11.01.14 // Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

La Corte posterga el acceso público a declaraciones juradas

El tribunal está trabajando en la reglamentación de los cambios incorporados a la norma en mayo de 2013. Debe definir el modo y lugar de publicidad, antes de conceder pedidos.

La Corte Suprema de Justicia denegó el pedido de dos periodistas y un abogado para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los siete integrantes del máximo tribunal, argumentando que está por definir un mecanismo de acceso a esa información y, en consecuencia, por ahora habrá que esperar.

Sucesivamente, las periodistas María Emilia Delfino, del diario Perfil; Romina Colman, de La Nación, y el abogado Gustavo Maurino, co-fundador y director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidieron al tribunal, en el contexto de lo que establece la Ley de Ética Pública, acceder a las declaraciones juradas de los siete jueces.

La ley 26.857, de “ética en el ejercicio de la función pública”, modificada en mayo de 2013 –en el contexto del frustrado (por la Corte) proceso que el gobierno definió como “democratización de la justicia”–, estableció el “carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos”. El artículo primero de esa norma establece que “las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por las personas que se encuentran obligadas en virtud de la normativa de ética en el ejercicio de la función pública son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación”.

Justamente esa última salvedad fue la que invocó la Corte, en sendas resoluciones firmadas el 27 de diciembre pasado para, por el momento, postergar el suministro de la información requerida.

La Corte explicó en las resoluciones 3747/13 (Delfino), 3748/13 (Colman) y 3749 (Maurino) que “aprobará a la brevedad su reglamento concerniente al contenido de las declaraciones juradas, modo y lugar de publicidad, cuya presentación tiene lugar en el ámbito del Poder Judicial de la Nación durante el mes de mayo, habida cuenta de que deben ir acompañadas de la declaración jurada ante la AFIP, que se presenta en dicha agencia en el mes de abril”. En ese contexto, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, coincidieron en que “en tales condiciones resulta apropiado aguardar la implementación de la mencionada reglamentación a los fines de proveer todos los pedidos de acceso a las declaraciones juradas de los señores ministros de este tribunal y –entre ellos– los que dan lugar a la presente”.

María Emilia Delfino es una de las periodistas de la sección “Política” del Diario Perfil; Romina Colman publica su blog en el portal de La Nación, en el que se presenta como “estudiante de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, activista por el acceso a la información pública en Latinoamérica y delegada argentina en la primera conferencia de Alaveteli”, una plataforma internacional para la libertad de información. Maurino es un abogado de intensa labor académica, con una decidida orientación hacia el derecho constitucional, el derecho de daños y el control institucional. Los tres formularon sus presentaciones a título personal, pero explicando en las respectivas notas de pedido a qué se dedicaban y deslizando para qué la querían.

Conjueces, designados

A través del decreto 2270, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de conjueces en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Los nombrados son Nicolás D’Albora, Carlos Cruz, Marcelo Buigo, Norberto Frontini, Claudio Vázquez, Eduardo Barcesat, Roberto Boico, Raúl Ferreyra, Martín Magram y Alan Iud. Todos ellos, entre los que se encuentran destacados constitucionalistas, si no hay jueces de igual “competencia” y “jurisdicción” en condiciones de hacerlo. Pese a que se conoció ayer, el decreto tiene fecha del 19 de diciembre.

Tiempo Argentino