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La CNC convoca a proceso de elaboración participativa de normas

La Comisión Nacional de Comunicaciones convocó, a través de la Res. 12/2013, a un procedimiento para la elaboración participativa de normas en relación con el proyecto del Reglamento de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones Móviles.

Desde el 2003, Argentina cuenta con un procedimiento para la elaboración participativa de normas, aplicable en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.

Este valioso instrumento de democracia participativa, fue prácticamente inutilizado a lo largo de los años de vigencia del Dec. 1172/03, que lo reglamentó.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 3º del Anexo V de dicha norma, “la Elaboración Participativa de Normas constituye un mecanismo por el cual se habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación” (las opiniones y propuestas que se presenten durante el proceso no tienen carácter vinculante).

Puede ser participante en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la norma a dictarse (Art. 9º).

En este caso, las personas alcanzadas podrán presentar sus opiniones y propuestas en relación al Reglamento, hasta el día 23/10/2013. Para ello, deberán utilizar el formulario creado al efecto, y presentarlo en las oficinas de atención al público (o remitirlo por correo postal a los apartados postales correspondientes).

Desde ACIJ celebramos la utilización de este mecanismo de democracia participativa por parte de la CNC, y esperamos que el mismo pueda ser apropiado por la mayor cantidad de participantes interesados o alcanzados por el tema.

A su vez, aspiramos a que éste mecanismo pueda ponerse en funcionamiento en forma mucho más habitual por parte de la administración pública en el futuro, bajo la convicción de que la participación de la sociedad civil en el proceso de producción normativa redundará en normas de mayor calidad, y con mayor legitimidad democrática.