08.10.09 // Novedades, NOVEDADES

Juzgan a vecinos de la villa 31por un corte de la autopista Illia (La Nación)

Cinco habitantes de la villa 31 y 31 bis comenzaron, ayer a la mañana, a ser juzgados por obstrucción al tránsito. Es que el 19 de noviembre del año pasado habrían participado de un corte, durante nueve horas, de la autopista Illia, en reclamo de la urbanización del asentamiento.

El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, responsabilizó entonces a las autoridades nacionales por permitir el corte ante la inacción de la Policía Federal, a la que acusó de no obedecer la orden de una fiscal porteña de desalojar la autopista.

Los acusados son Julian Wald, Amalia Aima, Ramón Ojeda, Malvina Vargas y Aida Campó. "Los demandados participaban del reclamo, junto con otros 300 habitantes de la villa, por la urbanización definitiva de su barrio", afirmó Luciana Bercovich, miembro del equipo Redes de Trabajo en Villas, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Bercovich precisó: "La Justicia sólo tiene los datos de los imputados, porque se presentaron el mismo día de la protesta en el Ministerio de Desarrollo Urbano para hablar con autoridades del gobierno porteño".

En cambio, según informaron fuentes del gobierno, la denuncia no fue iniciada por ellos sino por la fiscal de la justicia contravencional de la ciudad, Genoveva Cardinali.

La jueza María Araceli Martínez, del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 19, está llevando adelante el litigio. La Fiscalía Contravencional y de Faltas número 8, a cargo de Graciela Navarro y Adolfo Bormida. Ayer, comparecieron varios policías que estuvieron en el corte.

"Los vecinos habían presentado el día anterior un aviso de protesta ante la policía. Se cumplió con el requisito del gobierno porteño, que exige que se avise cuando se va a realizar un corte", dijo Bercovich.

En cambio, fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Capital le informaron que "el documento que da aviso sobre el corte se debe presentar ante el gobierno porteño y en este caso hay uno firmado por un policía".

Amalia Aima, de 45 años, es una de las imputadas en la causa. Es miembro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y vive en la villa: "Pedimos que haya servicios públicos. Si perdemos este juicio la pena son trabajos comunitarios, algo que hago todos los días".

La Justicia ha venido avanzando sobre aquellos que obstruyeron el tránsito. El piquetero Luis D´Elía espera ser juzgado por haber cortado el tránsito el 7 de mayo último con una marcha; gremialistas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) debieron pintar escuelas por haber cortado calles el año pasado, y tres piqueteros fueron condenados a penas de entre 10 y 90 días de prisión y a realizar tareas comunitarias por golpear a un taxista y dañar su auto, durante una marcha realizada el 21 de enero de este año.

La Nación

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