26.02.19 // Derecho a la Ciudad (novedades), Villas e Integración Urbana (novedades)

La Cámara le dio la razón a la Villa 21-24: se crea una mesa de trabajo para revertir el riesgo eléctrico y ejecutar un plan integral en la villa de Barracas

En el día de hoy se desarrolló en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo CAYT de la Ciudad de Buenos Aires, una audiencia pública por el riesgo eléctrico existente en la Villa 21-24. El tribunal dispuso que se creará una Mesa de Trabajo para definir las medidas urgentes que deben ser llevadas a cabo en el barrio para terminar con el riesgo que cotidianamente tiene que enfrentar su población por la deficitaria prestación del servicio eléctrico. En esta Mesa -que tendrá su primera sesión el 11/3- está obligado a participar el Gobierno de la Ciudad y estará integrada también por Edesur, ENRE, la Junta Vecinal y quienes son parte de la causa por la Villa 21-24, la Defensoría General, ACIJ y el Asesor Tutelar de Cámara.

Desde hace ocho años el Gobierno de la Ciudad viene dilatando el cumplimiento de la medida cautelar judicialmente dispuesta que lo obliga a establecer una intervención de emergencia y a diseñar y ejecutar un plan integral que equipare el servicio en el barrio con los estándares del resto de la ciudad. Estas dilaciones, que se expresan en las 27 denuncias de incumplimiento que hicieron el Ministerio Público de la Defensa y ACIJ -en representación de la Junta Vecinal y la comunidad de la Villa de Barracas- tuvieron trágicas consecuencias estos años: desde recurrentes problemas domésticos hasta incendios y electrocuciones con efectos letales, en varios casos. El año pasado, la muerte de Gilda Cañete movilizó al barrio y en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se expidió sobre el fondo de la demanda, condenando al Gobierno de la Ciudad a cumplir con el reclamo de la comunidad.

La provisión de un servicio eléctrico adecuado en el barrio debe ser un primer paso para que, finalmente, el conjunto de la Villa 21-24 sea destinataria de un proceso de reurbanización como los que se desarrollan en otros barrios, que tenga como protagonistas y destinatarios a quienes viven allí y padecen, desde hace años, un tratamiento diferenciado y discriminatorio por parte del Estado.

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