Por Laura Serra
Los investiga la Oficina Anticorrupción; 44 casos, a la Justicia.
Desde 2003 hasta hoy, la Oficina Anticorrupción (OA) tiene en la mira a 164 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno por supuesto enriquecimiento ilícito. Si bien la mayoría de los casos se encuentra todavía en estudio , 44 de ellos fueron derivados a la Justicia para su investigación.
Entre los sospechados se encuentran -además del vicepresidente Amado Boudou, por su vinculación con el affaire Ciccone y dudosos manejos de fondos públicos durante su gestión en la Anses- el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex jefe de gabinete de asesores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) Juan Martín Jáuregui.
También figuran tres funcionarios cuyos nombres la OA mantiene en reserva: uno de ellos es una autoridad de la Unidad de Renegociación de los contratos de los servicios públicos (Uniren); el segundo es un funcionario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), mientras que el tercero pertenece a Enarsa, la empresa de energía estatal.
LA NACION intentó comunicarse con voceros de Julio Vitobello, titular de la OA, para conocer quiénes son aquellos funcionarios, pero no respondieron.
También siguen bajo la lupa algunos de los máximos íconos del menemismo, empezando por el ex presidente Carlos Menem; Armando Gostanian, ex presidente de la Casa de Moneda; Marta Salvo, esposa del ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan; Raúl Granillo Ocampo, un hombre polifuncional de Menem que fue secretario legal y técnico de la Presidencia, ministro de Justicia y embajador argentino en los Estados Unidos.
Estos datos provienen de la propia OA, que conduce el kirchnerista Julio Vitobello, y fueron reproducidos en el informe de gestión 2013 y en el último informe escrito que presentó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Cámara de Diputados, al responder una pregunta de Laura Alonso (Pro).
Si bien en su informe la OA exalta su tarea investigativa y de seguimiento de los casos, lo cierto es que los resultados han sido decepcionantes. En efecto, en las nueve causas de enriquecimiento ilícito en las que este organismo de control se presentó como querellante, tres ya finalizaron (una por extinción o muerte, otra por absolución y otra por sobreseimiento) y las seis restantes se encuentran en pleno trámite, “sin que hasta ahora haya sentencia condenatoria”.
Esta misma anomia se observa en la enorme mayoría de los casos por corrupción que investiga la Justicia, más allá de aquellos sobre enriquecimiento ilícito. La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió, al referirse a la situación argentina en el “Informe final de seguimiento del cumplimiento con las condiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, que desde 2007 hasta 2010 prescribieron 63 casos y sólo uno obtuvo sentencia.
Por esa razón, la OEA, reunida en sesión plenaria en marzo del año pasado, recomendó a nuestro país “adoptar las medidas correctivas correspondientes”.
Ante esta situación, diputados de la oposición proponen la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos cometidos contra la administración pública, es decir, por corrupción. Proyectos en ese sentido fueron presentados por Elisa Carrió (Coalición Cívica); Adrián Pérez y Alberto Asseff (Frente Renovador); Christian Gribaudo y Laura Alonso (Unión Pro). La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión Pro), convocó a debatir el tema la semana pasada, pero la mayoría oficialista se rehusó y dejó sin quórum al cuerpo.
La OA, pese a ser presidida por un funcionario kirchnerista, también expresó su inquietud por el creciente número de prescripciones de causas de corrupción. En su último balance de gestión, este organismo precisó que el año pasado intervino en 19 causas para evitar la prescripción de la acción penal. La enorme mayoría de ellas afecta a ex funcionarios menemistas, como María Julia Alsogaray, Víctor Alderete y el propio ex presidente Menem.
DECLARACIONES JURADAS
Buena parte de las sospechas y posteriores denuncias de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos surgen del análisis de las declaraciones juradas que éstos deben presentar ante la OA. Y aquí surge otro dato por demás llamativo: durante el período 2011-2014, este organismo abrió 445 expedientes por incumplimiento de presentación de declaraciones juradas.
De ellos, sólo 40 fueron desestimados por la OA. En cambio, decidió denunciar 155 casos, mientras que otros 190 se encuentran en trámite de denuncia. En tanto, otras 60 acusaciones se registraron durante el primer trimestre de este año. La OA se presentó como querellante en 14 de esas causas, lo que implica que en esos casos los implicados no pudieron justificar sus incumplimientos.
El problema es que, pese a las irregularidades detectadas y a la acción que pueda ejercer la OA, muy pocos son los casos de corrupción que reciben condena y buena parte de ellos prescriben.
De hecho, en un estudio de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), elaborado en 2012, se concluyó que, sobre 21 causas de corrupción analizadas, el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años.
Aunque un panorama así ya es alarmante, la situación es todavía más grave dado que ese promedio está compuesto por 21 expedientes, de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio -que es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización por cualquier causa-, y de esos 15 la gran mayoría (nueve) no tuvo ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento, tres fueron declarados prescriptos, dos por violación del plazo razonable, y en sólo tres casos en los que se realizó juicio oral o abreviado.
“En nuestro país, cuando se trata de delitos contra la administración pública, la impunidad es la regla y la condena, la excepción”, enfatizó el diputado Pérez. En el mismo sentido, la diputada Carrió reivindicó la propuesta de declarar imprescriptibles los delitos por corrupción.
“Si bien la prescripción se vincula con el derecho de los justiciables a ser juzgados en un plazo razonable, también es cierto que el bien jurídico a proteger en los delitos de corrupción se encuentra en un rango equiparable al de los derechos humanos. Precisamente porque afectan en forma directa el goce de los derechos humanos más elementales”, indicó.
LA OPOSICIÓN NO LOGRÓ IMPONER UN DEBATE
Sin la presencia del oficialismo, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que preside Patricia Bullrich (Unión Pro), puso en marcha el debate sobre quince proyectos presentados por la oposición para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Asistieron Margarita Stolbizer (GEN), Laura Alonso (Unión Pro), Elisa Carrió (CC ARI), Roy Cortina (Partido Socialista), Adrián Pérez, Alberto Asseff, Gilberto Alegre (Frente Renovador), María Soledad Carrizo y Gabriela Burgos (UCR).
“La imprescriptibilidad se justifica por varios motivos: por la magnitud del daño, que sumerge en la pobreza por años a vastos sectores de la población, y porque los gobiernos desquician el sistema jurídico y de controles de un país y, de tal modo, dificultan en gran medida la aplicación de la ley”, explicó Bullrich. A su turno, Asseff denunció que “hay una realidad en la Argentina que es que la corrupción, se ha convertido en un delito de lesa humanidad”.