30.05.18 // Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades), Presupuesto y Derechos Humanos (novedades), Presupuesto y Derechos Humanos (publicaciones)

Alternativas a la austeridad fiscal: políticas fiscales con enfoque de derechos.

“La manera más efectiva de analizar el compromiso de un Estado y sus instituciones con los derechos humanos es mirar su presupuesto […]. Necesitamos generar un diálogo profundo y urgente con el mundo de la economía y las finanzas, tanto a nivel nacional como internacional”.
Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática en la que doce organizaciones de la región presentamos argumentos y evidencia sobre los impactos de las políticas fiscales regresivas y discriminatorias en los derechos humanos en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

En un contexto de creciente aumento de la pobreza a nivel regional, la mayoría de los países latinoamericanos no han aprovechado el potencial transformador de la política fiscal para lograr una redistribución equitativa de la riqueza, el goce de los derechos y la erradicación de la pobreza, sino que existe una tendencia a la profundización de las políticas fiscales regresivas, que acentúan la pobreza y la desigualdad.

La desigualdad económica a nivel regional sigue siendo la más alta en el mundo: el 30,7% de la población en la región vive en situación de pobreza y el 10.2% en la pobreza extrema. A ello se suma que el 95% del aumento de la riqueza que tuvo la región en el último año, impactó en el 10% más rico de la población. Mientras que en los países más ricos del mundo las herramientas fiscales -como transferencias e impuestos directos- son utilizadas para reducir el impacto de la desigualdad de mercado en los ingresos y lo hacen en un 36%, en los países latinoamericanos la política fiscal solo reduce la desigualdad de mercado en un 6%. Al analizar estos hallazgos, la comisionada Flávia Piovesan afirmó que “la tributación es clave para garantizar derechos pero también puede ser una fuente de violaciones de derechos”, mientras que el comisionado Joel Hernández afirmó que se debe “procurar sobre la base de las necesidades de desarrollo sostenible de las personas”.

El aumento de la desigualdad se pronuncia a pesar de que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos establecen que las normas de derechos humanos son plenamente aplicables al control de las políticas económicas, incluidas las políticas fiscales. Por el contrario, estas políticas se caracterizan por ser poco transparentes, poco participativas y de carácter predominantemente regresivo, y los países de la región se caracterizan por tener estructuras tributarias desequilibradas y sesgadas hacia los impuestos indirectos o al consumo.

Argentina no es la excepción: ha habido una disminución de 60.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad entre 2016 y 2017, y se re-asignaron y sub-ejecutaron recursos destinados a políticas de cuidado para la primera infancia, en un contexto en el que alrededor del 50% de las niñas, los niños y adolescentes del país, son pobres. A su vez, aumentaron los gastos tributarios o exenciones impositivas, que suponen un tratamiento más beneficioso para ciertos sectores o actividades, alcanzando más del 3% del PBI en 2017. Algunos ejemplos son la exención del pago del impuesto a las ganancias por parte de funcionarios judiciales, distintas exenciones impositivas a la industria minera y al sector agropecuario, y la reducción del impuesto a los bienes personales.

Estos ejemplos ponen en evidencia que Argentina, en línea con el escenario regional, sostiene y profundiza una política fiscal regresiva que beneficia a sectores privilegiados y castiga a la población de ingresos medios y bajos. Todo ello en un contexto de graves fallas en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas sobre los recursos que se dejan de percibir producto de exenciones tributarias que impiden dar un debate democrático sobre las alternativas existentes.

En su Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas, la CIDH advirtió que la pobreza y la pobreza extrema no pueden ser confrontadas sin un marco amplio de políticas de carácter redistributivo, que reduzcan los niveles extremos de desigualdad socioeconómica que caracterizan a la región, y que los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las funciones claves de la política fiscal y la tributación.

En esta instancia,  las organizaciones solicitamos a la CIDH ampliar el alcance de la protección contra las violaciones de derechos humanos causadas por políticas fiscales regresivas e injustas y la CIDH resaltó la necesidad de que los gobiernos -en todos sus niveles- incorporen los principios de derechos humanos en el diseño y la ejecución de sus políticas fiscales y hagan evaluaciones de impacto de esas políticas. La Relatora Especial de DESCA enfatizó que “teniendo en cuenta la naturaleza progresiva de los DESCA … llevar el enfoque de los derechos humanos y de la igualdad al mundo económico, al mundo de las finanzas, al mundo de la presupuestación, es una urgencia”.

Hay alternativas. La combinación de reformas tributarias que graven la renta y la riqueza a través de impuestos progresivos, la eliminación de privilegios tributarios, la implementación de estrategias efectivas de combate a la evasión y la elusión, así como un mejor diseño y control del gasto público, podrían generar recursos suficientes para erradicar la pobreza, contribuir al cumplimiento de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible y superar los déficits históricos en los DESC.

La CIDH tiene un papel fundamental en orientar a los Estados sobre cómo hacer transversales los principios de derechos humanos en todo el ciclo de las políticas fiscales, desde el diseño e implementación de las políticas tributarias, la asignación y ejecución de los presupuestos, hasta la evaluación posterior en materia de derechos. Por eso, pedimos a la CIDH que elabore un informe temático sobre la política fiscal y los derechos humanos en las Américas, dirigido a operacionalizar los principios de derechos humanos que emanan de la legislación regional, y aliente a las instituciones nacionales de derechos humanos a fortalecer su papel de supervisión en las políticas fiscales de los Estados.
 El informe presentado a la CIDH fue elaborado por el Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Conectas Direitos Humanos, Dejusticia, Foro de la Sociedad Civil en Salud, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Justiça Global, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plataforma DHESCA Brasil, CELS, y ACIJ, con el apoyo de Oxfam.

El video de la audiencia se puede ver aquí.

El informe presentado a la CIDH con ocasión de la audiencia se puede descargar acá.

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[1] Foto: Oxfam