29.09.05 // Novedades, NOVEDADES

Ficha de un aspirante (Infocívica)

Un grupo de ONG manifestó su preocupación por la candidatura a juez de Osvaldo César Guglielmino, ubicado en el segundo lugar de la terna para ocupar el cargo de Vocal de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El reclamo se realizó en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del decreto 588/2003, que promueve la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de designación de jueces.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC); la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Unión de Usuarios y Consumidores, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano remitieron una carta al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, donde solicitaron “que el Poder Ejecutivo evalúe algunas posiciones sustentadas por el candidato Guglielmino, en ocasión de ser entrevistado por el Consejo de la Magistratura y que resultan preocupantes y requieren especial consideración”.

En esa oportunidad y ante la pregunta acerca de cuál era su postura con relación a la legitimación de las organizaciones no gubernamentales para interponer acciones en casos colectivos como son, por ejemplo, los de usuarios y consumidores o de medio ambiente, Guglielmino expresó tener un criterio restringido “al máximo posible”.

Las organizaciones firmantes fundamentan, con relación al alcance que debe reconocérsele a la legitimación colectiva prevista en los arts. 43 y 86 de la Constitución Nacional, que “debe llamar la atención del Poder Ejecutivo a la hora de analizar la terna, en tanto puede significar la imposibilidad de obtener protección judicial para importantes derechos y garantías de grupos vulnerables o minoritarios que en general han encontrado en las acciones colectivas el único cauce para acceder a la justicia”.

“Este tema es clave en un contexto social de desigualdad estructural, que en parte sólo puede ser paliado mediante el accionar de organizaciones de la sociedad civil que demanden por el respeto de los derechos constitucionales” dijeron los referentes de la sociedad civil.

El director ejecutivo de la ACIJ Ezequiel Nino expresó que “es preocupante la posición de Guglielmino sobre restringir la participación de la sociedad civil en acciones colectivas porque, precisamente lo que las organizaciones promovemos es el acceso a la justicia para evitar la vulneración de derechos” y remarcó que “es grave que un candidato a juez vaya en contra de las garantías constitucionales”.

Asimismo Nino, valoró la participación de las ONG en este proceso de selección de magistrados “ya que puede utilizarse cuando los candidatos no demuestran un fiel conocimiento de los derechos y las garantías constitucionales mínimas, tal como lo demostró (Guglielmino) en reiteradas oportunidades por diversos medios”.

Otro de los puntos que preocupa a las organizaciones, se relaciona con la respuesta brindada por Guglielmino ante el Consejo de la Magistratura, cuando se le preguntó acerca de si consideraba necesario que en las entrevistas a una parte estuviera presente la contraparte a lo que el entrevistado respondió que no. “Esta posición es criticable porque podría afectar la igualdad de armas requerida para la tramitación de todo tipo de proceso y podría afectar la imparcialidad de quien debe decidir el caso. En este sentido, es importante señalar que esta regla fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 7/2004 y la estableció como pauta para su propio funcionamiento” dice la misiva.

“El Poder Ejecutivo debe analizar y evaluar la terna enviada por el Consejo de la Magistratura a la luz de estas consideraciones, a fin de formar su juicio de conveniencia sobre la designación del candidato, sobre la base de una discusión profunda respecto del perfil de juez a ser elegido” manifestó Margarita Maxit del Area de Justicia de la ADC.

Maxit destacó a su vez “el valor del decreto 588/2003 como una práctica que se va consolidando y que permite a las ONG participar de los procesos de selección, no solo para que puedan ser escuchadas sino para que el Ejecutivo pueda tomar una decisión con mayores elementos de análisis”.

En el mismo sentido la coordinadora del Area de Acción por la Justicia de Poder Ciudadano, María Julia Pérez Tort, también destacó la importancia de este decreto, promovido por las propias organizaciones y señaló que entre sus alcances “permite, como en este caso, sin la intención de impugnar, plantear los temas que tienen que considerarse para saber qué clase de jueces queremos y qué jueces están eligiendo”.

“La designación de un candidato a juez representa uno de los actos de gobierno más importantes para el sistema democrático y, por ello, debe estar precedido de la más amplia discusión acerca del perfil de juez que se está seleccionando” afirmaron las organizaciones en la carta.

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