Son organismos clave que tienen a su cargo controlar las cuentas públicas, revisar la actuación de los funcionarios nacionales y detectar casos de corrupción. Pero, lejos de funcionar como inspectores aguerridos del cumplimiento de la ley, están hoy en crisis o al borde de la parálisis.

La Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los abusos de los gobernantes, y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), llamada a perseguir delitos y faltas de los funcionarios, atraviesan una situación muy parecida: llevan casi tres años acéfalas, perdieron toda visibilidad pública y abandonaron, sin disimulo, su intervención en los casos sensibles para el poder. En la Auditoría General de la Nación (AGN),máximo responsable de vigilar cómo se usan los fondos públicos, el futuro es incierto. Su presidencia está en manos del partido opositor con mayor representación parlamentaria (la UCR), pero el radicalismo anunció la semana pasada la salida de su titular, Leandro Despouy, autor de varios informes que cuestionaron al poder en la última década. Presionada por toda la oposición y también internamente, la UCR dio marcha atrás con la decisión, que quedó en suspenso.

“Más allá de la buena tarea de Despouy, la AGN depende del Congreso, y allí el control no es una prioridad. Esto erosiona erosiona su tarea”, señaló a LA NACION Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

En los organismos de control interno de la Administración Pública (los que dependen del Poder Ejecutivo) el panorama no es más alentador.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) retiró de su página de Internet la publicación de todos los informes de control del Gobierno y se enfrentó con la AGN cuando se negó a brindarle más de 300 expedientes, un caso que terminó en la Justicia con un fallo en contra de la Sigen.

El otro contralor interno es la Oficina Anticorrupción (OA), desde 2009 en manos del dirigente kirchnerista Julio Vitobello. La OA había perdido poder desde antes, cuando el entonces ministro Aníbal Fernández hizo que sólo fuera posible iniciar investigaciones o pedir información a otro organismo con la firma del titular de la oficina.

“La OA tiene dos funciones: prevenir e investigar, y la segunda tarea no la cumple. No la vemos como querellante en las causas de corrupción que involucran a esta gestión, y durante otros gobiernos sí lo hacía”, apuntó Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, dedicada a promover la transparencia.

Creados en la reforma constitucional de 1994, la figura y el perfil del defensor del Pueblo cambiaron desde que se fue su último titular, Eduardo Mondino, en abril de 2009 (ver aparte). Su desaparición de la escena pública se nota especialmente ahora, con el incremento de las tarifas y la quita de los subsidios de los servicios públicos.

Durante sus diez años de gestión, Mondino había impugnado las renegociaciones de los contratos de servicios públicos y presentado amparos contra los aumentos de transportes y servicios. Fue designado por la Corte Suprema para monitorear la limpieza del Riachuelo, que él había reclamado, y pidió un fallo colectivo que igualara a todos los jubilados con el fallo Badaro.

Cuando se fue, quedó a cargo de la Defensoría el adjunto primero, Anselmo Sella, un peronista cordobés que había llegado con Mondino, pero que bajó el perfil mediático del organismo y evita confrontar con el Gobierno. Su estrategia fue correrse de los grandes temas nacionales y provincializar el organismo, abriendo sedes en todo el país, que se ocupan de los problemas locales. “Antes la Defensoría tenía un perfil político, ahora mantenemos nuestra independencia”, explicó Sella.

ATRIBUCIONES RECORTADAS

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también cumplirá tres años vacante. En marzo de 2009, su entonces titular, Manuel Garrido (hoy diputado por la UCR), denunció que el procurador Esteban Righi le había recortado sus atribuciones para investigar la corrupción y renunció.

Garrido había impulsado causas penales de alta trascendencia política, como los presuntos sobornos de Skanska, la manipulación de los números del Indec, el llamativo incremento patrimonial de Ricardo Jaime y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.

Desde su renuncia, su cargo fue cubierto por un subrogante, Guillermo Noailles, a quien no se le conoce denuncia alguna contra funcionarios de alguna jerarquía. El organismo ya no publica en Internet sus denuncias y su último informe de gestión anual disponible es de octubre de 2010.

La actuación más conocida de Noailles fue en el caso que investigaba el incremento del patrimonio de los Kirchner durante 2008, cuando los bienes declarados por el matrimonio presidencial aumentaron 28 millones de pesos (ver aparte).

El juez federal Norberto Oyarbide cerró la causa con una celeridad pocas veces vista y Noailles decidió no apelar, pese a que un informe de peritos contadores de la FIA le había advertido sobre 25 inconsistencias en lo declarado por los Kirchner.

“Asistimos a un lento declinar de estas agencias. Que treinta años después de haber recuperado la democracia sigamos pensando que el voto es la única forma de controlar al Gobierno es de una pobreza institucional llamativa”, dijo a LA NACION Gustavo Maurino, uno de los directores de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Para Herrero, no hay “una visión estratégica de la importancia de los organismos de control y el efecto va a ser duradero, más allá de este gobierno, porque revertir esta cultura en las agencias estatales es costoso”.

En opinión de Charosky, el problema es que la dirigencia no ve los organismos de control como patrimonio del Estado y de la sociedad. “La oposición cree que es una herramienta de acción política y el Gobierno busca neutralizarlas para que no molesten su discrecionalidad, cuando lo que deberían buscar son acuerdos mínimos para hacer un esquema de controles común.”

EL PERSONAJE EN DISCUSIÓN

LEANDRO DESPOUY 
Presidente de la AGN 
El cargo corresponde al partido de la oposición con mayor representación parlamentaria, la UCR. El presidente del partido, Mario Barletta, impulsa su reemplazo.

LAS PIEZAS DEL DESCONTROL

Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) 
Es el órgano de la Procuración General de la Nación encargado de investigar delitos de corrupción en la administración pública nacional. No investiga a funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial.

• Acefalía

El mes próximo cumple tres años vacante, luego de la salida del actual diputado nacional Manuel Garrido, que denunció que el procurador general, Esteban Righi, había recortado las funciones de la FIA.

Defensoría del Pueblo de la Nación 
Bajo la órbita del Congreso, se ocupa de defender los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a eventuales abusos de parte de la administración pública nacional.

• Vacante

El cargo está vacante desde abril de 2009, cuando finalizó el mandato de Eduardo Mondino. Su nombramiento depende del Congreso. Pero el oficialismo, que hoy tiene mayoría, nunca hizo nada por ocupar la vacante.

Oficina Anticorrupción (OA) 
Tiene funciones análogas a la FIA, pero opera bajo la órbita del Poder Ejecutivo. También se encarga de la elaboración de políticas de transparencia para prevenir casos de corrupción.

• Limitaciones

Como jefe de Gabinete, Aníbal Fernández limitó el trabajo de sus investigadores: dispuso que todos los pedidos de información debían llevar la firma del titular del organismo, el kirchnerista Julio Vitobello.

Sindicatura General de la Nación (Sigen) 
Es el órgano de control interno de la administración pública nacional. Está obligado a informar al Poder Ejecutivo y a la opinión pública.

• Sin transparencia

Retiró de su página de Internet los informes de control del Gobierno. También le negó esa información a la AGN, por lo que el organismo que dirige Despouy le inició una demanda que terminó con un fallo judicial en contra de la Sigen.

Auditoría General de la Nación (AGN) 
Es el máximo órgano de control de las cuentas públicas. Depende del Congreso, al que remite sus informes de auditoría con los que el Poder Legislativo ejerce su función de control sobre el Poder Ejecutivo.

• Incertidumbre

Su futuro es incierto: por una disputa interna en la UCR, el principal partido de oposición parlamentaria, no se sabe si su titular, Leandro Despouy, continuará al frente del organismo.

Por Laura Capriata y Paz Rodriguez Neill

La Nación

La polémica por el aumento de hasta 100% en los sueldos de diputados y senadores nacionales puso al descubierto la falta de transparencia de los organismos del Estado y renovó los reclamos de varias organizaciones de la Sociedad Civil por una Ley de Acceso a la Información Pública.
“Más allá de si está bien o está mal el aumento de los legisladores el tema de fondo es que todos los organismos del Estado deberían publicar en un sitio Web todos los datos vinculados a sus gastos: desde el monto de sus remuneraciones hasta lo que destina a cada contrato solventado con dinero público, para que los ciudadanos puedan acceder y opinar sobre el tema”, evaluó el Director de Poder Ciudadano, Hernán Charosky pero lamentó que eso no ocurre porque no existe en la Argentina una Ley de Acceso a la Información Pública.
En el mismo sentido opinó el Director del Área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Ramiro Álvarez Ugarte: “Los recibos de sueldos de funcionarios y legisladores deberían ser públicos”. Asimiso marcó que “existe un retroceso en los últimos años en materia de transparencia” y apeló a la necesidad de una ley.
A diferencia de lo que ocurre en Argentina, más de 90 países ya cuentan con leyes de acceso a la información pública. Es más, hay once países en América Latina que también la tiene. La ley existe en México, donde tiene rango constitucional; en Chile, Colombia, Perú, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, Ecuador, República Dominicana y Antigua y Barbuda. También en los Estados Unidos y en Canadá. Como en la Argentina, en cambio, no existe en Paraguay, Bolivia, Guatemala y Venezuela.
El modelo de la transparencia por vía legal está incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Es el derecho a “investigar y recibir informaciones”, dimensiones inherentes a la libertad de expresión.
Sin embargo en Argentina solo hay un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2003. Pero rige sólo para el Poder Ejecutivo y no para el Legislativo o el Judicial y “da lugar a una arbitraria disparidad de criterios para facilitar información requerida”, explicó Charosky.
“La ley es fundamental para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los tres poderes del Estado, necesaria para controlar y participar en la gestión pública”, destacó Álvarez Ugarte.
El primer intento por aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública comenzó en 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto en el que participaron organizaciones no gubernamentales, periodistas y distintos funcionarios. El proyecto se aprobó en Diputados en mayo de 2003. En el Senado fue tratado un año después, cuando se aprobó se le hizo una revisión, lo que provocó que fuera enviado nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley y perdió estado parlamentario en febrero de 2006.
Luego de varios años sin que se tratara el tema, finalmente en 2010 el Senado decidió volver a discutirlo. En septiembre de ese año la Cámara alta dio media sanción al proyecto con 38 votos a favor y 26 en contra. Luego, fue girado a Diputados, donde nunca fue tratado en el recinto.
En 2011, pese a los insiste
ntes pedidos y campañas, las ONG más importantes del país que trabajan en temas de transparencia (entre ellas, ACIJ, ADC, CIPPEC, FOPEA, Fundación Directorio Legislativo, Poder Ciudadano) reclamaron al Parlamento. “Para que no se dilate la aprobación de esta importante ley para la democracia argentina”, demandaron, pero no lograron que estuviera en la agenda del recinto.
“No existe voluntad política para que el tema entre en agenda”, se lamenta Alvarez Ugarte.
Para el Director de Poder Ciudadano: “En la Argentina no existe consenso para la Ley, ni en el oficialismo ni en la oposición”, según afirma.
Pese a ello los especialistas de las ONGs consultados aseguran que no se darán por vencidos y anticipan que insistirán fuertemente este año por la “ansiada Ley de Información Pública”.

Por Victoria Urdinez

El Cronista

Hay un juez federal que casi no habla, o que, en la mejor tradición de la justicia argentina, habla por sus fallos. Que no se compra anillos de 250.000 dólares ni está seriamente sospechado de actuar en sintonía con la Casa Rosada. Que tiene fama de honesto y de trabajador. Y que rompe con el estereotipo de algunos de sus colegas que parecen vivir en la confortable burbuja de los tribunales: desde hace diez años trabaja como consultor académico, sin cobrar un peso, en la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires.

Daniel Rafecas se llama este juez federal, uno de los más nuevos del fuero, que resulta extraño en un Poder Judicial al que la sociedad aún mira con desconfianza, por más que la Corte Suprema y no pocos magistrados hagan lo imposible para disipar esa nube de desprestigio que los ensombrece a fuerza de escándalos, fallos cuestionables y dependencia del poder político de turno.

Aun así, durante una entrevista con Enfoques, Rafecas se mostró cauto al opinar sobre la extrema lentitud de la justicia federal cuando aborda causas vinculadas con hechos de corrupción y negó que sea más fácil juzgar y condenar a represores que a funcionarios corruptos. “Tenemos dificultades, pero hay que hacer una mirada un poco más amplia de cómo funciona el sistema penal en estos delitos. Seguimos contando en la Argentina con un modelo procesal un tanto antiguo”, advirtió.

Aun así, destacó que impulsar una reforma procesal para agilizar los juicios por corrupción no le interesa “a toda la clase política” ni “a los distintos poderes ejecutivos que se han sucedido en los últimos treinta años”.

El nombre de Rafecas se hizo conocido en los últimos años porque fue el juez que intervino en las causas por los sobornos en el Senado, en la que procesó, entre otros, al ex presidente Fernando de la Rúa, y por violaciones de los derechos humanos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, en la que imputó a 125 altos jefes militares, como Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

También fue el juez que procesó al almirante Jorge Godoy, ex jefe de la Armada, por espionaje ilegal, y el responsable de una original y contundente condena para tres skinheads menores de edad que habían atacado a un chico judío: los sentenció a recorrer la Fundación Memoria del Holocausto y a escuchar una clase sobre racismo.

Este juez de 44 años, casado, con dos hijos, recibido de abogado en 1990 y designado juez federal en 2004, es el mismo que casi no habla, pero que ahora está interesado en hacerlo porque el mes próximo lanzará, editado por Siglo XXI, un libro cuya investigación y redacción le demandó cinco años: Historia de la Solución Final. Una obra de 288 páginas que, en sus propias palabras, surgió como fruto de la preocupación por estudiar “ese paradigma de violencia estatal y de totalitarismo que fue el régimen nazi” y, al mismo tiempo, de su compromiso con “la dimensión humana de lo que fue la Shoá”.

-Le iba a preguntar por el origen de este libro, pero también me interesa el origen de su pasión por el estudio del tema del Holocausto. ¿Usted es de ascendencia judía?

-No, soy de origen católico y no tengo una implicancia personal con el tema, pero me fui acercando por el lado de las ciencias penales, de ése paradigma de violencia estatal y de totalitarismo que fue el régimen nacional socialista. Pero ese fue sólo el comienzo, el primer acercamiento al nazismo y a su producto más perverso, que fue el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros textos que leí fueron de Francisco Muñoz Conde, un penalista español muy importante, que hizo una investigación acerca del jurista alemán Edmund Mezger, el padre de todos los penalistas de casi toda América latina en los años 50 y 60. Mezger fue un muy importante jurista del régimen nazi y esto me sorprendió, me movilizó muchísimo, me indignó y, de alguna manera, eso también me motorizó a profundizar los estudios de estos temas. En una segunda etapa me atrapó por completo la dimensión humana de lo que fue la Shoá y todas las enormes implicancias de Auschwitz, todo ese proceso que desembocó en la matanza de unas dos millones y medio de personas en cámaras de gas en un lapso breve. Desarrollé una extrema sensibilización respecto de los casos en concreto, las víctimas, los mártires, los sobrevivientes, con los cuales estoy en contacto por mi trabajo en el Museo del Holocausto. Y en este contexto de compromiso con este tema, advertí que en el ámbito hispanoparlante carecíamos de un texto que permitiera al lector acercarse a la comprensión de lo que fue la solución final y de cómo se llegó a Auschwitz, cuáles fueron las etapas que llevaron a ese desenlace que constituye el agujero negro de los discursos de la modernidad.

-Quizá no sea casual que usted, un hombre del derecho, se haya dedicado a estudiar uno de los momentos históricos en los que las leyes se pusieron al servicio de una maquinaria asesina como la del régimen nazi.

-Esa es mi gran preocupación desde la óptica del jurista, del académico: el régimen nacional socialista es la peor demostración de cómo el derecho se puede poner al servicio del Estado democrático y también al servicio del peor régimen totalitario, proveyéndole discursos jurídicos que son fundamentales para racionalizar y calmar las conciencias de los burócratas, que son los que impulsan las medidas que llevan, por ejemplo, a la destrucción física de un pueblo. Tenemos que encontrar mecanismos y reaseguros para que el derecho nunca más se ponga al servicio del Estado autoritario. Ese es el gran desafío de las nuevas generaciones de juristas. Pero para eso es fundamental aprender qué fue el régimen nazi, qué fue la Shoá. Es cierta esa frase que se hizo tan famosa en la posguerra: nada es igual después de Auschwitz y todos tenemos la obligación moral de preocuparnos para que no se repita.

-Usted procesó a represores en la causa del Primer Cuerpo de Ejécito y han pasado por sus manos algunos expedientes vinculados con supuestos episodios de corrupción: ¿para la Justicia es más fácil condenar a los represores que a los funcionarios corruptos?

-No, para nada. De hecho, la tarea de los jueces federales, en la medida en que estén las pruebas y que se cumpla con el debido proceso legal y el derecho de defensa, también es la de enjuiciar y, si corresponde, condenar por hechos de corrupción. No hay ninguna diferencia.

-Pero los tiempos en un caso y en el otro son distintos. Hay relevamientos periodísticos que afirman que los juicios de corrupción duran, por lo menos, catorce años, y menos del uno por ciento termina en condena.

-Tenemos dificultades, pero hay que hacer una mirada un poco más amplia de cómo funciona el sistema penal en estos delitos. Hay también un déficit en los organismos requirentes: seguimos contando en la Argentina con un modelo procesal un tanto antiguo en donde el juez tiene la suma del poder y, en verdad, es mucho más moderno que sean los fiscales los encargados de la instrucción y que el juez haga una tarea de revisión de cumplimiento de garantías. Es decir, buena parte de esos años de los que usted habla se consumen en recursos que tiene la defensa, por ejemplo, en todos los momentos del proceso y que paralizan el expediente una y otra vez porque va a revisión a la Cámara Federal y después a la Cámara de Casación y a veces hasta a la Corte. Esas son dificultades o vicios que están alojados en la ley procesal. Es muy poco lo que puede hacer el juez si el sistema procesal les permite a las partes estas situaciones. También está la cuestión de las distintas instancias. Si queremos reducir ese plazo hay que empezar por una reforma del sistema procesal. Hay que hacerlo más ágil, cancelar una serie de posibilidades que tienen los defensores de apelar una y otra vez por las mismas circunstancias.

-Pero no parece haber mucho interés de algunos políticos en hacer una reforma para agilizar las causas por corrupción…

-Sí, diría que de toda la clase política. Básicamente, de los distintos poderes ejecutivos que se han sucedido en los últimos treinta años, porque a nivel nacional, en el orden federal, no ha habido interés en pasar de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio. En cambio, en algunas provincias sí se han dado esos pasos y eso les da más agilidad porque los fiscales pueden investigar a mucha más velocidad, sin tantas formalidades y, una vez que tienen reunida la prueba, ahí va al juez para después llevarlo a juicio. Nosotros tenemos que lidiar con un sistema, sobre todo el de instrucción, que es muy vetusto, muy lento, con muchas trabas. Es un diagnóstico que está compartido por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Poder Ciudadano y todas las entidades preocupadas por este tema. El año pasado asistí a una serie de reuniones en donde diputados nacionales de todos los bloques habían manifestado su consenso en impulsar un proyecto de Código Procesal Penal con estas características. Esperemos que este año se sancione. Sería un paso muy importante para hacer del sistema penal nacional una herramienta más eficiente, más acorde con las expectativas ciudadanas.

-Más allá de las trabas procesales, se sabe que el fuero federal es el más permeable a las presiones políticas, que se deben hacer sentir y también deben influir en los jueces.

-No sé bien cómo definir lo que son las presiones políticas. En mi caso, ya llevo siete años como juez federal en la Capital y no alcanzo a identificar algún acto como una presión política. Si estamos hablando de que algún sector del poder político, sea del oficialismo o de la oposición, a uno lo intenta condicionar fuertemente para que tome una decisión en uno u otro sentido, en mi caso, y también el de otros colegas, no tenemos ese tipo de impresión. Muchas veces también desde los medios de comunicación se brindan opiniones sobre ciertos hechos que se podrían interpretar como una presión o un condicionamiento. Pero no lo sentimos así y soy sumamente respetuoso de las opiniones periodísticas: no las veo como una presión. Depende también de cómo el juez interprete las señales que vienen desde el poder político o desde los medios o de otros factores. En mi caso, y le diría también de algunos de mis colegas jóvenes con los que estoy en contacto, no nos sentimos presionados por la corporación política ni por la periodística o económica.

-Habla de sus colegas más jóvenes, pero también existe un juez como Norberto Oyarbide, el gran símbolo del magistrado cercano al poder. Me imagino que la revelación del anillo que se compró por 250.000 dólares complicó la imagen del fuero, ¿no?

-Es un colega con el que no tengo mucho trato y no me atrevo a dar una opinión. Pero sería una exageración que una personalización represente la imagen de todos los jueces federales.

-Usted dice que no reciben presiones. ¿Tampoco reciben visitas de emisarios que les transmiten lo que quiere el Gobierno?

-Eso me lo preguntan mucho… Estoy esperando que aparezca alguno porque no ha venido nunca nadie. Además, en algún momento no sería tan descabellado que algún representante del Ministerio de Justicia de la Nación se presentara y dijera si necesita algo desde el punto de vista funcional. Nunca pasó. En mi caso, por lo menos, no. Jamás he tenido una visita así o una presión.

-¿No siente que es parte de un fuero que está siempre sospechado por la sociedad?

-No sé. Yo estoy muy ensimismado, embarcado en lo que es mi juzgado, con mi equipo, no me atrevo a dar una definición global o hablar sobre mis colegas. No sé si la imagen es tan así…

-¿Insiste en que el hecho de que no avancen las causas sobre corrupción obedece a cuestiones procesales más que a jueces que ceden ante las presiones políticas?

-Sí, es clarísimo. Ese es el principal obstáculo por remover. Hace falta una reforma para poder agilizar el sistema procesal. Sin duda.

-¿Qué opina sobre el hecho de que el estudio de la esposa e hijo del procurador ante la Corte, Esteban Righi, jefe de todos los fiscales y, por ende, principal responsable de defender al Estado, fuera hasta no hace mucho el principal defensor de funcionarios del Gobierno sospechados de haber afectado el patrimonio del Estado con actos de corrupción?

-Estuve un año y medio trabajando con Righi, antes de mi designación como juez, y tengo una relación de respeto profesional, una visión condicionada por el afecto. Prefiero no opinar.

-¿Tuvo problemas en la investigación de la causa por los sobornos en el Senado?

-Sí, tuvimos dificultades de todo tipo por la enorme magnitud de la investigación. Pero afortunadamente, gracias al trabajo mancomunado del juzgado, de la fiscalía, de la Cámara Federal y el aporte del arrepentido Mario Pontaquarto, las pudimos sortear. Pero también es un ejemplo: una investigación incluso con un procesado confeso, que allana muchísimo las circunstancias, de todos modos se demoró tres años en elevar a juicio y hasta hoy no se pudo comenzar con el juicio oral. La causa de los sobornos es un ejemplo paradigmático de estas dificultades con las que el sistema penal se enfrenta cuando tiene casos de corrupción. Como que todo se vaya paralizando porque son muchos los imputados y cada defensa tiene su propia estrategia. Al mismo tiempo, es un ejemplo de que la investigación avanza cuando hay un trabajo coherente, sistemático, y con una buena relación entre la fiscalía, el juzgado, la Cámara, el tribunal oral, etc..

-Quizá también es un claro ejemplo de cómo puede avanzar un juicio de este tipo porque los acusados ya perdieron poder: De la Rúa, por ejemplo, no estaba en el gobierno cuando fue procesado.

-Y bueno, eso también ocurre mucho. La experiencia indica que, en general, existe lentitud en el descubrimiento de los documentos, en el análisis de las pericias contables a partir de delitos económicos. Todo lleva tanto tiempo que desemboca en imputaciones cuando ese gobierno ya no está en el poder. Pero la investigación muchas veces avanza en forma paralela con el gobierno de que se trate. Sólo que el desenlace, las conclusiones de esas tareas investigativas vienen después.

-En definitiva, ¿no existen hoy “jueces de la servilleta”, como aquellos que Carlos Corach creía confiables durante el menemismo?

-Y… no. En aquel momento se apuntaba a jueces manejados desde el Poder Ejecutivo, cosa que a mí, que llegué al juzgado en 2004, no me consta.

MANO A MANO

Daniel Rafecas no parece un clásico integrante del “partido judicial”, por utilizar una expresión que fue acuñada por Néstor Kirchner en un arranque de furia contra algún fallo adverso. En realidad, su perfil, su trabajo y su discurso están muy en sintonía con lo que cualquier ciudadano común podría exigir de un magistrado en el siglo XXI. La charla me resultó apasionante, en particular cuando hablamos de su libro de investigación histórica sobre el Holocausto. Es notable cómo lleva adelante esa consigna de recordar para que la tragedia no se repita. Algo que, desde su juzgado, también hace con la investigación sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. No es que el resto de nuestro diálogo no haya sido interesante, pero me pareció que en todas las idas y venidas que dimos sobre la justicia federal, al hablar sobre las dificultades para que avancen las causas por corrupción, en él pesó más el respeto corporativo que la admisión de las dificultades en su tarea por culpa de las presiones políticas. ¿Sólo las trabas que impone el sistema procesal hacen que las causas por corrupción duren, por lo menos, catorce años, y menos del uno por ciento termine en condena? No debería dudar de la palabra de un juez, pero hay demasiadas evidencias a lo largo de la historia como para suscribir ciegamente el argumento de Rafecas. Quizá esto de las presiones políticas en la Justicia sea como las brujas: sabemos que no existen, pero que las hay, las hay.

Por Ricardo Carpena

La Nación 

Un departamento con cochera, una parcela en un cementerio de Pilar, ahorros por 6 mil pesos, 5 mil pesos en efectivo y 55 mil dólares son los únicos bienes que el juez federal Norberto Oyarbide presentó en su declaración jurada ante el Consejo de la Magistratura.

El juez federal, que investiga los expedientes más sensibles para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no tiene automóviles registrados, no contrajo ninguna deuda ni hipoteca en los últimos años y no posee tarjetas de crédito.
La última declaración patrimonial, fechada en mayo de 2009, tiene más espacios vacíos que casilleros completos. El contenido de la declaración jurada contrasta con el suntuoso estilo de vida que caracteriza al magistrado. En los últimos meses, Oyarbide se vio envuelto en una nueva polémica por la adquisición de un anillo, valuado –según trascendidos periodísticos– en 250 mil dólares. Luego, la revista Noticias publicó que el magistrado estaba hospedado en un lujoso hotel de Punta Cana cuya suite costaba 1.370 dólares por día.
Por si fuera poco, Lorena Martins, la hija de un ex miembro de la SIDE, denunció vínculos entre el juez y su padre, Raúl Martins. Desde México, Martins admitió haber invitado al magistrado a brindar clases de Instrucción Cívica en un colegio secundario y reconoció haberle comprado una parcela en un cementerio privado. Pero no precisó si se trata de la propiedad que hoy Oyarbide asegura haber adquirido con fondos propios.
El titular del Juzgado Federal y Correccional Nº 5 de la Capital Federal declaró percibir un sueldo neto de 13.601 pesos en su última declaración patrimonial. Además de un departamento de 70 metros cuadrados valuado en 67.605 pesos y una parcela en el Jardín de Paz de Pilar cuyo valor no precisó. El magistrado declaró poseer 6.799 pesos en una caja de ahorro, 5 mil pesos en efectivo y 55 mil dólares.

“Existen indicios de inconsistencia entre los ingresos que declara el juez Oyarbide y lo que muestra públicamente”, explicó Ezequiel Nino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones no gubernamentales que bregan por la transparencia en el Poder Judicial.

La ACIJ accedió a las declaraciones juradas presentadas por Oyarbide durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 e hizo un análisis del patrimonio del juez federal. “Las declaraciones muestran una situación patrimonial incompatible con la adquisición de una joya de un valor tan alto”, dice la ONG en un documento.

El 27 de abril de 2010, el juez federal envió una carta al Consejo de la Magistratura en la que manifestó que “la situación patrimonial en el año 2009 no ha sufrido cambios significativos que ameriten la confección del juego de formularios presentados en esa oportunidad”. De todos modos, Oyarbide envió al organismo una copia de su presentación de pago de impuesto a los bienes personales en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Para Nino, la declaración jurada es “imprecisa” porque “es imposible suponer que la cantidad de dinero en efectivo, en la caja de ahorro, por ejemplo, se mantuviera exactamente igual”.
Según reveló esta semana Perfil.com, el salario del juez se incrementó en los últimos años y en febrero de este año cobró 31.878 pesos de remuneración neta. El sueldo básico bruto de un juez federal oscila hoy entre 22 mil y 23 mil pesos. “Y a eso hay que sumarle la antigüedad que es del 2% por año”, explicó otro magistrado con despacho en Comodoro Py. La Ley de Etica de la Función Pública dispone que los miembros del Poder Judicial están obligados a presentar sus declaraciones juradas, y la Ley 25.188 estipula que los funcionarios públicos “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones”.

Por Rodrigo Alegre

Perfil 

Las principales tareas consisten en mantener actualizadas las redes sociales de la organización, la página web, envío de comunicaciones internas, apoyo en el armado de piezas gráficas, actualización de agendas y contactos, y elaboración del clipping de noticias.

El puesto requiere una disponibilidad de 12 horas semanales, con días y horarios a convenir. Se abonarán los viáticos.

Las/los interesadas/os deberán enviar su CV vía mail a la atención de Laura Coelho, en lcoelho@acij.org.ar, hasta el día 29 de Febrero de 2012.

El documento fue publicado por la Coalición UNCAC  y se presentó en el marco  de las Rondas de Evaluación de esta Convención celebradas en Marrakesh, en octubre de 2011.

En la jornada, se analizaron las perspectivas y desafíos de la efectividad judicial de los casos de derechos sociales, se evaluó la operación de herramientas clásicas y novedosas empleadas por los tribunales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario -astreintes, mecanismos deliberativos y análisis presupuestario- y se compartió la investigación sobre buenas prácticas identificadas en la justicia de la Ciudad. En la jornada se señaló la relevancia de reafirmar el rol del Poder Judicial como actor institucional comprometido con la plena efectividad de los derechos fundamentales, la necesidad de que se refuncionalicen y desarrollen herramientas adecuadas para la administración de los litigios colectivos y estructurales, especialmente en relación con la etapa de ejecución de sentencias, así como la importancia de que la sociedad civil desarrolle activa y responsablemente sus acciones tendientes a identificar situaciones de vulneración de derechos, particularmente de las comunidades más postergadas socialmente.

Entre quienes participaron se encontraban la Dra. Alicia Ruiz (Jueza del STJ de la Ciudad), la Dra. Inés Weingber de Roca (Jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad), magistrados/as de primera instancia en los CAyT: los Dres. Andrea Danas, Fernando Lima, Alejandra Petrella, Guillermo Scheibler; Asimismo se contó con la valiosa presencia de académicos quienes enriquecieron con sus aportes el debate: Susana Cayuso, Martín Aldao, Laura Clérico, Jorge Barraguirre, Francisco Verbic y miembros de ACIJ y la AGT.

Desde ACIJ agradecemos a todos/as quienes participaron de esta jornada, como así también a la delegación de la Comisión Europea en Argentina por haber hecho posible la realización de este intercambio y esperamos que esta agenda de trabajo tendiente a mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones judiciales y a hacer efectivos los derechos de la población mas vulnerable de la ciudad nos siga encontrando en el desarrollo de una agenda de discusión y análisis que arribe a propuestas concretas para lograr estos fines.

Las principales tareas consistirán en la investigación, producción de notas y difusión del trabajo del área. Se requiere experiencia en nuevas tecnologías y una disponibilidad máxima de doce (12) horas semanales con horario a convenir. Se abonarán los viáticos.

Para conocer más sobre las acciones del programa, ingresar al sitio Sin Corrupción

Los interesados/as  pueden enviar su CV y opcionalmente carta de presentación por mail a enino@acij.org.ar, indicando en el Asunto: “Búsqueda voluntarios”, hasta el 27 de febrero.

Scridb filter]]> http://acij.org.ar/blog/2012/02/11/acij-incorpora-voluntarioa-para-el-programa-accion-ciudadana-y-lucha-contra-la-corrupcion/feed/ 0 http://acij.org.ar/blog/2012/02/09/en-seis-meses-mauricio-macri-se-tomo-dos-veces-vacaciones-diario-bae/ http://acij.org.ar/blog/2012/02/09/en-seis-meses-mauricio-macri-se-tomo-dos-veces-vacaciones-diario-bae/#comments Thu, 09 Feb 2012 17:33:40 +0000 admin http://acij.org.ar/?p=3908 Primero fue el crucero en el Mediterráneo; ahora viajó a la Patagonia.

De nuevo, vacaciones. En tan sólo seis meses, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se tomó licencia para descansar algunos días fuera de la Ciudad. Después de su viaje por Europa en agosto pasado, el líder de PRO se volvió a ir el domingo último, esta vez, al sur de nuestro país, junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia. En tanto, la vicejefa, María Eugenia Vidal, estará a cargo del Poder Ejecutivo hasta comienzos de la próxima semana, cuando el mandatario se reincorpore a sus funciones.

“Yo descanso en mi casa, en El Calafate, otros son más suertudos que yo y se van cada tanto de vacaciones”, ironizó la presidenta Cristina Fernández en diciembre pasado, en alusión a los reiterados viajes de placer de Macri, sin saber que el mandatario porteño ya planificaba una nueva “escapadita”.

El domingo pasado, el líder de PRO dejó el Ejecutivo en manos de Vidal hasta el lunes o martes de la próxima semana. Desde el macrismo aseguraron que Macri estará de regreso para la reunión de gabinete del próximo miércoles.

Casi en puntitas de pie, el mandatario porteño partió, junto a Awada y su hija Antonia, al sur argentino, donde ayer pasó su cumpleaños. Si bien desde el Gobierno de la Ciudad no especificaron el destino exacto, Macri podría haber elegido nuevamente Villa La Angostura, el lugar elegido por la pareja en enero del 2011.

Tan sólo siete meses después, el jefe de Gobierno volvió a tomarse vacaciones. Una vez que fue reelecto al frente de la administración porteña el 31 de julio pasado, se fue a Europa por dos semanas. A pesar de que en esa oportunidad tampoco brindó demasiados detalles sobre su viaje, la jefa del Estado reveló el destino elegido por Macri después de que él la llamó para felicitarla por su triunfo en las elecciones primarias. “Estaba en un crucero, en costas italianas, suertudo él”, contó Fernández de Kirchner.

Según la legisladora porteña de Nuevo Encuentro Gabriela Cerrutti, hasta mayo del 2011 Macri se tomó 193 días de licencia durante su gestión. A eso se suman los 13 días de vacaciones del mandatario porteño por Europa y esta última semana en la Patagonia. En esa línea, en septiembre del 2011, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia inició una acción de amparo para que Macri brinde información sobre sus días de licencias por vacaciones.

Desde el Ejecutivo de la Ciudad señalaron que a partir “del inicio de la gestión [10 de diciembre de 2007] hasta el 2010 el jefe de Gobierno se encontró de viaje durante 82 días hábiles en total”.

“De esos 82 días, 44 días correspondieron a viajes oficiales y 38 a viajes realizados por motivos principalmente de índole personal, aun cuando en su vida personal se encuentra investido por el rol de jefe de Gobierno”, detallaron.

A diferencia de los últimos dos años y medio, Macri tiene quien le cubra las espaldas en el Ejecutivo. Vidal se ceñirá a seguir al pie de la letra la agenda que estaba diseñada para el jefe de Gobierno. Si bien prefirió no acudir al acto del martes en la Casa Rosada, en el cual la Presidenta se refirió a las islas Malvinas, la vicejefa dejó sentada su postura sobre el tema: “Es una causa que nos importa a todos, por encima de las diferencias políticas o partidarias que podamos tener con la Presidenta o con el kirchnerismo”.

Por Gabriela Vulcano

Diario BAE

Varios concursos para ingresar en la Justicia porteña ya se encuentran avanzados y próximo a realizarse –o realizándose- las entrevistas personales de los postulantes con los consejeros que integran el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Sin embargo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una demanda contra el organismo para que brinde información sobre las filmaciones de los exámenes orales.

En concreto, desde la asociación civil vienen bregando desde hace siete meses por el pedido de información. Se presentó un amparo que en principio solicitaba el acceso a determinada información pública “en forma completa, veraz y adecuada” sobre el Concurso 46/10, destinado a cubrir una vacante en la Cámara en lo CAyT porteña.

El primer pedido realizado se dio en marzo del 2011, que fue contestado por el organismo pero con restricciones ya que no se facilitó el curriculum vitae de los postulantes. Luego el 28 de junio se reiteró el pedido y el 30 otra vez. Finalmente el 9 de agosto del año pasado la ACIJ recibió una respuesta del Consejo en la que se “denegó el acceso a la información relativa a los CV de los concursantes como a las filmaciones de los exámenes orales”.

Razón por la cual presentó en noviembre del año pasado un amparo ante la Justicia CAyT de la ciudad, juzgado N° 3, que actualmente se encuentra siendo subrogado por Elena Liberatori, puesto que “la negativa de brindar la información requerida es manifiestamente ilegal”.

Luego la demanda (“ACIJ (Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia) contra Consejo de la Magistratura sobre amparo (art. 14 CCABA)” -Expte Nº 43074/0-) fue ampliada al acceso de los CV y las filmaciones de los concursantes que se presentaron a rendir los exámenes orales de los concursos 41/10, 44/10 y 45/10 ya que a fines de noviembre se le denegó la información.

Entre los argumentos de la asociación civil se encuentra que la legislación, la ley 104 de acceso a la información, “recoge los principios básicos en materia de derecho a la información pública, cuya regla es que toda la información en poder del Estado es pública, y su acceso sólo puede denegado en los casos excepcionales”.

Al tiempo que la información solicitada posee “carácter público” y “se trata de información básica relativa a una de las etapas que conforman un concurso público para designar a los funcionarios de un Poder del Estado, en un marco que debiera tener la máxima transparencia”.

Diario Judicial