04.03.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios)

Los servicios públicos, sumidos en el descontrol: el esquema cruje y los usuarios sufren

Los entes reguladores de servicios públicos presentan severas deficiencias en el control de las prestaciones que los concesionarios brindan a los usuarios . La Comisión Nacional de Regulación del Transporte es uno de ellos.

Por Diego Cabot

 Los organismos que vigilan la electricidad, el gas, el agua, el transporte y las comunicaciones, entre otros, presentan irregularidades y falencias; hay intervenciones y no se respeta el procedimiento para elegir autoridades.

Hay que reconocerlo, son un encanto. Comunicarse con los entes de control de los servicios públicos es una gimnasia para los oídos. Quien lo intente pasará largos minutos escuchando bienvenidas de locutoras amables, sonidos de cajitas musicales y excusas. Y finalmente, si hay paciencia y tiempo, llegará el turno de algún operador de carne y hueso, que, con un poco menos de amabilidad, intentará dar alguna respuesta rápida para salir del paso.

Intervenciones, denuncias de usurpación de cargos, ausencia de reglamentaciones, usuarios ausentes, falta de presupuesto, nada de autonomía y total dependencia del Poder Ejecutivo. Esto es sólo un resumen de lo que sucede en muchos de los entes reguladores de servicios públicos que deberían cuidar de que el nivel de las prestaciones que brinden los concesionarios esté acorde con lo que establece el contrato de concesión. Ahora bien, si hay sectores enteros sin ningún tipo de contrato, o lo que es lo mismo, con acuerdos caídos de 2002, ¿cómo pueden exigir cumplimiento estos organismos?

Los entes de control no pueden escaparle al desaguisado en el que se sumergió la Argentina en el sector de los servicios públicos en los últimos años. Y claro, cuando las cosas fallan, los entes quedan en el ojo de la tormenta. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es uno de ellos. Por donde se lo mire, en la secuencia de sucesos que terminaron en 51 muertes y más de 700 heridos en la estación Once estuvo presente la CNRT. Si informó sobre las irregularidades del servicio, pues se demuestra la falta de operatividad de sus advertencias. Y si no lo hizo, demuestra su incapacidad para controlar.

El accidente puso en el tapete el rol del Estado controlante y desnudó las fallas del sistema de vigía del transporte. Esta vez le tocó a la CNRT, pero son varios los organismos que podrían quedar sospechados ante un siniestro de este tipo.

En principio hay dos grandes divisiones: los que regulan servicios domiciliarios y los que vigilan otras actividades.

Entre los primeros se cuenta la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) -que tiene jurisdicción sobre telefonía fija y móvil, telefonía pública, servicios postales, Internet y, finalmente, espectro radioeléctrico-, el Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS). Los tres están constituidos en la década del noventa y estaban previstos para un esquema de Estado concedente, contrato de concesión y control externo a la concesionaria. También los tres estaban diseñados como organismos colegiados con participación de los usuarios en los directorios.

El ENRE no está intervenido, el ERAS tiene una lucha intestina en la integración de su directorio y la CNC y el Enargas mantienen un representante del Poder Ejecutivo como máxima autoridad.

Hay más. Además de la cuestionada CNRT, hay otro ente tristemente célebre: el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), encargado de controlar todas las rutas que tienen peaje y las autopistas. Este organismo quedó en el ojo de la tormenta cuando su director, Claudio Uberti, quedó envuelto en el misterioso vuelo en jet privado que llegó desde Venezuela con valijas llenas de dólares. Uberti se fue y jamás se explicó exactamente cómo era posible que un funcionario abocado al control vial se encargara de los negocios con Venezuela.

En el mundo del transporte aéreo conviven otros dos órganos de control. Uno de ellos es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), encargado del tráfico aéreo y de todo lo que tenga que ver con los aviones y el otro es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que tiene bajo su mirada todas las estaciones aeroportuarias del país.

Hay algunos más, aunque, es verdad, tienen menos relación con los usuarios. Por caso, la Autoridad Regulatoria Nuclear o la Administración General de Puertos (AGP).

La CNC fue intervenida en 2002 y el Enargas, después que estalló el caso Skanska, en 2007. Sin embargo, el organismo que controla el gas ya presentaba irregularidades en su directorio. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicado en 2008, el entonces presidente del Enargas fue designado “en forma unilateral y arbitraria por el Poder Ejecutivo mediante un decreto“. Luego, y ya con la investigación judicial en marcha por el supuesto pago de coimas en la construcción de una extensión de un gasoducto, la Casa Rosada dispuso la intervención por 180 días. Nunca más se levantó y cada vez que es necesario se vuelve a prorrogar.

El ente tuvo el año pasado un presupuesto de 108 millones de pesos, de los cuales 80 se utilizaron para pagar el sueldo de 310 empleados. Para este año, el Estado presupuestó para su funcionamiento 175 millones, de los cuales 142 millones se irán en remuneraciones, según datos oficiales. Además, la plantilla aumentará un 10% y pasará a 340 empleados.

La locutora del ENRE es tan amable como sus colegas. Enumera los números que los usuarios deben digitar y advierte que sólo es posible comunicarse en cualquier momento del día si el usuario sufre un corte de energía. Lo demás tiene horarios. LA NACION intentó conocer telefónicamente cuál sería el nuevo importe si bajara el consumo a la mitad. Pues no hubo una respuesta concreta, ya que las variables que se ponderan en esa boleta tienen otros componentes que no son sólo el consumo.

El ENRE tiene un presupuesto para este año de 130 millones de pesos, de los que 87 millones se utilizarán para pagar los sueldos de los 213 empleados.

INCUMPLIMIENTOS

Leandro Despouy es el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN). El hombre quedó en primera plana estos días cuando publicó un informe que el organismo realizó sobre Trenes de Buenos Aires (TBA). ¿Qué dice Despouy sobre su experiencia en la investigación de los servicios públicos? “Lo que nosotros comprobamos y hemos verificado es que, en primer lugar, generalmente hay notorios y reiterados incumplimientos por parte de muchas de las licenciatarias o concesionarias. En segundo lugar, que los entes reguladores funcionan muy mal, yo le diría que hasta pésimo”, contesta.

Mariana García Torres es abogada, docente de derecho administrativo y, además, representante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el directorio del ERAS. Opina que es necesario revisar el actual sistema de servicios públicos. Dice que en los noventa el esquema que quedó en pie, y que ahora camina rengo, es el de entes colegiados que tengan un contrato de concesión y un prestador. Pero sucede que desde 2002 los contratos cayeron y no quedó un marco regulatorio vigente. Entonces, dice, se entró en una etapa sui géneris en la que el Estado es concedente, prestador, regulador y contralor.

“El sistema de regulación y control amerita una revisión integral. La pluralidad de organismos de control del sector público, y en particular de los servicios públicos, hoy imperante, muestra falencias. Hay facultades concurrentes, otras repetidas. Hay que repensar el esquema”, repite.

Despouy también pone el acento en las pocas calidades del Estado regulador: “El control es efectivo cuando se hace integralmente entre todos los organismos de control, y lo que se ve desde hace años es que los implicados más directamente están debilitados”.

APORTE ESTATAL

Son los millones de pesos a los que asciende el presupuesto de la Comisión Nacional del Transporte (CNRT) para 2012, de los cuales $ 122 millones son para gastos de personal.

La Nación

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