El proceso abierto incluye dos instancias de participación para que cualquier organización de la sociedad civil o ciudadano realice observaciones y/o preguntas para que le sean formuladas al candidato.

ADC Y ACIJ invitan a participar activamente en el proceso de selección del Procurador General de la Nación a través de información o la formulación de preguntas que se consideren pertinentes.

Para ver de modo completo, ingresar:

Información completa: Selección de Procurador

Aquí el documento completo

Carta Pública al
Señor Jefe de Gobierno
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ing. Mauricio Macri  

Las organizaciones de la sociedad civil que más abajo se mencionan, nos dirigimos públicamente al Señor Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a fin de solicitarle el cumplimiento sin más demoras de su obligación constitucional de presentar ala Legislatura su propuesta de candidato/a para integrar el Tribunal Superior de Justicia dela Ciudad.

El máximo tribunal de justicia se encuentra incompleto en su integración desde 1/10/2009. Dicha irregular situación ocasiona un serio daño institucional a su autoridad y legitimidad pública e institucional y afecta su capacidad para consolidar la interpretación del derecho local de manera estable, previsible y consistente.

La falta de integración del Tribunal Superior también altera de manera significativa las condiciones independencia de los jueces e integrantes del ministerio público con posibilidades de ser nominados para cubrir dicha vacante y afecta las atribuciones constitucionales de los/as diputados/as de la ciudad, pues se los priva de ejercer adecuadamente sus funciones en relación con la integración de dicho Tribunal.

El estado de inacción por parte del Sr. Jefe de Gobierno constituye un inaceptable abandono de las indelegables obligaciones y competencias quela Constituciónle ha impuesto en la estructura de división de poderes de la Ciudad.

El propio Tribunal Superior, en el caso “Poder Ejecutivo dela Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial dela Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes”, ha destacado explícitamente que la Constitución consagra la obligación del Poder Ejecutivo y Legislativo de que el TSJ se integre adecuadamente.

Al respecto, se dijo: “Uno de los aspectos más sensibles de la manda constitucional es que, aunque no impuso plazos al Poder Ejecutivo para formular su postulación, está claro que el cargo está para ser cubierto o, dicho en otras palabras, que el Tribunal debe estar integrado por cinco miembros” (cfme. voto del Juez Lozano).

Y las obligaciones en cabeza del Jefe de Gobierno no pueden alterarse o modificarse, sino que deben ejecutarse fielmente: “…el proceso de designación de un juez del Tribunal Superior de Justicia tiene, en la Ciudad de Buenos Aires, una regulación constitucional propia…Ello determina que la competencia establecida no pueda ser alterada, modificada o soslayada en ningún supuesto” (cfme. Voto dela Jueza Conde)

El Sr. Jefe de Gobierno tiene discreción para elegir su propuesta de candidato/a, pero no tiene discreción para elegir si integra o mantiene incompleto a la cabeza de otro de los poderes del gobierno de la Ciudad. Tampoco consiente la Constitución que la inacción y el silencio del Sr. Jefe de Gobierno constituya, por sus fines o por sus resultados, una manera de incumplir la obligación y herir la integración del otro poder Constitucional.

Ha transcurrido más de un año y medio desde que se extinguió el proceso de nominación anteriormente iniciado, y todo plazo prudencial para enviar su nueva nominación ha sido cumplido. La mora en el cumplimiento de la específica función constitucionalmente asignada es incompatible con el respeto debido hacia el Poder Judicial, e impropia de quien tiene el deber de dar el más contundente ejemplo de fidelidad a la Constitución, las Leyes y los Derechos. La inacción que denunciamos resulta incompatible con la vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y los Derechos y Garantías fundamentales de los habitantes de la Ciudad que deben ser protegidos por un Tribunal Superior constitucionalmente integrado, independiente e imparcial.

La designación de jueces del Tribunal Superior es uno de los actos más trascendentes en el ejercicio del autogobierno de la Ciudad, y como tal debe estar rodeado de las más intensas garantías de inclusión participativa de la ciudadanía, reflexión y debate públicos robustos acerca de las cualidades personales, los principios éticos y los valores institucionales de quienes podrían ejercerán tan alta responsabilidad. En ese sentido, la derogación realizada en 2010 por parte del Sr. Jefe de Gobierno del Decreto 1620/03 -que preveía un mecanismo con instancias de publicidad y de participación ciudadana, similar al vigente para la designación de jueces dela Corte Suprema de Justicia de la Nación- resultó un retroceso preocupante en la práctica democrática de la Ciudad, que solicitamos nuevamente sea revisada en oportunidad de formular la propuesta que imperiosamente la Constitución le ordena.

Por ello exhortamos al Sr. Jefe de Gobierno a dar inmediato cumplimiento de sus funciones constitucionales y efectuar su nominación de candidato/a a integrar el TSJ, garantizando condiciones equitativas de participación ciudadana, y efectuando dicha  nominación con toda la prudencia y responsabilidad institucional que la alta magistratura requiere, de modo que no resulte teñida por compromisos partidarios ni relaciones personales, y que recaiga en una persona con idoneidad, y trayectoria acreditada de compromiso con la Constitución, los Derechos Humanos, la Democracia, los principios republicanos y la Autonomía de la Ciudad.

Atentamente.

http://www.clarin.com/opinion/Pocas-armas-corrupcion_0_690531031.html

http://www.clarin.com/zona/villas-crecen-inversion-baja_0_691130994.html

ACIJ

DOCUMENTO PÚBLICO

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LOS DERECHOS SOCIALES, PROTECCIÓN DE COMUNIDADES VULNERABLES,  VIVIENDA Y POLÍTICAS HABITACIONALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CON OCASIÓN DEL FALLO “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El 24 de Abril de 2012 la CSJN dictó por unanimidad un importante fallo en donde por primera vez, desde la vigencia de la democracia, se establecen los estándares básicos de interpretación del derecho a la vivienda, y las obligaciones que los gobiernos deben cumplir para garantizarlos en relación con las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El fallo también ha evaluado la política pública de la Ciudad de Buenos Aires a la luz de las obligaciones estatales relativas a los derechos humanos, y concluyó que dicha política no cumple con los estándares constitucionales.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia trabaja promoviendo la realización efectiva de los derechos fundamentales, con especial prioridad para las comunidades más desaventajadas. Para ello realiza investigaciones y análisis sobre las políticas públicas, promueve la participación de las comunidades en el debate institucional sobre sus derechos, y reclama judicialmente la remediación de las vulneraciones estructurales de derechos, particularmente de aquellos vinculados con los bienes sociales fundamentales para la vida digna -salud, educación, vivienda, alimentación, etc..

El fallo de la Corte Suprema constituye una valiosa intervención institucional del Tribunal, que invita a toda la comunidad a reflexionar sobre los principios y valores constitucionales fundamentales, las obligaciones de los gobiernos, y el estado de las políticas públicas, así como su impacto en las comunidades más necesitadas.

El presente documento es una contribución a este debate.

En sus cuatro secciones, analizaremos:

1.- Los principios básicos establecidos por nuestro Máximo Tribunal en relación con los Derechos Sociales

2.- La evaluación que realizó sobre las políticas de emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires

3.- La estructura de las políticas públicas relativas a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, a la luz de los principios establecidos por la Corte.

4.- Las propuestas que podrían implementarse en el corto y mediano plazo para revertir la situación estructural de vulneración de derechos que ha sido verificada.

 ACIJ presentó, junto a Article XIX de Brasil y otras ocho organizaciones argentinas, un informe crítico sobre la situación del derecho de acceso a la información en la Argentina ante las Naciones Unidas. Lo hizo a propósito del proceso de revisión sobre la situación de derechos humanos al que se someterá la Argentina el próximo octubre en el marco de las Naciones Unidas.

–Leer informe–

http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/22/noticia_0002.html

En el espacio de orientación, ubicado en el partido de Moreno, se brindará apoyo legal gratuito a las personas, grupos familiares y organizaciones sociales, con el objetivo de asesorarlos para que logren canalizar sus reclamos, inquietudes o necesidades más urgentes asociadas a las secuelas y consecuencias que ha dejado el temporal en lo relativo al corte de  servicios esenciales, la falta de suministros de energía, problemáticas asociadas a los medios de transporte, daños en viviendas e instalaciones y demás situaciones que se hayan producido.

Las personas interesadas en realizar una consulta o requerir orientación legal gratuita podrán:

• Solicitar entrevista telefónica llamando al teléfono (15) 5807 3585 de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas.
• Enviar un correo electrónico a asistencialegal@acij.org.ar informando sobre su consulta.
• Realizar su consulta personalmente los lunes  ó  jueves de 11.00 a 18.00 horas en: