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Jorge Yoma será nuevamente investigado por "enriquecimiento ilícito" (La Prensa)

El dictamen del fiscal federal Federico Delgado hizo lugar a la pretensión de acceder al expediente que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (CACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) han manifestado al juez de la causa, Norberto Oyarbide.


Para el funcionario del Ministerio Público se trata de "un presunto hecho de corrupción que afectaría directamente a la sociedad, por cuanto las consecuencias que aparejaría el suceso se traducirían en la imposibilidad de utilizar fondos públicos en las políticas públicas necesarias para la comunidad".


Y ambas entidades se plantean "contribuir al fortalecimiento de las instituciones argentinas, promover el respeto por los derechos fundamentales y … colaborar para lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas".


Esta investigación prácticamente se encuentra estancada después de seis años porque, según su defensa, Yoma ya habría sido investigado y sobreseído en relación al hecho por el juez Alfredo Ramos, titular del Juzgado de Instrucción número uno de Chilecito, La Rioja.


Y, por consiguiente, Yoma no podría volver a ser investigado de nuevo por Oyarbide porque, según las leyes, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.


Luego de ello, Oyarbide solicitó a su colega riojano copia del expediente en una decena de oportunidades, a fin de certificar el asunto y cerrar la investigación, pero el juez de la provincia sólo mando una copia del sobreseimiento.


Entonces Oyarbide declinó su competencia en favor del juez de Chilecito, pero el fiscal Delgado apeló ante la Cámara Federal y finalmente ese tribunal revocó lo resuelto por el juez porteño y le ordenó que siga la "vía jerárquica correspondiente" denunciando el caso ante la Corte Suprema.


Esta causa, número 7483/04 y caratulada "Yoma, Jorge Raúl sobre enriquecimiento ilícito", se inició por una denuncia anónima radicada en el juzgado federal número 7, a cargo del entonces juez federal Jorge Urso, cuando Yoma presidía la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado e integraba el Consejo de la Magistratura.


La denuncia planteaba una supuesta inconsistencia entre las declaraciones juradas de bienes de Yoma, que desde los años 80 es funcionario público, y la lista de sus propiedades, entre las cuáles mencionaba un piso en el barrio de Belgrano y una casa en el country "Golfers", en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, respectivamente.


También mencionaba la denuncia una importante residencia ubicada en la avenida San Francisco al 7000 de la ciudad de La Rioja, más departamentos y terrenos allí, junto a varias casas y terrenos en la ciudad natal de Chilecito, una camioneta Grand Cherokee y un automóvil Audi, entre otros bienes.


La Prensa