16.11.08 // Novedades, NOVEDADES

Inédita crisis en el control al Gobierno (La Nación)

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que dirige Manuel Garrido, no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad generalizada: la debilidad de los organismos encargados de controlar al Gobierno y detectar casos de corrupción.

Con matices, las restricciones y los inconvenientes alcanzan a la FIA, que depende del procurador general de la Nación, Esteban Righi; a la Auditoría General de la Nación (AGN), máximo organismo de control de las cuentas del Estado, que asiste técnicamente al Congreso; y a los organismos de control interno de la administración pública: la Oficina Anticorrupción (OA), bajo la órbita del Ministerio de Justicia, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Poca autonomía para investigar, excesiva politización, escaso presupuesto y reformas normativas que restringieron sus tareas son algunos de los problemas que arrastran los organismos desde hace muchos años y que se acentuaron en la última etapa de poder kirchnerista.

Este año, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, recortó las atribuciones de los investigadores de carrera de la OA, que ya no pueden abrir expedientes ni pedir información a otros organismos sin la firma del jefe del organismo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, un dirigente peronista cercano al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Como resultado de la última resolución de Righi, la FIA ya no podrá intervenir en decenas de causas judiciales. Garrido fue el único fiscal que se opuso a que se cerrara el expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra los Kirchner, a que se declararan ilegales las grabaciones que se referían a las coimas de Skanska y a que se ampliara la polémica concesión de los principales aeropuertos del país en favor de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnekian.

Fue además quien pidió la indagatoria del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el caso por la manipulación de los índices del Indec, y la de Ricardo Jaime por sobreprecios en la reparación de trenes. Nada de esto habría podido hacerlo si entonces hubiera existido una resolución como la de Righi.

Desde la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, la Sigen bajó su perfil y apunta más a detectar fallas de gestión que irregularidades. Cuando descubre alguna anomalía, ya no hace la denuncia ante la Justicia, sino que remite los informes a la OA. Desde diciembre pasado, dirige el organismo Julio Vitobello, un dirigente del PJ porteño que trabajaba junto con Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete.

Pese a que la reforma constitucional de 1994 diseñó a la AGN como un organismo controlado por la oposición, su colegio de auditores, el cuerpo que debe aprobar todos las decisiones tiene mayoría oficialista, al igual que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, encargada de aprobar los informes del organismo.

“Los entes de control funcionan de manera bastante deficiente. Hay debilidades que tienen que ver con la fragilidad institucional de esas dependencias y otras con la falta de una planificación estratégica del trabajo que realizan”, dijo a LA NACION Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

Con él coincidió Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Hay falencias institucionales y estructurales en algunos organismos, como la OA, que depende del Ministerio de Justicia, o en la FIA, una de las pocas oficinas que tiene un reconocimiento público por su lucha contra la corrupción, que quedó afectada por la decisión de Righi”, puntualizó.

En mayo de 2007, el kirchnerismo impulsó un proyecto de ley que pretendía limitar la autonomía de la AGN y acentuar su dependencia respecto de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, un cuerpo que domina el oficialismo y que se reúne muy pocas veces al año.

El Congreso nunca fue generoso con la AGN, que tiene uno de los presupuestos más bajos de los organismos de control de América latina.

En 2007, su presupuesto representó el 0,04 por ciento del presupuesto total aprobado para ese año. De acuerdo con un informe de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Chile (0,17), Brasil (0,11), Bolivia (0,08), Perú (0,26) y otros nueve países tienen más fondos que la AGN.

El presidente del organismo, el radical Leandro Despouy, dijo a LA NACION que “con frecuencia hay que vencer muchos obstáculos, como la negativa de las autoridades a entregar información, el marco jurídico insuficiente y las críticas a la necesaria visibilidad pública del contralor, como aconteció con Garrido”.

Despouy advirtió que, sin embargo, se han obtenido muchos resultados tangibles, como las labores de auditoría en el traspaso de Aerolíneas Argentinas, que han acreditado en favor del Estado algo más de 2000 millones de pesos.

“Debemos actuar pensando que en definitiva lo único que podrá compensar la frecuente hostilidad oficial es la respuesta de la estima ciudadana”, afirmó Despouy.

La OA tiene en este momento 6762 carpetas de investigación abiertas, más que nunca. Pero esto se debe a la acumulación de causas de años anteriores, no a la proliferación de nuevos casos.

De hecho, la apertura de expedientes de investigación nunca había sido tan baja como en la actualidad. Datos oficiales muestran que en el primer semestre de 2008 se iniciaron 151 carpetas, 89 menos que en el primer semestre de 2007, 133 menos que en el primer semestre de 2006, 287 menos que en el primer semestre de 2005, y 550 menos que en el primer semestre de 2004.

Por Paz Rodríguez Niell y Gabriel Sued

La Nación

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