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Justicia para todos (La Nación)

La lucha legal de cientos de bonaerenses contra fábricas que no cumplen con medidas ambientales; la satisfacción de vecinos de Núñez que evitaron obras que podrían haber afectado su calidad de vida; la alegría de Ernesto, que nació en Perú y pudo conseguir la residencia permanente en la Argentina para él y su familia.

Esos son sólo tres ejemplos, genéricos, de lo que logra el acceso igualitario a la Justicia, y son varias las asociaciones que lo facilitan de manera gratuita.

Intereses particulares o colectivos son los que representan estos grupos de abogados que tienen una verdadera vocación de servicio, ya que en todos prima el objetivo no sólo de difundir los mecanismos legales para reclamar por los derechos de todos, sino de promover la participación ciudadana en los procesos de decisión.

La Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires brinda atención jurídica gratuita en casos de interés público que representan intereses colectivos y proyectan sus efectos en sectores amplios de la comunidad, especialmente para personas de escasos recursos y con dificultades para acceder a la Justicia.

“Asesoramos a más de 200 ONG de manera gratuita y a personas individuales cuyos casos plantean una solución a problemáticas que afectan a un colectivo de personas. Es que los beneficios de un resultado favorable van más allá de los intereses del propio peticionante y proyectan sus efectos a un sector más amplio de la comunidad”, explica Constanza Manfredi, una de las coordinadoras de Pro Bono.

Discapacidad, microfinanzas, inclusión social, transparencia política, niñez en riesgo y educación son las temáticas que privilegia Pro Bono a la hora de asesorar.

Además, con el patrocinio jurídico brindado por estudios de la Comisión a ONG que trabajan en temas de transparencia política y acceso a la información pública, “se intenta contribuir a un mejor funcionamiento de la democracia y de las instituciones de la República, haciendo respetar los derechos de los ciudadanos y obligando a los representantes a cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas”, cuenta Manfredi.

Ese mismo espíritu ciudadano es el de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apartidaria, cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad.

Dentro de la FARN hay una comisión de servicio jurídico gratuito en materia ambiental que surge a partir de un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Las problemáticas ambientales y las cuestiones legales que las enmarcan suelen estar lejos del conocimiento del ciudadano común, por eso nuestro trabajo es promover e insertar en las comunidades las herramientas de participación ciudadana en los procesos de decisión y de acceso a la información pública y a la Justicia. De esta manera logramos fortalecer las instituciones democráticas y a las personas como ciudadanos mejor preparados”, cuenta Gabriela Vinocur, directora del Area de Participación Ciudadana.

“Hay muchas consultas por antenas de telefonía celular; por falta de eficiencia en las evaluaciones de impacto ambiental de desarrollos urbanísticos o viales que traen consecuencias en la salud y la vida de las personas; sobre industrias que vierten desechos en cursos de agua; por ruidos y vibraciones originados en servicios de trenes o subtes, por ejemplo”, destaca Vinocur.

Justicia, desde el llano

A partir del programa de Acción Legal Comunitaria Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se creó el Centro de Apoyo Legal Comunitario (CALC) como un espacio común articulado por organizaciones sociales, con la finalidad de brindar asesoramiento y defensa jurídica comunitaria gratuita en situaciones y casos colectivos.

El CALC se construyó en la localidad de Paso del Rey, en el municipio de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires, y fue inaugurado a fines de mayo de 2004.

“Las acciones que se desarrollan en Moreno tienden a fortalecer las capacidades de los vecinos en la defensa de sus derechos, articular la creación de redes de participación comunitaria, contribuir a la expansión del acceso a la Justicia de grupos vulnerables y promover información relevante vinculada con los derechos económicos y sociales en el nivel local y regional”, explica Laura Coelho, de ACIJ.

La Fundación Microjusticia es otra iniciativa que, constituida por profesionales universitarios voluntarios, surgió en el nivel internacional y desde abril de 2010 tiene sede en la Argentina.

“Cuando comenzamos cerramos una alianza de cooperación con FIE Gran Poder (www.fiegranpoder.com.ar ), una de las instituciones de microcréditos productivos más representativas en el nivel regional. Ellos nos ofrecieron facilitarnos un escritorio con acceso a Internet e impresora en cada una de sus agencias, estratégicamente ubicadas en los barrios más marginados del conurbano y la ciudad de Buenos Aires”, explica con entusiasmo Juan Segundo Bellocq, miembro del Consejo de Administración en la Fundación Microjusticia Argentina.

Así es como cada sábado, de 9 a 13, un grupo heterogéneo de voluntarios profesionales universitarios se turna para, en grupos de a cuatro, instalarse en una de las agencias FIE y recibir las consultas de vecinos.

Y como no se aguantan las ganas detrás de un escritorio, hay voluntarios que recorren cada uno de los barrios donde FIE tiene una agencia para que quienes lo necesiten se acerquen, e incluso hacen lo mismo contactando fundaciones con trayectoria en barrios carenciados para ofrecer sus servicios.

“Ya hemos sido contactados por más de 150 vecinos de los barrios más marginados de la ciudad y el conurbano y tuvimos todo tipo de consultas, principalmente relacionadas con trámites ante el Registro Civil (DNI, constancia de domicilio en barrios sin identificación de calles, etcétera), migraciones (residencias temporarias y permanentes), AFIP (monotributo) y presentaciones judiciales”, enumera.

Cuando la voluntad de servicio es inmensa, siempre hay tiempo entre estos abogados que aman su profesión y creen en un sistema más igualitario y democrático.

Para Juan, la motivación que lo impulsa es simple: “Personalmente, lo hago porque estoy convencido de que nuestra sociedad sólo va a mejorar en la medida en que cada uno de nosotros asuma un compromiso personal y cotidiano con los problemas más relevantes, de acuerdo con las capacidades y condiciones de cada uno”.

PARA SABER MAS

Pro Bono  probono@colabogados.org.ar www.probono.org.ar 456457456685 Consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que asesora a personas individuales que no tienen posibilidad de pagar un abogado: De lunes a viernes, de 19 a 20, en Montevideo 640.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales info@farn.org.ar  www.farn.org.ar  Se puede acceder al Manual de Participación Ciudadana en http://www.farn.org.ar/docs/manual_participacion_sep2010.pdf

Microjusticia Argentina  info@microjusticiaargentina.org www.microjusticiaargentina.org (+54 11) 15 4 9797 900 Personas para contactarse: María Bercetche, Juan Segundo Bellocq

UBA-CELS  (5411) 4334-4200. Recibe consultas y brinda asesoramiento jurídico gratuito los martes y viernes, de 16 a 18, en la sede del CELS, Piedras 547, piso 1°, Capital

ACIJ  4381-2371 (0237) 462-0085 (Moreno) Consultorio del CALC, dos veces por semana (lunes y jueves, de 16 a 18) se brinda asesoramiento jurídico de manera gratuita a la comunidad de Moreno.

Por Paula Soler

La Nación