Hoy recibimos una respuesta por parte de la Dra Weinberg de Roca, a quien agradecemos por su predisposición para contestar nuestro pedido a la brevedad, y particularmente por su voluntad de aportar información y documentos de gran relevancia para el debate público. A continuación, damos a conocer dicha respuesta, que transcribimos seguidamente a cada uno de los tres puntos mencionados en la denuncia y sobre los cuales le solicitamos información.

En cuanto recibamos las respuestas del Consejo de la Magistratura y de la Legislatura, las pondremos a disposición de los interesados a través de este mismo medio.

ACIJ se enorgullece de haber contribuido a brindar la mayor información pública relativa a la cuestión y considera que esta información debería ser de significativa importancia para los/as diputados/as que deberán definir con su voto quién ocupará la vacante existente desde hace más de 3 años en el máximo tribunal de la ciudad.

En virtud de la trascendencia institucional de la decisión que debe tomar la legislatura, el principio de publicidad de los actos de gobierno, y la responsabilidad que al respecto tienen nuestros representantes, ACIJ solicita a los/as legisladores/as que asuman el deber de proveer razones públicas y claras sobre sus votos, sin abstenciones y con expresión de los fundamentos de sus votos.

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1.- La ausencia de autorización a la Dra. Weinberg de Roca, de parte del Consejo de la Magistratura, para ejercer una actividad en principio incompatible con su cargo actual de Jueza de Cámara en la Ciudad.

La Dra Weinberg de Roca se desempeña como Jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (T.A.N.U.). Según la denuncia, el Consejo de la Magistratura habría señalado que nunca la autorizó para el ejercicio de dicho cargo. Tal autorización es imprescindible para la legitimidad de dicho ejercicio, en virtud de que las funciones de Juez son incompatibles con otras actividades profesionales, salvo dicha autorización excepcional.

Resulta fundamental conocer si ha existido autorización para el ejercicio de dicho cargo.

Respuesta:

“En el año 2009, luego de ser elegida juez del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas por la Asamblea General de dicha Organización,  me fueron concedidas dos licencias por el entonces Presidente el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Mauricio Devoto. El motivo de la primera fue prestar juramento ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolver casos internos y discutir normas de procedimiento. Haber sido elegida entre cientos de candidatos de todo el mundo es un reconocimiento para la Argentina y el poder judicial de la CABA. Así lo ha entendido la República Argentina cuando me votó en la Asamblea General de la ONU y el Consejo de la Magistratura de la CABA cuando me autorizó.

La segunda me fue otorgada “a fin de asistir a reuniones de Comisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Adjunto copia de los documentos originales a los que me refiero.”     

Documentos acompañados:

“Aceptación cargo”

Licencias

2.- El uso posiblemente irregular por parte de la Dra. Weinberg de Roca de licencias por actividades científicas o culturales para ejercer sus funciones en Naciones Unidas

Para cumplir sus funciones en el T.A.N.U. la Dra. Weinberg de Roca habría solicitado diversas licencias. Tales licencias estarían encuadradas en “actividades académicas o científicas”.

Resulta fundamental conocer si la Dra. Weinberg explicitó adecuadamente que solicitaba licencia para ejercer sus funciones en Naciones Unidas, y si el Consejo de la Magistratura autorizó su licencia a tales fines.

Respuesta:

“En cada una de las licencias concedidas por el Consejo de la Magistratura en los años 2011, 2012 y 2013 por sus presidentes Dres. Horacio Corti, Juan Manuel Olmos y en su ausencia la Dra. Alejandra Petrella, se especifican las fechas y la causa. La fórmula empleada fue: “a fin de participar en las deliberaciones de”; “a fin de prestar funciones en”; “a fin de presidir”; “a fin de integrar”; “a fin de participar en” “el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas”. De esta manera queda acreditado que el Consejo de la Magistratura autorizó, en cada oportunidad, el ejercicio de mis funciones en las Naciones Unidas.

El encuadramiento de las licencias como “actividades científicas o culturales” , obedece a las opciones previstas por la reglamentación vigente, y tratándose de una labor pública, de ninguna manera podría obedecer a un propósito de ocultamiento cuando, por el contrario, siempre consideré mi actividad en el TANU como un reconocimiento público.

Adjunto copia de los documentos originales a los que me refiero.

El Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas es un organismo que se reúne dos o tres veces por año durante dos semanas y solamente está integrado por quiénes son jueces o juezas en su país  de origen.

Si bien toda actividad profesional, rentada o gratuita, está en general prohibida, aquí se trata de una actividad judicial.

La actividad judicial adicional rentada está permitida y es así que los jueces y juezas subrogan unos a otros percibiendo un plus en el salario y los presidentes de las cámaras de apelaciones integran el Tribunal Superior de Justicia en caso de vacancia mientras continúan con las funciones inherentes a su cargo.”

Documentos acompañados:

Licencias

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3.- Falta de adecuada información patrimonial relativa a los ingresos por retribuciones resultantes de su cargo en Naciones Unidas

Los candidatos a cubrir una vacante en el TSJ deben presentar públicamente información económica personal (cfme. Decreto 381/129. La denuncia sostiene que no existe información adecuada relativa al cobro de retribuciones relativas al ejercicio del cargo en el T.A.N.U. por parte de la Dra. Weinberg de Roca, y que con los datos recogidos no se puede concluir ni descartar que pudiera haber existido alguna violación a normativas tributarias, de ética pública o transparencia.

Resulta fundamental conocer si  se la Dra. Weinberg de Roca ha presentado la información completa relevante relativa su situación económica. En particular en relación con su cargo en Naciones Unidas, resulta fundamental conocer las condiciones económicas de dicho ejercicio a fin de asegurar la verificación de la transparencia en las declaraciones juradas pertinentes.

Respuesta:

“Se me imputa haber recibido sueldos u honorarios que no han sido declarados en mis declaraciones patrimoniales. Ello es falso.

Por el ejercicio de mi cargo en el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas no recibo salario.

En fecha 15/05/2013 el Tribunal expidió una certificación en la que consta que en tanto no me desempeño como jueza a tiempo completo para las Naciones Unidas, no percibo “salario de la Organización”.

Adjunto copia del documento original (en inglés).”

Documentos acompañados:

“Certificado ONU”

“Traducción carta“

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Otra documentación vinculada:

Nota enviada al Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura

Nota enviada al Presidente del Consejo de la Magistratura

Nota enviada a la Dra. Weinberg de Roca

Versión Taquigráfica Audiencia Pública (11/4)

Información sobre la Campaña “Justicia para la Ciudad. Jueces para el Tribunal Superior

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó información sobre Inés Weinberg de Roca, la candidata propuesta por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para cubrir una vacante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad. Hoy el Consejo de la Magistratura tratará la denuncia presentada por el ex procurador de la Ciudad, Ernesto Marcer.

En su presentación ACIJ advirtió sobre “la necesidad de contar con información pública relativa a las denuncias sobre irregularidades en relación con la candidata propuesta para ocupar la vacante en el TSJ de la Ciudad”.Para ello envió notas a la Legislatura, al Consejo de la Magistratura porteño y a la magistrada, a fin de que “provean a la mayor brevedad información pública relativa a los hechos denunciados”, y así “se aclaren las circunstancias relativas a la denuncia existente” para que resulte “fortalecida” la legitimidad del Poder Judicial. Argumentó que “la adecuada integración de la máxima autoridad judicial de la ciudad es una cuestión de fundamental interés público” y debería decidirse “con los más elevados estándares de transparencia e información pública”.

Las solicitudes de ACIJ se basan en la presentación realizada por el legislador porteño Rafael Gentilli (Proyecto Sur), pero además destacan tres aspectos esenciales a clarificar. El primero apunta a la presunta “ausencia de autorización” por parte del Consejo de la Magistratura “para ejercer una actividad en principio incompatible con su cargo actual de jueza de Cámara en la Ciudad” como lo sería, según la denuncia, desempeñarse como Jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (T.A.N.U.). ACIJ también desea saber si Weinberg “explicitó adecuadamente que solicitaba licencia para ejercer sus funciones en Naciones Unidas, y si el Consejo de la Magistratura autorizó su licencia a tales fines”. El tercer punto es la posibilidad de saber si la magistrada presentó “información completa relevante relativa a su situación económica”, en particular lo relacionado con su cargo en las Naciones Unidas.

Por otra parte, hoy el Consejo de la Magistratura realizará un plenario extraordinario en el que se analizará la denuncia presentada por el ex procurador porteño Ernesto Marcer contra la magistrada.Se trata del expediente “Actuación CM Nº 6203/2013 s/ Marcer, Ernesto Alberto s/ Denuncia” donde el ex-procurador argumenta que hubo “incompatibilidad en sus funciones” y señala “hubo omisiones” en la presentación de la candidata con respecto a sus remuneraciones informadas en las Naciones Unidas y “sospechas con la designación en el poder de amigos y parientes de la profesora”.
En cuanto al tratamiento en la Legislatura de la Ciudad del pliego de la candidata, la semana pasada en una sesión extraordinaria se pasó a un cuarto intermedio para este jueves, cuando se intentará tratar el tema.No obstante, los legisladores de la Ciudad reasumirán recién a partir de las 16 horas la labor parlamentaria, donde se decide cuáles son los temas que se tratarán en el recinto para el temario de mañana y si se incluye el tratamiento del pliego de Weinberg de Roca.

 Infojus

Desde hace dos años, ACIJ promueve la adecuada integración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, ha reclamado públicamente el cumplimiento de los deberes de nominación al Jefe de Gobierno y ha intervenido en los dos procesos de nominación realizados hasta el presente, analizando la información relativa a las candidatas cuyo pliego se presentara a la Legislatura. (ver)

En la actualidad, la Legislatura tiene a su consideración la propuesta de designación de la Dra. Inés Weinberg de Roca, para ocupar la vacante existente.

Recientemente, se ha formulado una denuncia pública -por parte del Diputado Rafael Gentili-, relativa a los antecedentes de la candidata, que demanda un oportuno y adecuado esclarecimiento, antes de que la Legislatura considere su pliego.

En particular, la denuncia contiene tres puntos de interés público que ACIJ estima fundamental esclarecer:

1. La ausencia de autorización a la Dra. Weinberg de Roca, de parte del Consejo de la Magistratura, para ejercer una actividad en principio incompatible con su cargo actual de Jueza de Cámara en la Ciudad.

La Dra Weinberg de Roca se desempeña como Jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (T.A.N.U.). Según la denuncia, el Consejo de la Magistratura habría señalado que nunca la autorizó para el ejercicio de dicho cargo. Tal autorización es imprescindible para la legitimidad de dicho ejercicio, en virtud de que las funciones de Juez son incompatibles con otras actividades profesionales, salvo dicha autorización excepcional.

Resulta fundamental conocer si ha existido autorización para el ejercicio de dicho cargo.

2. El uso posiblemente irregular por parte de la Dra. Weinberg de Roca de licencias por actividades científicas o culturales para ejercer sus funciones en Naciones Unidas

Para cumplir sus funciones en el T.A.N.U. la Dra. Weinberg de Roca habría solicitado diversas licencias. Tales licencias estarían encuadradas en “actividades académicas o científicas”.

Resulta fundamental conocer si la Dra. Weinberg explicitó adecuadamente que solicitaba licencia para ejercer sus funciones en Naciones Unidas, y si el Consejo de la Magistratura autorizó su licencia a tales fines.

3. Falta de adecuada información patrimonial relativa a los ingresos por retribuciones resultantes de su cargo en Naciones Unidas

Los candidatos a cubrir una vacante en el TSJ deben presentar públicamente información económica personal (cfme. Decreto 381/129). La denuncia sostiene que no existe información adecuada relativa al cobro de retribuciones relativas al ejercicio del cargo en el T.A.N.U. por parte de la Dra. Weinberg de Roca, y que con los datos recogidos no se puede concluir ni descartar que pudiera haber existido alguna violación a normativas tributarias, de ética pública o transparencia.

Resulta fundamental conocer si la Dra. Weinberg de Roca ha presentado la información completa relevante relativa a su situación económica. En particular, en relación con su cargo en Naciones Unidas, resulta fundamental conocer las condiciones económicas de dicho ejercicio a fin de asegurar la verificación de la transparencia en las declaraciones juradas pertinentes.

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En el día de la fecha, ACIJ ha solicitado a la Legislatura de la Ciudad, al Consejo de la Magistratura y personalmente a la Dra. Weinberg de Roca que provean a la mayor brevedad información pública relativa a los hechos denunciados.

La adecuada integración de la Máxima autoridad Judicial de la Ciudad es una cuestión de fundamental Interés Público, que debe decidirse con los más elevados estándares de transparencia e información pública.

Por ello, solicita que se aclaren las circunstancias relativas a la denuncia existente, de manera oportuna, a fin de que la ciudadanía y los miembros de la Legislatura tengan pleno conocimiento de los hechos relevantes sobre el asunto, y la legitimidad del poder judicial resulte fortalecida.

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Más información sobre el tema:

• Campaña “Justicia para la Ciudad, Jueces para el Tribunal Superior”

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Como lo anticipó Infobae, entre las normas que aprobó el Congreso para reformar la Justicia, pasó inadvertida una que decía favorecer la transparencia, pero que limita los datos exigidos, dificultando el control

“La Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos dice que los funcionarios deberán entregar un formulario único, igual al que presentan ante la AFIP. No especifica si va ser ganancias, bienes personales, o los dos. Pero en cualquier caso, si sólo hubiera que presentar alguno de esos dos documentos, para muchos sería un retroceso. Por ejemplo, bienes personales pide una valuación total de los bienes que tiene la persona, pero no exige ningún detalle, mientras que en los formularios que se entregan actualmente se debe precisar la fecha de adquisición, quiénes son los titulares, la valuación al momento de la compra y la localidad”, explica Victoria Gama, miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en diálogo con Infobae.

Esto significa que, por ejemplo, a partir de ahora los ciudadanos no podrán comprobar las lujosas mansiones en las que viven muchos empleados públicos, imposibles de solventar con sus sueldos.

“Además, los formularios que se dieron de baja obligaban a decir qué cargos públicos o privados había ocupado el empleado en los últimos tres años. Esto no está presente en los documentos de la AFIP”, agrega.

Esa información es la que permite detectar incompatibilidades entre las funciones que desempeña un funcionario y sus intereses. Por ejemplo, si un ministro adjudica una obra a una empresa de la que fue parte podríamos estar frente a una irregularidad que no sería detectada por las declaraciones juradas.

Por otro lado, ninguno de los formularios que establece la ley incluye información sobre las sociedades de las que forman parte los funcionarios. Esto no sólo impedirá verificar si algún beneficiario de concesiones estatales es o fue socio de los ministros y secretarios del área, sino que también dejará fuera de las declaraciones a los bienes de la sociedad conyugal. Con lo cual, si alguien pone todas sus propiedades a nombre de su esposa o esposo, la ciudadanía no se podrá enterar.

Un paso atrás

La nueva norma reemplaza a la Ley de Ética Pública (25.188) sancionada en 1999, que establecía los “deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”.

Para controlar su aplicación, creaba una Comisión Nacional de Ética Pública, un organismo con muchas facultades para velar por la transparencia de toda la administración nacional. Con el fin de garantizar su independencia, estaba integrada por 11 miembros provenientes de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, la Procuración General y el Congreso.

Tan ambiciosa era la ley en términos de transparencia, que determinaba que la comisión tuviera un equipo especial de peritos técnicos para investigar a fondo las incompatibilidades, inconsistencias y delitos de los funcionarios.

Pero la falta de voluntad política de los gobiernos de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner pudo más que la ley, y la comisión nunca fue creada.

Aún así, hasta la sanción de la Ley de Declaraciones Juradas, la norma había quedado siempre disponible para que un gobierno con vocación de transparencia la implemente. Ya no.

“La ley suprime la Comisión de Ética Pública, que nunca llegó a ser conformada, pero es la que debía controlar que las declaraciones juradas se entreguen, además de hacer un análisis de ellas. No sólo la suprime definitivamente, sino que establece que el control de los funcionarios lo va a hacer la ciudadanía. Esta es una gran falencia porque los ciudadanos sólo pueden denunciar, pero no están habilitados para sancionar”, explica Gama.

La nueva normativa no reemplaza una ley completamente abstracta, ya que si bien la comisión nunca se creó, otras instituciones asumieron algunas de sus funciones.

“Actualmente -dice Gama- los tres poderes presentan formularios distintos en sus declaraciones juradas. El Poder Judicial lo hace ante el Consejo de la Magistratura; el Legislativo, ante los presidentes de las cámaras; y el Ejecutivo, ante la Oficina Anticorrupción, que demanda las declaraciones más completas y detalladas”.

Por eso, uno de los mayores problemas del cambio es que, al asignar a los ciudadanos el control, elimina tareas de seguimiento que esos órganos estaban realizando, como verificar que todos los funcionarios presenten los papeles correspondientes y que no haya falsedades ni incompatibilidades.

De todos modos, la nueva ley tiene algunos aspectos positivos, que estaban implícitos en el funcionamiento de la comisión, pero que no se aplicaban por su inexistencia. Por un lado, como las declaraciones juradas eran recopiladas por distintos órganos, tenían exigencias diferentes para los funcionarios de las distintas áreas. Eso dificultaba tener una medida unificada para comparar el funcionamiento de los distintos poderes del Estado.

Además, en la actualidad sólo los miembros del Ejecutivo publicitan su información patrimonial, pero no así los jueces y legisladores. A partir de ahora, todos deberán hacerlo.

El problema es que esas dos correcciones se hicieron al precio de unificar la recopilación y la publicación de las declaraciones de los tres poderes en la Oficina Anticorrupción, que depende directamente de la Presidencia y a la que la misma ley le recorta funciones de control.

Infobae

Por Laura Serra

La Convención Interamericana contra la Corrupción, que depende de la OEA, difundió un duro informe sobre la Argentina en el que hace una serie de advertencias por las graves deficiencias del Estado para luchar contra los negocios ilícitos .

El documento fue elaborado por un comité de expertos luego de una visita al país en octubre pasado, durante la cual entrevistaron a funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes de ONG y legisladores de la oposición. El documento, que el comité de expertos de la OEA presentó en marzo último y al que tuvo acceso exclusivo LA NACION, pone el foco en el desempeño de los principales órganos de control del Estado: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el Poder Judicial, la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA).

En todos estos organismos se detectaron serias falencias, como, por ejemplo, falta de coordinación para investigar casos de corrupción, demoras en el nombramiento de jueces y fiscales idóneos en la materia, y un incremento en la cantidad de causas que prescriben, muchas veces debido a que otros organismos estatales retacean información.

Este informe se conoce en momentos en que el tema de la corrupción ha vuelto a escalar en la agenda, a partir de las últimas denuncias sobre lavado de dinero que afectarían a funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo, del proyecto de blanqueo de dinero y de la polémica reforma de la Justicia que impulsó el Gobierno.

Este último tema incluso mereció severas advertencias de la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul, quien consideró que con la reforma judicial que impulsó el Gobierno existía “riesgo para la democracia”.

“Sería muy importante que el gobierno argentino tome nota de las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. De lo contrario, estaría violando el convenio que suscribió en 1997″, advirtió el jefe de la AGN, Leandro Despouy, en diálogo con LA NACION.

Según el auditor, “hoy, el pasaporte de los países para recibir inversiones y acceder al mercado de capitales no sólo pasa por el paradigma económico, sino fundamentalmente por las políticas públicas sobre derechos humanos y de lucha contra la corrupción.”

En nuestro país, uno de los órganos clave en esta materia es la FIA. El comité de expertos formuló las siguientes recomendaciones a partir de las falencias que detectó en esa dependencia.

• Debería sancionarse una ley que precise las facultades investigativas de la FIA. Hoy su accionar se ve obstaculizado “por múltiples y variadas interpretaciones sobre el alcance de sus atribuciones”, que le impiden ejercer con eficacia su tarea investigativa.

• Por estas dificultades, disminuyó en forma alarmante la cantidad de expedientes a cargo de la FIA. De 1333 expedientes en 2007 bajó a 801 en 2011.

• Es necesario mejorar la coordinación entre la FIA y los demás actores estatales encargados de investigar hechos de corrupción.

• El Estado debería designar formalmente al jefe de la FIA, cargo que está ocupado de manera interina desde hace tres años. Hay fiscalías vacantes que tampoco se cubren.

En cuanto al accionar del Poder Judicial en materia de corrupción, el informe advierte lo siguiente:

• La cantidad de denuncias sobre delitos contra la administración pública que prescribieron es muy superior al número de casos que terminaron por sentencia. En efecto, desde 2007 a 2010 prescribieron 63 casos, y sólo uno tuvo sentencia, que fue absolutoria.

• Existe demora en la designación de jueces federales. El informe receptó las estadísticas de las ONG que señalan que una tercera parte de los jueces son subrogantes y que hay casos de demora de cinco años en designar jueces.

• El Estado debería revertir la morosidad en la investigación de los casos de corrupción. Según un trabajo de la Procuración General y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “sobre 21 causas relevadas, el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años”.

Respecto de la tarea de la AGN, el comité de expertos exhortó al Congreso a que reglamente el artículo 85 de la Constitución Nacional para dotar a este organismo de autonomía funcional y no siga sometido a las mayorías parlamentarias de turno. Asimismo, advirtió la falta de coordinación entre la AGN y otros organismos de contralor.

Sobre el funcionamiento de la Sigen, el informe señaló:

• Este organismo debería tener un mayor acceso a las empresas estatales y a aquellas en las que el Estado tiene participación accionaria. Hoy no cuenta con información sobre la responsabilidad social de las mismas.

• La Sigen debería hacer público el acceso a sus informes, los cuales hoy tienen un acceso muy restringido.

En lo que se refiere al funcionamiento de la OA, el comité de expertos advirtió que desde 2007 ha disminuido de manera constante la cantidad de investigaciones preliminares que se abren sobre las denuncias presentadas.

Esto se debe, según la propia OA, a la tardanza en recibir las respuestas a sus requerimientos por parte de otros organismos públicos que, además, a veces resultan incompletos.

UN ORGANISMO REGIONAL DE CARÁCTER TÉCNICO

Cómo funciona la Convención contra la Corrupción

• La creación
  La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), impulsada por la OEA, es un acuerdo establecido entre los países de la región para establecer lineamientos de conducta en torno a la prevención, penalización y fomento de la cooperación contra la corrupción. Fue creada en 1996 y firmada por 33 países de América, entre ellas la Argentina, que la suscribió en 1997

• El seguimiento de casos
  Cuenta con un Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), que se encuentra constituido por un Comité de Expertos compuesto por técnicos gubernamentales

• La recolección de datos
  El Comité de Expertos recolecta información de dos fuentes del país evaluado y de organizaciones de la sociedad civil. El proceso de evaluación se realiza por “rondas”, en las cuales se responde acerca de determinados artículos de la convención

La Nación

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Más informacón:

• Ver informe de ACIJ sobre duración de causas de corrupción (acá)
• Ver nota sobre visita de la OEA (aca)

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Más información:

• Información sobre la reforma judicial y la campaña de ACIJ (clic aquí)
• Respuesta de ACIJ al Senado de la Nación (clic aquí)
• Ver versión de respuesta de ACIJ en el diario Página 12 del 11/05 (clic aquí)

Democracia, participación ciudadana y rendición de cuentas

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Por Gustavo Maurino

El 24 de abril la Cámara de Senadores emitió una declaración pública relativa a la campaña “12 Diputados”, impulsada por diversas ONGs, entre ellas A.C.I.J., calificándola de “antidemocrática” y “extorsiva” (ver declaración). En igual sentido, se manifestó el Diputado Agustín Rossi en una nota de opinión nota publicada en el diario Página 12 el 29 de abril, en la que también la asemejó “al accionar de grupos fascistas” (ver nota).

La campaña promovía que las personas interesadas, y que compartían una visión crítica de tres de los seis proyectos en tratamiento, firmaran una petición que se enviaba por mail a los 12 Diputados cuyo voto resultaba circunstancialmente clave en el contexto del juego parlamentario, para que votaran en contra de tales proyectos.

Las duras afirmaciones del Senado y del DiputadoRossi nos duelen, nos lastiman y nos desaniman profundamente. Descontamos que no es esa la intención de sus discursos, pero no podemos dejar de decir que sí ha sido su resultado.

Su investidura y el efecto potencialmente silenciador de sus dichos demanda sobreponernos a la tristeza y seguir conversando, con la esperanza firme de comprender mejor los desacuerdos. Sin esa esperanza la conversación pública no tiene sentido.

Hay ciertos errores en el encuadre que ambos realizan.

La “cara” de los diputados cuya exposición se cuestiona está –como corresponde- en la página web de la Cámara, junto con su mail y su teléfono, y deben ser conocidas por todos. También está en los afiches preelectorales, habitualmente.

De ningún modo la campaña podría considerarse extorsiva o tendiente a presionar indebidamente a nadie; sino a promover que los interesados pidan a diputados claves que votaran en contra de tres proyectos. La habilitación ciudadana de canales de petición pública, frente a leyes que todos hemos considerado trascendentes no debería ofender a nuestros legisladores. Al contrario, es lo menos que podemos hacer cuando algo que entendemos muy importante para nosotros se trata en nuestro Congreso.

Las ONGs participantes elaboramos además documentos de análisis y folletos explicativos que pusimos al alcance de todos, y participamos con nuestro mejor esfuerzo de los debates de comisión en ambas cámaras cuando fuimos invitados.

Toda la iniciativa nos llenó de orgullo democrático.

¿Cómo puede ser entonces que desde A.C.I.J. sintamos este orgullo y nuestros representantes –cuyo compromiso democrático es también obvio- entiendan a nuestro comportamiento como “antidemocrático”?

El desencuentro reside, tal vez, en que tenemos visiones diferentes sobre el valor de la democracia y el tipo de prácticas que la realizan o la dañan.

Debemos aclararlo: entendemos a la democracia desde una perspectiva “constitucional” y “deliberativa”; identificamos que ella se realiza cuando las leyes se sancionan mediante procedimientos robustos de participación, inclusión y discusión, en los que los intereses y razones de todos los afectados sean considerados con igual respeto. Una decisión genuinamente democrática no es la que transmite mecánicamente intereses de la mayoría o la opinión aislada de los representantes, sino aquélla que podemos considerar como “nuestra” por haber resultado de la consideración imparcial de todos los puntos de vista existentes en la ciudadanía.

En ese marco, entendemos a la representación parlamentaria como una intermediación entre nosotros, los ciudadanos, a la que acudimos para organizar e institucionalizar nuestras discusiones. Las discusiones y las leyes son nuestras, no de nuestros representantes, a ellos les confiamos representar y encauzar la pluralidad conflictiva de intereses que anidan en nuestra sociedad.

La representación parlamentaria requiere de prácticas que aseguren el continuo contacto e intercambio entre representantes y representados, y una intensa dinámica de rendición de cuentas.

El aislamiento de los representantes durante sus funciones públicas, agravado por el mantenimiento de un sistema de listas sabanas pese a los insistentes reclamos ciudadanos para modificarlo, así como la reducción de la rendición de cuentas exclusivamente a los momentos electorales transforma las prácticas políticas en dinámicas delegativas, elitistas y corporativas que frustran el ideal democrático deliberativo.

Son nuestras vidas y derechos los que se discuten cuando el Congreso discute. La democracia –como la entendemos- permite y demanda que nos involucremos como ciudadanos, que tratemos de convencer a nuestros congresistas sobre lo que creemos correcto y tratemos de que reflejen nuestros puntos de vista. Especialmente aquellos representantes que circunstancialmente pueden hacer una diferencia clave, como era evidente en el caso de los 12 diputados (quienes en ocasiones votan junto al oficialismo y en ocasiones junto a la oposición).

En una democracia valiosa es fundamental el ejercicio del derecho a peticionar a la autoridades, para que la política no aliene a la ciudadanía. Quienes han decidido dedicar su vida a ejercer la representación popular y han tenido éxito en ser elegidos, deben asumir –y no evadir- las cargas que este privilegio único demanda, si queremos enorgullecernos de vivir en un sistema político en el que todos somos parte.

La campaña cuestionada fue una ejemplar iniciativa de compromiso y participación cívicos, de cercanía con nuestros/as representantes, de petición a las autoridades sobre asuntos de la mayor importancia, y de solicitud de rendición de cuentas sobre su ejercicio de la representación encomendada. Haber facilitado a la ciudadanía un canal para que puedan hablarle directamente a nuestros/as Diputados/as es el mérito de la campaña, y no su disvalor.

La mejor democracia que podamos construir requiere del fortalecimiento de las instancias deliberativas, requiere de la cercanía y la interacción continua, abierta, profunda, entre los/as ciudadanos, y entre éstos y sus representantes políticos.

Confiamos en que en el futuro iniciativas como éstas sean parte del paisaje cotidiano de nuestra Democracia, y no produzcan temor ni repudio por parte de nuestros/as representantes, sino que puedan sean celebradas, aprovechadas e incluso impulsadas por éstos.

 Por Gustavo Maurino, co-Director de ACIJ

El 24 de abril el Senado emitió una declaración pública sobre la campaña “12 Diputados”, coimpulsada por A.C.I.J., calificándola de “antidemocrática”. En una nota en este diario, Agustín Rossi asemejó la campaña “al accionar de grupos fascistas”.

La iniciativa promovía que los interesados con una visión crítica de tres de las reformas a la judicatura, firmaran una petición por mail para que 12 diputados, cuyo voto era clave, votaran en contra de ellos.

Los dichos del Senado y del Sr. Rossi nos duelen y desaniman profundamente. Pero su efecto potencialmente silenciador demanda que sigamos conversando, sin perder la esperanza de comprender mejor los desacuerdos.

Hay ciertos errores en el encuadre que realizan quienes nos han insultado:

La “cara” de los diputados cuya exposición se cuestiona está en la página web de la Cámara, junto con su mail y su teléfono; como está en los afiches preelectorales.

La campaña sólo se dirigió a promover que los interesados pidan a 12 diputados que votaran en contra de tres proyectos. Se habilitaron canales de petición pública frente a leyes trascendentes. No debería ofender a los legisladores, al contrario.

Las ONG también elaboramos y difundimos documentos públicos y participamos de los debates de comisión. La iniciativa nos llenó de orgullo democrático.

¿Cómo puede ser que el diputado y los senadores la tachen de “antidemocrática”?

Tal vez ello se deba a que tenemos visiones diferentes sobre el valor de la democracia. Aclarémoslo.

Nosotros la entendemos en una perspectiva “deliberativa”. Ella se realiza cuando las leyes se sancionan mediante procedimientos de participación, inclusión y discusión, en los que las razones de todos los afectados reciben igual respeto. Una decisión democrática no es la que sólo transmite mecánicamente intereses de mayoría o la opinión aislada de los legisladores, sino la que podemos considerar como “nuestra”, por resultar de la consideración imparcial de todos los puntos de vista existentes.

Entendemos a la representación como una intermediación entre los ciudadanos, para institucionalizar nuestras discusiones. Las discusiones y las leyes son nuestras, no de los representantes, y su trabajo requiere del contacto e intercambio continuo con los representados y una intensa rendición de cuentas.

El aislamiento de los representantes –así como las listas sábana y la reducción de la rendición de cuentas sólo a los momentos electorales– implican dinámicas delegativas, elitistas y corporativas que frustran el ideal democrático.

La democracia demanda que nos involucremos como ciudadanos, que tratemos de convencer a los congresistas sobre lo que creemos correcto, y les pidamos que reflejen nuestros puntos de vista. El derecho a peticionar a las autoridades es clave para que la política no aliene al pueblo.

La campaña atacada fue una ejemplar iniciativa de compromiso y participación, cercanía con los legisladores, petición sobre asuntos de importancia y solicitud de rendición de cuentas. Haber facilitado un canal para que los interesados pudieran hablarle directamente a los diputados fue su mérito y no su disvalor.

La mejor democracia requiere del fortalecimiento deliberativo, la cercanía y la profunda interacción con los representantes. Ojalá en el futuro estas iniciativas formen el paisaje cotidiano de nuestra democracia. Que los legisladores no le teman, ni repudien, sino que las celebren, aprovechen e impulsen.

Página 12

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Ver columna de opinión original (acá).

La reciente represión de la Policía Metropolitana dejó en segundo plano la situación del Hospital Borda. ¿Son este tipo de instituciones las más adecuadas? ¿Qué es y qué supone la desmanicomialización?

“El avance del Centro Cívico del Gobierno porteño en lo que tiene que ver con el predio del Borda generó un debate diferente. Hasta ese momento era más clara la discusión sobre la desmanicomialización”, expresó Macarena Sabin Paz, coordinadora del Equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), días antes de la represión en el hospital de salud mental. Ahora bien, ¿qué ocurre con la salud mental y a qué refiere el debate por la desmanicomialización?

Un manicomio es un hospital monovalente, es decir, de una sola especialidad (Psiquiatría), que funciona como institución de encierro.

En el año 2010 se sancionó y promulgó la ley 26.657 sobre salud mental en el ámbito nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, existe una norma (ley 448) acerca del tema desde el año 2000. Respecto a ambas se han formulado críticas tanto acerca de su implementación como de su cumplimiento.

La ley nacional aún no fue reglamentada. Entre otras cuestiones, promueve la inclusión social a través de instituciones dentro de la comunidad. Por esta razón, distintas organizaciones, entre las que figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), apuntaron a “presiones de la corporación psiquiátrica”, aludiendo a profesionales e instituciones clínicas privadas.

En la Ciudad la legislación otorga prioridad a “las acciones y servicios de carácter ambulatorio”. Para esto, es necesario la “apertura de instituciones intermedias que propicien la reinserción y resocialización de los pacientes”, y evitar la internación, de acuerdo con el informe 2012 de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de la ley.

“El desmantelamiento de los hospitales públicos y la deshospitalización compulsiva, sin ofrecer alternativas adecuadas, se encuentran en las antípodas”, sostiene el documento. En referencia a la situación del Borda y la posible construcción de un Centro Cívico, aclara que “la defensa del hospital público no debe confundirse con el sostenimiento de un modelo de atención perimido”.

En línea con las dos leyes mencionadas, la desmanicomialización implica que los tratamientos no se centren exclusiva, ni principalmente, en las instituciones psiquiátricas.

“La lógica de la desmanicomialización supone el pasaje de la atención desde lo puramente hospitalocéntrico a la comunidad, a través de dispositivos sustitutos, como las casas de medio término”, explicó Ángel Barraco, asesor de la Comisión de Salud en la Legislatura porteña, y co-redactor de la ley 448. Además, hizo hincapié en la necesidad de intervención de un equipo interdisciplinario.

Opuesto a la concepción manicomial, Barraco mencionó que ella se basa en tres elementos: la peligrosidad del padeciente, la necesidad de su control y la irreversibilidad de la situación. El resultado es la existencia de grandes unidades monovalentes de internación prolongada, como el Borda.

“La desmanicomialización no se opone al uso de los psicofármacos en sí mismo, pero si a su abuso en beneficio de la industria farmacológica, lo que se conoce como medicalización”, explicó Gabriela Dueñas, doctora en psicología y miembro de la Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos (APADH).

Desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) existen, asimismo, cuestionamientos a la ley nacional y a la lógica que promueve. El Consejo Directivo emitió en 2011 una declaración donde, entre otras críticas, sostiene que “la internación u hospitalización por motivos de trastornos mentales no puede ser entendida como último recurso”.

Los principales argumentos en contra de la desmanicomialización se basan en la peligrosidad de los padecientes y en la concepción de la psiquiatría como disciplina aislada, separada de los hospitales generales, como explicó aChequeado.com el psicoanalista Osvaldo Saidón.

Para Saidón, sin embargo, “no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la salud mental, la existencia de los manicomios”. Además, recuerda que estas instituciones prácticamente no existen en los países con reformas modernas en el tema.

De acuerdo al informe 2012 del CELS, en el Borda había 900 personas internadas. “En la actualidad hay un pasaje, como dispositivos de disciplinamiento, del encierro en los manicomios (clásico de la modernidad) al modelo de los ‘chalecos de fuerza químico’ [N. de R.: utilización de potentes psicofármacos], aunque coexisten”, consideró Dueñas.

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Cómo funciona hoy, antes de la aprobación de la nueva ley, el Consejo de la Magistratura. Equilibrio, representatividad e influencia de los partidos políticos.

Hoy se vota la ley que modifica la composición y el sistema de elección del Consejo de la Magistratura. Cómo funciona hasta ahora el organismo, cómo son electos sus miembros, a quiénes representan y qué influencia ejercen hoy los partidos políticos.

Cómo se constituye hoy

El Consejo está conformado por: 

•    tres jueces, electos directamente por sus pares en una elección organizada por la Asociación de Magistrados de la Nación;
•    dos abogados -uno con licencia federal y el otro del interior del país-, también elegidos por sus pares a través de los Colegios de Abogados, nucleados en la Federación de Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y del Colegio Público de Abogados de Capital Federal;
•    un académico, electo por el Consejo Interuniversitario Nacional;
•    tres representantes de la Cámara de Diputados,
•    tres delegados del Senado y
•    uno del Poder Ejecutivo, nombrados por cada uno de esos cuerpos (en el caso del Congreso, dos representantes de la mayoría y uno por la minoría).

Equilibrio

“En la actualidad no hay equilibrio. Nunca hubo realmente un balance perfecto, pero hasta la reforma de 2006 había mayor equilibrio. Hoy hay siete representantes de los poderes electos, tres jueces y dos abogados. Hay una clara mayoría de los representantes políticos”, detalló Ezequiel Nino, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

Según el artículo 114 de la Constitución Nacional, el Consejo debe asegurar “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal” (para ver cómo será la nueva composición ver: Sanz: “Ya no habrá más necesidad de buscar consenso para elegir un juez o para destituirlo”).

Representatividad

“La reducción de los miembros en todos los estamentos en 2006 limitó la representación de la diversidad en cada uno de los espacios”, afirmó Lucas Arrimada, profesor e investigador de Derecho Constitucional (UBA) y editor del blogAnte la ley. Al pasar el Consejo de 20 a 13 miembros, se eliminaron las segundas minorías. Es decir que sólo quedó la mayoría y la primera minoría, reduciéndose la representatividad.

Respecto del caso de los académicos, por ejemplo, Arrimada detalló: “Se limita a una elección en un órgano alejado de los ‘académicos’ y cercano a las autoridades universitarias, sin segundas o terceras fuerzas como sucedía y sucede con legisladores, jueces y abogados”.

En cuanto a los electores, desde el Ejecutivo se criticó que sean pocos quienes eligen a los representantes. En el caso de los jueces, por ejemplo, son alrededor de 700 (de un total de 900) quienes nombran a sus consejeros. En las últimas elecciones de los consejeros de abogados fueron cerca de 10 mil los que participaron en cada una -la elección del consejero federal y la del representante del interior- (ver aquí y aquí).

Influencia de los partidos políticos

Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para sumar a los consejeros a las listas partidarias es que los partidos ya participan de manera solapada en el Consejo.

“Muchos de los académicos, abogados y jueces tienen afinidades políticas o han tenido participación en espacios de política universitaria, gremial, de su propio estamento. En esos espacios los partidos políticos (tanto el radicalismo, el justicialismo, el PRO y el socialismo) han tenido un especial interés y han realizado acciones, alianzas y acuerdos para los sectores aliados, afines en esos espacios”, aseguró Arrimada.

Por su parte, Nino explicó: “Hay cercanía de algunos de los miembros con partidos políticos, pero como puede darse en cualquier cuerpo colegiado”.

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