06.10.07 // Novedades, NOVEDADES

Golpes contra la independencia judicial (La Gaceta de Tucumán)

Uno de ellos concierne a la Administración de Justicia, observada recientemente en el informe anual de Amnesty International como causante mayor de la calificación del país entre los más afectados por la corrupción. Más detallado y exclusivo es el elaborado por el Foro de Estudios de la Administración de Justicia (Fores) y la Universidad Di Tella, donde se consigna que tan sólo el 46,5 % de los consultados tiene alguna ponderación positiva del Poder Judicial. Este índice, se señala, cae sostenidamente desde hace año y medio, y actualmente se encontraría en lugares más bajos por causa de investigaciones confusas y largamente prolongadas. Sin embargo, un 26 % de los encuestados confía en los jueces como eficientes e imparciales. Los propios magistrados reunidos hace dos semanas en Salta reconocieron que los juicios son excesivamente prolongados, realidad que en el fuero penal es altamente preocupante. En esas deliberaciones se señaló especialmente que la Justicia debe contar con un presupuesto autárquico, así como el Presidente y el Consejo Nacional de la Magistratura tienen que resolver la cobertura de centenares de vacantes abiertas y otras medidas para modernizar la estructura judicial.
Por su parte la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras organizaciones del ámbito judicial denunciaron esta semana ante la Corte Suprema de la Nación y el relator especial de las Naciones Unidas para la defensa de jueces y abogados, Leandro Despouy, un muestreo con “casos paradigmáticos” de lo que ocurre en nuestro país. Los testimonios corresponden a Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Respecto de nuestra provincia el informe imputa avasallamiento al gobernador José Alperovich mediante la reforma constitucional, y por el cual el Colegio de Abogados, que cuestionó los cambios, quedó excluido del Consejo Asesor de la Magistratura que, como el jurado de enjuiciamiento, tiene gran mayoría política y es una “amenaza permanente para los jueces que persigan penalmente a los funcionarios”. Ese “modelo” está muy próximo a lo que igualmente ocurrió en el orden nacional mediante un proyecto de la senadora Fernández de Kirchner que expuso a presiones oficialistas la independencia de los jueces. En San Luis ambos organismos fueron reformados en 2005, pero el 30 %de los funcionarios judiciales son provisorios.
El caso más concluyente en cuanto a violación de la inamovilidad es el de Santa Cruz, donde el ex Procurador General de la provincia fue despojado de sus funciones por el ex gobernador Néstor Kirchner sin el procedimiento legal del jurado de enjuiciamiento. Pero el funcionario excluido llegó a la Corte Suprema de la Nación, donde, en tres ocasiones, se ordenó restituirlo mediante resolución que nunca fue acatada, si bien se le ofreció una indemnización que fue rechazada.
Todos los casos del muestreo son historias muy semejantes de degradación institucional que, vaya a saberse cuándo, los poderes Ejecutivo y Legislativo deberían sanear, aceptando que la independencia del Judicial es una perentoria demanda del régimen republicano.
De no ser así, la Nación seguirá su marcha con pasos autoritarios.

La Gaceta de Tucumán

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