13.11.10 // Novedades, NOVEDADES

Escuchar a la sociedad civil (La Nación)

Un profundo dolor de parto. Un esfuerzo descomunal, pero con un resultado por demás gratificante: el nacimiento de un proyecto asociado. Esta es la metáfora que organizaciones de la sociedad civil (OSC) y representantes del Gobierno utilizan para definir la experiencia de participar en espacios de trabajo conjuntos como referéndum, consultas populares, audiencias públicas, consejos consultivos, foros, presupuestos participativos y mesas de diálogo.

 Más allá de los tropiezos que puede provocar el choque de dos cosmovisiones, los especialistas señalan una tendencia favorable por parte de los distintos niveles de gobierno, de valorar la masa crítica del sector social y convocarlo a involucrarse en la formulación y gestión de políticas públicas. Por su parte, muchas OSC han decidido plasmar su know how social en propuestas gubernamentales que les permiten mejorar la calidad de vida de más personas.

 "Tiene que haber matrimonios y éstos sólo se generan a partir de la confianza", dice Luis María Lafosse, secretario de Cultura, Educación y Turismo de Azul, y coordinador de su Plan Estratégico. Justamente por eso, entre sectores que prefieren ni siquiera mirarse a los ojos, superar prejuicios que están tatuados a flor de piel es el escollo más difícil para poder llevar adelante articulaciones exitosas.

 A priori, los gobiernos prefieren no generar espacios de diálogo con el sector social por miedo a tener que soportar un aluvión de críticas. Por el lado de las OSC temen ser usadas y llamadas a legitimar una decisión que ya está tomada desde el Gobierno.

 A pesar de los mencionados resquemores, estos dos actores políticos que durante décadas estuvieron sentados en veredas opuestas están empezando a tener un diálogo más fluido. "En este último tiempo hemos tenido muchas consultas sobre cómo los gobiernos se pueden relacionar con las OSC y también preguntas desde el sector social sobre cómo incidir en políticas públicas. Hay un hambre muy voraz de las OSC que no es menor, porque sin demanda no sirve la oferta", sostiene Julia D´Agostino, coordinadora de Cippec.

 ¿Pero qué nivel de influencia real tiene el sector social en las políticas públicas? Pasar de la incidencia a la construcción política: ese es el cambio de rol que las OSC tienen que liderar, según Juan Pablo Yovovich, director de FOC. "Durante años participamos de muchos consejos consultivos a nivel local, donde nuestro rol era actuar como control de policía de planes sociales, por ejemplo. Nuestra tarea no era la de pensar el municipio ni qué le pasaba socialmente, sino controlar si el pobre cobraba un plan de más. Hoy, el desafío es vernos como parte de la construcción de políticas públicas, aprovechando la legitimidad que nos da nuestra práctica social. La idea es construir desde un lugar de pares para de esta forma poder sumarse a los diálogos fundamentales."

 Sobre las motivaciones del Gobierno al acercarse a las organizaciones existen un sinfín de explicaciones que pasan desde el verdadero compromiso social hasta el mero interés político de mostrar un perfil participativo. Para Daniel Cravacuore, director de la Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes, la explicación es aún más simple: estrategia, reducción de costos y búsqueda de financiamiento. "En la Argentina, desde los años 90, por influencia de los organismos de cooperación multilaterales, en especial las políticas sociales tendieron a institucionalizar la participación como una metodología más que como un mandato de fortalecimiento democrático, proponiendo la acción conjunta en el territorio de los gobiernos locales y las OSC, y de base en torno de una agenda predeterminada por el gobierno nacional. Esta metodología no estuvo asociada con la búsqueda de una mayor efectividad y legitimidad de las acciones, sino en la dirección de lograr una mayor eficiencia emergente de la disminución de los costos de ejecución de las políticas.

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 "El surgimiento y crecimiento de espacios de interacción en los que se debaten, analizan y a veces deciden políticas públicas se debe, parcialmente, al creciente interés de parte de la ciudadanía y las OSC en participar de las políticas, así como a la mayor predisposición de parte del Estado a abrir instancias de participación y consulta", señala el informe Oportunidades y desafíos en la interacción e stado y sociedad civil a nivel provincial y municipal, realizado por Cippec.

 Según este estudio -que se basó en entrevistas a 52 legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros de OSC locales-, los espacios más utilizados a nivel provincial son la consulta popular, la audiencia pública, y los subsidios a OSC. Otras instancias con un importante número de menciones fueron el convenio de colaboración, el consejo consultivo y la iniciativa popular.

 Con respecto a la configuración legal de los espacios existen los formales, que son los que están regulados según algún tipo de normativa como el presupuesto participativo o los informales, que pueden provenir de una iniciativa estatal, comunitaria o alguna otra modalidad como reuniones esporádicas entre legisladores y líder de una organización de base.

 Políticas sociales tan relevantes como la asignación universal por hijo, el saneamiento del Riachuelo, la calidad de vida de los porteños y las auditorías ya no son materia exclusiva del Gobierno. Las organizaciones sociales -que son las que tienen contacto cotidiano con el territorio y la población afectada- reemplazan picos y palas por hojas con tinta, que se convertirán en la letra de las futuras políticas.

 Cuando el Ministerio de Educación de la Nación tuvo entre sus manos la ardua tarea de conseguir la inclusión educativa de la mayor cantidad de chicos a través de la asignación universal por hijo (AUH), no dudó en convocar a Cáritas, Fundación SES y FOC -tres organizaciones referentes en la temática- para conformar la Red Nacional de Organizaciones Sociales por el Derecho a la Educación.

 El aporte de las OSC era vital: hacer uso de su presencia territorial. Ir casa por casa, llegar a las familias y las escuelas, para promocionar e informar a los adolescentes y jóvenes del derecho a la AUH y de las posibilidades de acceso a las ofertas del sistema educativo.

 "Nosotros nos sentimos constructores conjuntos de esta iniciativa. Resalto la apertura de diálogo del ministro y su equipo, y su preocupación por hacer un trabajo artesanal de orientación barrial para explicar qué es la asignación y orientarlos sobre cómo obtenerla", señala Yovovich, de FOC.

 Lo interesante de la propuesta es que consiguió generar una fuerte articulación con la Anses, los ministerios provinciales de Educación y el Consejo Federal de Educación. Ya son cerca de 1000 OSC las que están implementando esta política en sus localidades, en todo el país.

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 El hecho de que en los últimos años importantes líderes sociales como María Eugenia Vidal, María Eugenia Estenssoro, Toty Flores, Laura Alonso o Nicolás Ducoté hayan dado el salto para debutar en la arena política los convirtió sin duda en impulsores de espacios de interacción con el sector social desde sus bancas.

 Una de estas iniciativas, impulsada por Toty Flores (Coalición Cívica), Laura Alonso (Pro), Horacio Alcuaz (GEN), Eduardo Amadeo (Peronismo Federal) y Eduardo Costa (UCR), es la creación de la Oficina de Diálogo, Participación y Vinculación Ciudadana con el Congreso de la Nación, que permitirá la participación activa de las OSC en el debate de los proyectos de ley que ingresan en ambas cámaras.

 "La complejidad de los temas que atañen a toda la sociedad son de tal magnitud que los representantes del pueblo no pueden tomar una decisión sin consultarles constantemente a sus representados acerca de qué opinan", expuso el diputado Flores.

 En esta línea, la semana pasada se convocó a una audiencia pública de la que participaron más de 87 organizaciones de la sociedad civil para aportar sugerencias sobre la puesta en práctica de la oficina. Entre otras cosas, sugirieron jerarquizar el aporte del mundo académico y de la educación, facilitar la comprensión del presupuesto nacional, promover un marco fiscal y legal que fortalezca a las OSC y dinamizar herramientas de participación.

 El proyecto tuvo giro a tres comisiones parlamentarias: Peticiones, Poderes y Reglamentos; Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda. El objetivo es que se le dé pronto tratamiento al proyecto y, en caso de haber consenso, buscar su tratamiento en forma conjunta por parte de las comisiones.

 A fines de 2009, justo cuando Laura Alonso estaba dejando su cargo de directora ejecutiva de Poder Ciudadano para pasar a integrar las filas de Pro, Mauricio Macri decidió sumarla al proyecto Compromiso Buenos Aires 2020, un proceso de diálogo entre el gobierno porteño y las organizaciones de la sociedad civil, para generar un piso de información sobre la deuda social y física de la ciudad, y sobre los recursos con los que contaba para saldarla.

 "Uno de los aspectos más interesantes fue todo lo que aprendieron los funcionarios, desde Macri hasta muchos de sus ministros, que participaron en reuniones directas con las OSC. Los funcionarios veían las organizaciones como algo extraño, que van a gritarles, y durante el proceso se dieron cuenta de que el solo hecho de sentarse y escuchar es suficiente. A las OSC el hecho de haber tenido contacto físico con los políticos ya les cambió la percepción", dijo Alonso.

 Durante cinco meses, alrededor de 700 personas, representando a los cultos religiosos, sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades, OSC y medios de comunicación, entre otros, insistieron sobre la importancia de focalizar en políticas preventivas más que en políticas paliativas. Las que más preocuparon fueron las temáticas vinculadas con educación, salud, seguridad, y la atención de personas en situación desfavorable.

 "Las OSC tienen el desafío de pasar de la mera crítica a la propuesta que sea efectivamente conducente. Pasar del conflicto a la cooperación. Todos tienen una parte de razón, entonces lo mejor es ver las razones de cada uno, y si se pueden complementar y superar el escollo", finaliza Alonso.

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Yo no quiero cambiar el mundo, pero tal vez puedo cambiar mi cuadra", expresa Lafosse, coordinador del Plan Estratégico de Azul, provincia de Buenos Aires. Con esta frase hace hincapié en las ventajas que brinda lo local y los territorios pequeños para generar cambios significativos.

 Nacido por el impulso de la Fundación CEDA y luego tomado como uno de los bastiones del gobierno local, el Plan Estratégico (PE) de Azul se desarrolló entre 2004 y 2007, y fue totalmente participativo, desde su diagnóstico hasta la formulación de los proyectos. La Junta Promotora estuvo integrada por representantes de bloques de concejales, legisladores, el Centro Empresario de Azul, el Consejo Escolar, la Fundación CEDA, la Iglesia Católica, iglesias evangélicas, las Fuerzas Armadas y Sociedad Rural de Azul, por ejemplo. En el plan participaron 120 OSC y vecinos que quisieron opinar sobre temas específicos.

 "Cuando te abrís a una comunidad, te abrís a una nueva forma de gestionar proyectos, lo que implica otra flexibilidad y capacidad de adaptación. Las ventajas son que podés trabajar con otro, tenés un abordaje más integral y se prioriza la mediación", sostiene Lafosse, que como dirigente político tuvo que modificar muchas de sus rutinas para poder relacionarse con el sector social. "Cuando trabajás con organizaciones tenés que estar en permanente interacción y contacto, por medio de llamadas y reuniones. El día de trabajo deja de estar centrado en lo que vos querés hacer y se tiene que ajustar a lo que las organizaciones demandan y necesitan. Organizar las reuniones es un caos e implica una trama muy compleja de relaciones sociales, una gran mediación y una negociación constante", agrega Lafosse.

 El PE de Azul estableció cinco ejes temáticos sobre los que luego se construyeron los programas y proyectos: éstos fueron identidad y cultura local; articulación público- privada como eje de crecimiento productivo; igualdad de posibilidades y equidad para cada uno de los ciudadanos; conformación de redes de trabajo en equipo, y el eje urbano ambiental.

 De todos los proyectos que a partir de 2007 se empezaron a poner en práctica, la declaración de Azul como ciudad cervantina por parte de la Unesco y el Programa Mejoremos Juntos la Calidad de Nuestra Educación Rural fueron los más relevantes. Este último consiste en brindar clases de educación física, inglés, computación y arte a 200 alumnos de escuelas rurales primarias que antes no tenían estos espacios de socialización.

 En el marco de estas actividades, en 2010 se concretó la conectividad a Internet de todas las escuelas a través del servicio satelital y se creó una banda de vientos y percusión integrada por alumnos.

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 Todos los días, en un barrio de San Miguel, un equipo de 50 vecinos se reúne para definir el destino de parte de los 600.000 pesos que componen el presupuesto participativo anual. Gracias a un profundo proceso de movilización comunitaria, que incluyó una consulta popular a 1500 familias y numerosas caravanas explicando las bondades del presupuesto participativo, la comunidad consiguió que en 2005 la Municipalidad aprobara por unanimidad la ordenanza para la implementación de esta herramienta.

 Este proceso llevó a instalar una manera diferente de gestionar los recursos públicos. Ya no se ejecutan únicamente desde el ámbito estatal, sino también desde lo público, que incluye cooperativas, mutuales, sociedades de fomento y organizaciones civiles.

 "El primer resultado positivo y visible es que se puede administrar un monto cercano al 7% del presupuesto, involucrando a casi el 1% de la población. No es verdad que no se puede discutir entre todos porque eso retrasa la eficacia del gobierno. De hecho, hasta hoy se gestionaron 300 programas, algo que los vecinos valoran porque son temas que eligieron ellos", dice Eduardo Balán, representante del Movimiento por la Carta Popular de San Miguel.

 Dentro del marco del presupuesto participativo funcionan 29 foros barriales, que están constituidos por un mínimo de 40 vecinos y tres ONG que avalan la formación del foro. Se realizan 10 reuniones anuales del foro barrial, en las que se fijan las prioridades para la creación de proyectos. Luego los funcionarios discuten con el foro barrial la viabilidad de estos proyectos, se escriben y se votan. "Los más votados son proyectos relacionados con obras públicas de luminarias, veredas, semáforos, refugios para colectivos y mejoramiento de las plazas. En los primeros años también se priorizó la creación de predios deportivos y actividades recreativas y culturales", cuenta Balán.

 Actualmente se están ejecutando los proyectos aprobados en 2009 y se están votando los de 2011. "Los proyectos se ejecutan con retrasos y las obras no siempre son lo que los vecinos esperan, pero a pesar de la inestabilidad política estos espacios siguen funcionando. Esto demuestra que la sociedad civil está mucho más preparada para sostener espacios de participación que el gobierno", finaliza Balán.

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 En 2003, la Auditoría General de la Nación (AGN) puso en marcha el programa Planificación Participativa, un mecanismo de consulta ciudadana previsto en el artículo 13 del Reglamento Interno del Colegio de Auditores.

 Esta herramienta consiguió resultados concretos, entre los cuales pueden destacarse las auditorías sobre accesibilidad del transporte para personas con movilidad reducida, junto al Area de Discapacidad de la CTA, y el informe relativo a la Sobrepesca, con la Fundación Cedepesca.

 A fines de agosto pasado se realizó una nueva convocatoria para que las OSC presentaran propuestas de auditorías: por ejemplo, ACIJ propuso poner el ojo en el Programa Ingreso Social con Trabajo y la Asignación Universal por Hijo; FARN, en la ejecución presupuestaria del Riachuelo, y la AMIA en la ley de cupo de personas con discapacidad.

 "La consulta es no vinculante y si bien la AGN ya dio una primera respuesta, aún está por verse el grado de incidencia que las propuestas pueden tener en el próximo plan de auditorías", señala Ezequiel Nino, de ACIJ.

 Según la AGN, un 80% de los temas sugeridos está considerado en el Programa de acción anual 2011 que se envió a consideración de los auditores generales y que, una vez aprobado, se remitirá a la Comisión Parlamentaria Mixta del Congreso.

 El sector social está de acuerdo en una cosa: es necesario sistematizar los espacios de participación para que no queden librados a la voluntad del funcionario de turno y la presión de las OSC. Leandro Lescano, integrante del movimiento Vecinos por la Carta de Bariloche, argumenta que lo que faltan son sistemas. "Si la participación está sistematizada, facilita el proceso de participación. El Estado tiene que generar estas instancias y después la motivación tiene que surgir de las OSC."

 En el segundo semestre de 2005 un grupo de vecinos perteneciente a diversas organizaciones no gubernamentales mostró interés por la convocatoria del Concejo Deliberante de Bariloche a sumarse a trabajar en la reforma de la Carta Orgánica.

 "La idea era que los vecinos y las organizaciones nos juntáramos para generar una carpeta de ideas para presentarles a los futuros convencionales deliberantes. En ese espacio, cinco vecinos empezamos a pensar que había que hacer algo más y tratar de incidir en la reforma de la Carta Orgánica", cuenta Lescano.

 De a poco, el grupo comenzó a funcionar con fuerza y adquirió el nombre de Vecinos por la Carta. Trabajaron con los convencionales en los temas que querían que estuvieran presentes en la Carta Orgánica. "Trabajamos muy fuerte en la redacción del reglamento interno, para que tuviese un espíritu participativo. Logramos que los vecinos fueran escuchados", dice Lescano.

Este movimiento contribuyó con más de dos decenas de proyectos que, en su mayoría, fueron plasmados en la Carta reformada. Acceso a la información pública, audiencia pública, iniciativa popular y la banca del vecino fueron algunos de ellos. Actualmente, Vecinos por la Carta está trabajando en la implementación del Presupuesto Participativo, al que van a dedicar gran parte del año próximo.

 Si bien todavía no está instalada en el Gobierno una forma de pensar la política que siempre tenga en cuenta los aportes del sector social, estos ejemplos muestran la voluntad de abordar la realidad con otros ojos y así conseguir una mirada más amplia y representativa.

Por Micaela Urdinez / De la Fundación LA NACION

La Nación

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