincial para la semana que viene.

Para el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, en las provincias de paro no se respetó uno de los acuerdos de la paritaria nacional. “Se debían agotar todas las instancias de mediación antes de pasar a medidas de acción directa”, declaró durante la inauguración de un jardín de infantes en Chubut.

Crítica de la Argentina

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