06.02.11 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Villas e Integración Urbana (medios)

Hábitat y movilidad, un cero PRO (Miradas al Sur)

 

Ya sabemos que el espacio público no es el fuerte del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Su prolífica producción de escándalos en ese ámbito le arrancó los harapos, hilvanados por prensa amiga y asesores de imagen, dejando que las deficiencias de la gestión se bambolearan obscenamente a la vista de todos. Así, las críticas situaciones en vivienda, transporte y seguridad vial, salud y educación, por ejemplo, instalaron la advertencia sobre el precandidato presidencial del PRO.

En tren de saber si el rey está desnudo, la ONG Generación Política Sur (GPS) acaba de publicar un estudio sobre la gestión del Gobierno porteño en materia de hábitat y movilidad, durante 2010. Con el lema de que “los proyectos políticos deben articular la producción de conocimiento y el análisis de las políticas públicas”, la GPS se dedicó a desmenuzar los elementos concretos que intervinieron en dos ámbitos claves para cualquier administración.

La crisis habitacional se mantuvo todo el año en cartel, con la quita de presupuesto al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), al Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV) y al Plan Federal de Construcción de Viviendas (PFCV). Pero también con los desalojos de complejos y la expulsión violenta de personas de la calle, con la actuación estelar de la Ucep. Sobre el final de 2010, el tema tuvo su broche de oro con la toma del parque Indoamericano.

Lejos de excusas, como la de los fondos que el Gobierno nacional no entrega o la de la inmigración, el análisis de la ONG encontró otras explicaciones. Por empezar, el “desfinanciamiento y la fragmentación” de los organismos de vivienda, que delata “la falta de voluntad para implementar una política global, articulada y eficaz” en esta materia. Lo que no es gratis. Tiene consecuencias como “el aumento de población en una situación precaria violatoria de sus derechos y la formación de un potencial escenario favorable para el aumento de la conflictividad social”, subraya el trabajo.

Para más leña al fuego, a principios de semana el Ejecutivo porteño se dedicó a la práctica del veto ( ver El capitán veto niega el espacio). Por un lado, negó el permiso para que se construya una escuela pública en Morón y, por el otro, vetó el artículo 5 de la Ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que establecía “el Derecho a la Ciudad” como la libertad para el uso igualitario y no discriminatorio de los espacios públicos. Para la diputada nacional de Proyecto Sur e impulsora de la iniciativa, Liliana Parada, el veto “no corrige el rumbo represivo” y, peor, “deja la puerta abierta al retorno de la Ucep”.

“El paradigma es el derecho a la ciudad”, coincide la politóloga Geraldine Oniszczuk, que coordinó el trabajo de hábitat y movilidad de la GPS. La especialista afirma que para generar ciudadanía urbana “no alcanza solamente con solucionar problemas de urgencia en materia de vivienda, hay que pensar integralmente, articular políticas de vivienda con otras políticas, por ejemplo, las de transporte. Si no empezamos a discutir esto, nunca van a salir a la luz demandas de sectores postergados, por las dificultades para acceder al transporte público en la ciudad de Buenos Aires”.

Movilidad inmóvilInfraestructura colapsada, parque automotor en franca expansión y falencias en el transporte público, como la construcción del Subte que no fue, embotellamientos y accidentes todos los días, constituyen el mapa de la emergencia vial. Según el informe, todos los aspectos “pueden relacionarse con el enfoque con el que fueron diseñadas las políticas”. Si bien los técnicos reconocen que, en este punto, “algunas de las medidas implementadas tuvieron resultados satisfactorios”, a su vez destacan que “su incidencia es más bien localizada” y “no resolvió los problemas más relevantes”.

Limitadas al tránsito, las políticas PRO utilizan “sólo una porción de las atribuciones con las que cuenta la Ciudad”, por ello el informe concluye que “entre las prioridades del gobierno porteño no se observa la voluntad de mejorar la accesibilidad al transporte” de los habitantes de barrios postergados, ocasionándoles muchas menos chances de acceder, por ejemplo, a un trabajo.

“Vamos a construir 10 kilómetros de subte por año. No podemos estafar a la gente diciendo que la máxima velocidad es construir 1,6 kilómetros”, decía Mauricio Macri una semana antes del ballottage que lo colocó en la Jefatura de Gobierno. Pero, en tres años no cumplió ni con los 30 kilómetros prometidos ni con los cinco que consideraba una estafa. El motivo oficial de la falta de financiamiento expiró el año pasado, con los 475 millones de dólares obtenidos con la emisión de los bonos de deuda Tango S8, para las líneas A, B y H. Pero no sólo terminó sin licitar la mitad de las obras y destinó parte del dinero a otros fines sin autorización de la Legislatura, sino que además se ganó una denuncia penal por “prácticas corruptas y manejos ineficaces en la operación” financiera. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), se pagó “una comisión mayor a la que en la misma época pagaron tres gobiernos provinciales; se contrató en forma directa a un consorcio del que forma parte un empresario que años antes había sido jefe de campaña del PRO, y se colocó parte del dinero a una tasa menor, lo que produjo una pérdida de al menos 30 millones de pesos”.

Oniszczuk recuerda que “la ideología se traduce en las políticas públicas, donde se le cambia la vida a la gente. Cuando en el velorio le agradecían a Néstor una jubilación o una casa, hablaban de políticas públicas. Cuando se diseñan y se ejecutan, por acción o por omisión, lo que se está expresando es el horizonte del proyecto político”.

El equipo de jóvenes profesionales de Generación Política Sur trabaja desde 2007 produciendo conocimiento a favor de prácticas, actores e instituciones que profundicen y expandan la democracia y la justicia social. Alientan el debate público y la producción y circulación de conocimiento para disminuir las desigualdades sociales en todas sus formas (ingreso, oportunidades, género, etc.), profundizar la dimensión solidaria del federalismo y ampliar el ejercicio de los derechos.

La investigación permite a Oniszczuk detallar que el fracaso del Gobierno macrista llega hasta su propio paradigma de eficiencia, “no llegó a cumplir sus propios objetivos, subejecuta absolutamente todas las partidas, y no sólo en hábitat y movilidad, es un problema que también tuvieron en educación, salud, la falta de insumos para los hospitales… todo habla de la incapacidad para cumplir objetivos y, quizás, lo que esconde es un modelo en el que el Estado debería estar más ausente que presente”.

La ausencia del Estado también se evidencia en las obras sin estudios de impacto ambiental o sin licitaciones públicas, en la falta de control de empresas privadas o en la colocación de bonos a espaldas de la Legislatura, por ejemplo. Lo que se contradice con otro paradigma propio, el del discurso neorrepublicano de transparencia.

• EL CAPITÁN VETO NIEGA EL ESPACIO 

Si el ámbito educativo dio bastante tela que cortar, con cierres de cursos, escuelas sin gas, funcionarios polémicos y docentes en lucha, además de las tomas de los establecimientos por parte de los estudiantes, la esfera escolar también le resultó terrible al líder del PRO, Mauricio Macri. Todavía desconforme con su imagen de verdugo de blancas palomitas, acaba de volver a las andanzas, al vetar la modificación del artículo 2º de la ley 2.111, que a mediados de diciembre había aprobado la Legislatura porteña en pleno –48 votos a favor y 1 abstención–, y que permitía la construcción de una escuela en los terrenos moronenses del ex centro clandestino de detención conocido como la Mansión Seré.

La Ciudad había cedido los terrenos al municipio de Morón en 2006, pero la ley que reglamenta el traspaso, en su segundo artículo detallaba como “exclusivo destino el funcionamiento del parque polideportivo Gorki Grana, los trabajos de excavación arqueológica de los terrenos donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré o Atila, ubicado dentro del mismo predio, y la preservación del uso del espacio ocupado por la Casa de la Memoria y la Vida. Así, cualquier uso que difiera de los fines originales debe ser aprobado por el Gobierno porteño.

“Se desnaturaliza la finalidad de la donación”, dice, con un dudoso orden de prioridades, el decreto firmado por Macri y por la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. La decisión del parlamento habilitaba la posibilidad de construir un edificio para la Escuela Media Nº 9 que, ante la falta de un establecimiento propio, funciona repartiendo su alumnado entre en una casa alquilada y en el edificio de la escuela primaria Nº17.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, el martes pasado le pidió por carta a Macri que revea su decisión. El pedido fue realizado junto al defensor del Pueblo de Morón, Abraham Gak, la presidenta del Consejo Escolar de Morón, Raquel Lopo Tejo, y la directora de la Escuela 9, Silvia Caballero.

Por Diego Long

Miradas al Sur

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