08.06.07 // Novedades, NOVEDADES

Gas natural: un servicio para unos pocos (Diario Hoy)

Durante últimos días de mayo, los inconvenientes que generaron las bajas temperaturas en la Provincia de Buenos Aires, ganaron espacio en las portadas de los diarios y, la crisis energética, pasó a formar parte de la agenda obligada de los medios.

Si bien la falta de gas perjudicó a las industrias por el corte del servicio, el problema afecta de manera permanente a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Las redes de gas natural no alcanzan a todas las regiones ni llegan a toda la población. Por el contrario, existen vastas áreas que carecen de acceso a este servicio, como consecuencia de la falta de infraestructura necesaria.

Un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -al que DIARIOHOY.NET tuvo acceso- destaca que hay zonas en las que si bien hay “infraestructura”, importantes sectores de la población carece del servicio.

En la Provincia de Buenos Aires, “el 25% de la población no tiene acceso a la red de gas natural” por lo que debe recurrir a otros recursos alternativos, “varias veces más costosos, para poder calefaccionarse”.

El problema no es nuevo, se remonta a la etapa de las privatizaciones de la década del 90, cuando el gas licuado de petróleo quedó exceptuado de las regulaciones normativas que se dieron en relación a otros servicios.

Ese escenario permitió el abuso de las posiciones dominantes de las empresas, la distorsión en los precios, la ausencia de control respecto de la calidad de los productos comercializados, y la falta de contemplación de los intereses de la población de menores recursos que demandan esos bienes.

Esta situación fue corregida recién en 2005, cuando se sancionó por ley el Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Licuado de Petróleo.

Entre las resoluciones se mantuvo el Programa Garrafa Social, que reguló el precio diferencial para garrafas sociales y el establecimiento de los puntos de venta en los cuales se expenden.

Sin embargo, la Asociación por la Igualdad y la Justicia denunció, en base a un relevamiento, que “se detectan varios déficit que hacen que el plan no cumpla su finalidad”.

Entre estas falencias, la entidad mencionó “la insuficiencia de los puntos de venta establecidos para la adquisición de garrafas sociales, la falta de difusión sobre la existencia y condiciones del Programa entre la población potencialmente beneficiaria y la ausencia de controles de los aspectos técnicos (calidad del producto, seguridad y mantenimiento de los envases)”.

Incluso, Pedro Busetti, titular de DEUCO, denunció que hubo un aumento en el precio del gas en garrafa que “obliga a los usuarios de gas licuado de petróleo a pagar seis veces más de lo que paga, por el mismo valor calórico, un usuario de gas natural”.

“Durante todo el verano, el costo de las garrafas de 10 kilos osciló entre 21 y 23 pesos y en estos últimos días, como consecuencia de las bajas temperaturas y la especulación de quienes las comercializan, el precio pasó a ser de entre 25 y 28 pesos”, aseguró.

En la Provincia, para poder remediar la situación del 25% de la población que quedó excluida del servicio de gas natural, en 2004 el Gobierno bonaerense creó Buenos Aires Gas Sociedad Anónima (BAGSA), que comenzó a operar en 2005 mediante una ley ratificatoria.

A principio de 2006, la empresa informó que en territorio bonaerense había 172 localidades sin el suministro. Por ende, al tratarse de una prestación considerada “pública y esencial”, la entidad se comprometió a realizar las obras de extensión donde las licenciatarias no llegaran.

Sucede que las empresas que prestan el servicio -en la Provincia son cuatro: Camuzzi, Metrogas, Litoral Gas y Gas Ban- por contrato, no están obligadas a realizar obras en aquellas regiones en las que no tengan asegurada la recuperación de la inversión.

Para suplir la falta de servicio en “esos lugares”, BAGSA comenzó las obras de extensión del gasoducto a través de la primer etapa del plan de gasificación “LLEGAS 1”.

Al respecto el gerente general del organismo, Ricardo Busi, informó a este portal que se está operando en cuatro localidades -Bavio, Magdalena, San Manuel y Arenales- y señaló además, que hay redes en construcción en otros 21 puntos de la Provincia. Mientras tanto, unos 180 proyectos de gasificación permanecen en estudio y otros 20 que están en gestión.

Con respecto a esta situación, el informe realizado por la ACIJ remarca que el acceso a los servicios públicos es ineludible “para garantizar una vida digna”.

“Sin embargo, sucede que una gran parte de la población de la República Argentina se encuentra sumida en este tipo de carencias, para quienes el acceso a bienes tan básicos y esenciales implica un esfuerzo descomunal. En otras palabras, existe un gran grupo de excluidos que paradójicamente- no disfruta de la ciudad de la que gozamos los demás”,concluye el documento.

Por Jorgelina Llanos
Diario Hoy

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