13.01.13 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

¿Hacia una Justicia nacional y popular?

Cuando la Presidenta reclama “democratizar” el Poder Judicial, ¿pide en realidad fallos en sintonía con el modelo K? En el ámbito de la Justicia, muchos apuntan a reformas que lograrían efectivamente más transparencia y eficiencia, pero que el kirchnerismo sigue dejando pendientes.

Por Laura Zommer

Democratizar” la Justicia, ¿es hacerla adicta a los deseos de la mayoría? ¿Implica que siempre el Poder Judicial falle en contra de las “corporaciones”? ¿Qué quiere decir que los jueces escuchen a la gente, como reclama la Presidenta cada vez que un fallo no satisface sus expectativas? ¿Tiene alguna razón Cristina Fernández de Kirchner cuando señala que la Justicia es corporativa, ineficiente y opaca? ¿Hay una sola Justicia o sus integrantes están lejos de formar un bloque?

El enfrentamiento que sostiene el Gobierno con el Poder Judicial, que viene in crescendo desde hace algo más de un mes, cuando un fallo malogró el épico 7-D al que apostaba el Poder Ejecutivo, reabrió el debate sobre la siempre controvertida relación entre el poder político y la Justicia, los grados y condiciones de su independencia. Pero, a la vez, y quizá como efecto secundario, instaló una discusión dentro del ámbito judicial, en el que la cercanía o lejanía con el kirchnerismo sólo explica en parte las posiciones tomadas. En esas discusiones, se debate, por ejemplo, la necesidad de impulsar la rendición de cuentas, el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables y concursos y procesos más transparentes, y algunos puntos más controvertidos, como las formas de designación y la inmovilidad y privilegios de los jueces, y la implementación del juicio por jurados, cuestiones que los discursos presidenciales remarcan últimamente con frecuencia.

La ley de medios y la expropiación del predio de la Sociedad Rural son las cuestiones que hoy se dirimen en distintas instancias de los Tribunales, en una disputa que, como primer resultado, suma confusión a la ya conflictiva percepción que muchos argentinos tienen del Poder Judicial, que alberga tanto a una Corte Suprema renovada como a jueces sospechados de favorecer al Gobierno con sus decisiones.

Según describieron los expertos oficialistas y opositores consultados, la “democratización judicial” no implica necesariamente que la gente elija a los jueces por voto popular -una reforma sugerida por la Presidenta y algunos de sus voceros que, para la mayoría de los entrevistados, sería desastrosa-, ni que los jueces respalden y se sometan al modelo K. Quiere decir, por el contrario, encarar una agenda de reformas que el kirchnerismo no priorizó en los últimos ocho años y que haría más abierto, accesible y transparente al Poder Judicial, aquel que, por mandato constitucional, debe controlar a los otros poderes del Estado y también a los llamados poderes fácticos.

Gustavo Maurino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explica por qué hoy merece la pena discutir y avanzar en reformas. “No hay participación ciudadana en la forma de selección de los magistrados y la sociedad no considera que quienes fallan son sus jueces. No se entiende lo que fallan, porque hablan para otros abogados y no hay garantía de previsibilidad de las decisiones, porque si pueden cambiarnos el Derecho continuamente, entonces no son controlables por parte de la gente”, dice. Para él, “la «democratización» del Poder Judicial no pasa porque votemos a los jueces sino porque no estén de espaldas a la ciudadanía, pero eso no implica que sean agentes de la voluntad política”.

Como en casi todos los aspectos de la política argentina del momento, hay dos visiones respecto de qué es lo esencial cuando de independencia judicial se habla. Los opositores destacan que el Poder Judicial es contramayoritario y debe seguir siéndolo, porque su función es velar por el respeto de los derechos de las minorías y limitar los avances de la mayoría. Dicen que no hay Justicia democrática sin independencia de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo), que se conforman de acuerdo con la voluntad de la mayoría. Los oficialistas, en cambio, enfatizan que la independencia debe atender a los poderes fácticos, las corporaciones, la opinión pública e, incluso, los propios valores de los jueces (que, en general, provienen de un mismo sector socioeconómico y cultural).

La difusión de la solicitada “Hacia una Justicia legítima”, que firmaron en diciembre pasado unos 200 jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales en respuesta a un comunicado de la Asociación de Magistrados, y la convocatoria a un encuentro en febrero para “promover un ámbito de discusión y organización” puso en evidencia, quizá como nunca antes desde 1983, que en el Poder Judicial hay actores prorreforma. Y, que, con impulso o no del oficialismo, pero en alguna medida siendo funcionales a él, están dispuestos a levantar su voz.

“A veces, tras el disfraz de un reclamo de independencia se ocultan reacciones corporativas; una actitud conservadora frente a cualquier innovación; la defensa en bloque por ocultamiento, acción o complicidad,y lo acomodaticio y endogámico”, dijo Alejandro Slokar, ex secretario de Política Criminal en el gobierno de Néstor Kirchner y actual juez de la Casación, uno de los firmantes de la solicitada, junto con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general Stella Maris Martínez. Slokar descartó que las reformas deban venir únicamente de leyes o decisiones de los otros poderes.

Más allá de la polarización discursiva, hay también varias coincidencias. Oficialistas y opositores, de la academia, las ONG y el mismísimo sistema judicial, acuerdan en que una Justicia “democrática” implica un Poder Judicial con más acceso a la información y rendición de cuentas, más conocimiento del Derecho y acceso a la Justicia por parte de sectores vulnerables y más participación de la sociedad en el proceso de designación de los magistrados y en la resolución de los casos que los afectan.

SÍ AL DEBATE, NO A LA RETÓRICA

El diputado y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra no cree en las buenas razones de esta batalla K, pero concede que el Poder Judicial tiene reformas pendientes: “El Gobierno ha levantado una nueva bandera en su declamado combate contra los poderes fácticos y económicos: le toca ahora a la Justicia. El «relato épico» se ha descascarado, y adquirió un tono cada vez más patético. A nadie se le escapa que detrás de la retórica hueca se esconde la intención de que las decisiones judiciales no contraríen la voluntad presidencial, como ha ocurrido recientemente en los casos de Clarín y La Rural”.

Pese a sus reparos, Gil Lavedra reconoce que “el modo de relación de la Justicia con las mayorías democráticas es un tema de discusión pendiente”. Sin embargo, para el jefe del bloque radical en Diputados, “no puede haber vacilaciones sobre la necesidad de que la Justicia proteja derechos individuales y colectivos frente a lo que hacen y a lo que no hacen los poderes democráticos y mayoritarios. Para eso hace falta independencia, transparencia y eficiencia”.

Para Roberto Saba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo -y autor, junto con Víctor Abramovich y Manuel Garrido del documento “Una Corte para la democracia”, que hace una década inspiró cambios en el proceso de designación de los jueces de la Corte Suprema y en el funcionamiento interno de esa institución- debatir el significado y alcance del ideal de independencia de los jueces es positivo. “Éste es un debate siempre necesario, pues es un componente central de nuestro sistema político. Construir consensos acerca de lo que implica la independencia de los magistrados fortalece su función e, indirectamente, la vigencia de los derechos y libertades de las personas sometidas a la ley y a la autoridad democrática. No hay respuestas únicas respecto de lo que implica el ideal de la independencia judicial, aunque eso no supone que cualquier respuesta sea válida”, advierte Saba, que menciona cinco independiencias: política, de las partes, de la opinión pública, de otros jueces y de su criterio personal.

Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, celebra que la Justicia esté en el centro de la agenda pública y la movilización al interior del sistema de administración judicial. “Aunque no todos los que firmamos la solicitada «Hacia una Justicia legítima» tenemos las mismas ideas sobre qué se debe hacer, se necesitan actores prorreforma porque, sin actores con fuerza, la experiencia internacional y nacional muestra que las reformas fracasan”, dice.

Un magistrado que pidió reserva de su nombre señaló algunos pasos necesarios hacia la “democratización” de la Justicia: “Los concursos deben ser abiertos y transparentes para todos los cargos, inclusive para ingresar en Tribunales. No resolver los casos fuera de nuestras oficinas, en asados, cafés, eventos, congresos, cenas de asociaciones. No resolver en los tiempos políticos o sociales, sino en los procesales. No esperar a las próximas elecciones para decidir si se hace tal o cual cosa en tal o cual causa. Transparentar y exponer todas las instancias procesales”.

REFORMAS PENDIENTES

Según Abramovich, hay varias cuestiones que se vienen planteando desde hace bastante tiempo y ya es hora de concretar: un sistema de acceso a la información pública institucionalizado para el Poder Judicial, que la Corte podría regular mediante una acordada, el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces, el juicio por jurados que establece la Constitución, más oralidad en los procesos y la abreviación de las apelaciones, así como la discusión sobre la designación vitalicia en los cargos de tribunales superiores, como la Corte, los Superiores Tribunales de las provincias y la Cámara de Casación. Sin duda, este último punto es el más controversial.

El ex fiscal y actual diputado Manuel Garrido objeta esa posibilidad. “La inamovilidad de los jueces es una garantía constitucional y nosotros, en este contexto, no apoyaríamos ninguna reforma de la Carta Magna -adelanta-. Estamos caminando por un terreno peligroso, porque no sería bueno debilitar el Poder Judicial, que hoy opera como único freno frente al Ejecutivo”. Según Garrido, “hay que depurar por calidad de los jueces y no por fuerza mayoritaria, fortaleciendo la supervisión del desempeño de los jueces y fiscales con nuevos mecanismos de escrutinio público y estadísticas. Incluso se podría pensar en un ombudsman. Hay que eliminar a los jueces subrogantes y limitar la manipulación de las ternas por parte de la Presidenta en la designación de los jueces”.

En tren de mencionar propuestas, Gil Lavedra agregó “modificar el Consejo de la Magistratura para garantizar la independencia, establecer mecanismos de rendición de cuentas para facilitar el control ciudadano, cambiar modos de funcionamiento arcaicos e incorporar nuevas formas de resolución de conflictos para permitir el acceso a la Justicia de todos los sectores, terminar con la impunidad en la corrupción estatal. Nada de esto figura en el discurso oficial, sólo la pretensión de disciplinar a los jueces de cualquier manera y eso no vamos a permitirlo porque, de ser así, la vigencia de los derechos se convertirá en una vana ilusión”.

“Nos parece positiva la discusión entre los propios integrantes de los sistemas judiciales del país porque permite abrir agendas nuevas y comprometer a sectores de la Justicia en el impulso de transformaciones pendientes -señaló Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS-. Se está rediscutiendo el contenido de la garantía de independencia judicial, para que deje de ser una defensa de los propios privilegios y se la haga valer en relación con la protección de derechos.”

Según Litvachky, quedaron pendientes algunos temas de la agenda de “Una Corte para la democracia” que sería bueno recuperar. “Es importante que se mejoren los sistemas de designación de jueces y garantizar un ingreso pluralista en la Justicia. Hay que definir políticas para romper el corte clasista y corporativo de los poderes judiciales. Por ejemplo, se pueden establecer reglas para prohibir el nepotismo directo o cruzado. Otro punto a considerar es que se mejoren los procesos disciplinarios y de remoción de los jueces. Por supuesto, es fundamental avanzar en que los jueces paguen el impuesto a las ganancias y que hagan públicas sus declaraciones juradas.”

Y aclara: “Sin embargo, no puede agotarse en eso el debate. Hay un gran problema de acceso a la justicia y de déficits procedimentales y de investigación, que son los que determinan en la mayoría de los casos la cuestión de la impunidad”.

Roberto Gargarella, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, agrega a la agenda “asegurar una composición judicial más diversa (la diversidad de género, proveniencia geográfica, formación podría exigirse por ley); la adopción del mandato constitucional del juicio por jurados, pero a través de un jurado con funciones más amplias que aquellas en las que hoy se piensan, y modos de acceso más informales y amplios a la Justicia, cambiando radicalmente las actuales reglas y prácticas”. Como se aprecia, caminos posibles para la “democratización” de la Justicia hay muchos. El Poder Judicial podría recorrer varios de ellos por iniciativa propia. No se conoce aún cuáles impulsará la Presidenta.

La Nación

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