Una sonrisa casi como un rictus. Vestido verde, sentada derecha, la vista al frente. Así, Daniela Bruna Ugolini pasó la audiencia pública para su designación, mientras escuchaba cómo los jóvenes de Proyecto Sur le gritaban “fascista” y “empleada de Macri”, al tiempo que forcejeaban con la seguridad de la Legislatura en el coqueto Salón San Martín. La candidata de Mauricio Macri para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) siguió impasible los discursos de los que la impugnaban, que revisaron buena parte de sus fallos contra diversos derechos “y siempre a favor del poder”. Hubo también críticas a la resolución del TSJ que permitió la audiencia (lo compararon con el per saltum la Corte menemista) y señalaron que el acto se hizo pese a que ayer la jueza Helena Liberatori firmó otro fallo en la que anuló todo el proceso.
El jueves por la tarde, el TSJ hizo lugar a un planteo del gobierno porteño, que por esa vía consiguió saltear la Cámara en lo Contencioso Administrativo y habilitar la audiencia pública. La magistrada Alicia Ruiz firmó en disidencia. Argumentó que se estaba violando la independencia del Poder Judicial y recurriendo a un per saltum.
El PRO había avanzado con el procedimiento desoyendo cinco fallos en contra, que el Tribunal máximo suspendió. Sin embargo, por la noche, Liberatori firmó un nuevo fallo, esta vez sobre la cuestión de fondo de su causa. En el escrito, la magistrada dejó constancia de la orden del TSJ de retirarle el expediente cuando estaba dictando sentencia y de “la presión que ejerce en mi ánimo dicho requerimiento, el cual considero que afecta en modo escandaloso la independencia judicial”.
Liberatori decretó la nulidad del proceso, pero el presidente de la Junta de Etica de la Legislatura, el radical PRO Oscar Zago, interpretó que se podía continuar con la audiencia pública dado que la sentencia no está firme. Pese a que al mismo tiempo exponía el ministro de Educación, Mariano Narodowski, la atención se concentró en esa audiencia, a la que asistió el vicepresidente primero Diego Santilli y el titular de PRO, José Torello.
Pandemonium
No pasaron diez segundos de que Zago había abierto la audiencia cuando comenzaron los gritos de los militantes de la agrupación Iure y de Proyecto Sur. “¡No se puede hacer esta audiencia! ¡Ugolini fascista!”, gritó una de las chicas. El legislador macrista continuó leyendo el expediente, mientras los jóvenes coreaban: “Que se vaya, que se vaaaaaya”.
Zago amenazó con desalojar la sala. Se armó una fila de hombres corpulentos de seguridad que separó a la candidata de los manifestantes, que se amontonaron contra la valla humana y mantuvieron un ida y vuelta de empujones durante toda la audiencia, condimentado con cánticos como “Ugolini, basura, vos sos la dictadura”. Las sillas volaron y fueron rápidamente retiradas del Salón San Martín, cuyas señoriales arañas iluminaban el clima de asamblea. Ugolini subió al estrado para dar sus palabras iniciales, pero nadie pudo escucharla. Apenas algunas frases se colaron entre los coros de “no vas a asumir”. “Esto es una muestra de autoritarismo”, dijo, con una sonrisa que no la abandonó en ningún momento, y le contestaron: “¡Callate, fascista!”. “Estos son los valores que yo aprendí derechita”, afirmó en otro tramo, luego se bajó, entre silbidos y abucheos, y volvió a su silla.
“Mi presencia aquí no plantea convalidar este proceso. Hay un fallo judicial que declara nula esta audiencia”, planteó la titular del Inadi, María José Lubertino. “Ugolini sostuvo que para autorizar una operación de ligadura de trompas, si la paciente estaba casada, debía pedir autorización a su marido, lo que constituye una discriminación de los derechos sexuales”, advirtió. Entre gritos, cantos y una larga serie de manotazos, se sucedieron otros expositores: Eduardo Tavani, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, comparó el fallo del TSJ con el de la Corte menemista “cuando secuestraron el expediente del caso Dromi”; Cecilia González de los Santos, de la UEJN, consideró que el PRO quiere “convertir la Justicia en una monarquía”; Demian Zayat (Copadi), Gustavo Maurino (ACIJ), Alvaro Guerrero (ADC), Paula Litvachky (CELS) y Hernán del Gaizo (AJUS) repasaron los dictámenes de Ugolini. “Esto no es una audiencia, es un circo. El jefe de Gobierno está cometiendo un delito”, dijo Carlos Pisoni, del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad.
“La impugnamos por lo que sucedió con Florencia Gamboa. Ugolini la hizo echar con la policía del Mariano Acosta y no tuvo en cuenta su derecho a estudiar como adolescente”, cuestionó Graciela Moyano, secretaria gremial de UTE-Ctera. “Se mostró en contra de remover las placas con los nombres de los represores”, recordó, y los gritos de los estudiantes la taparon nuevamente. “No le reconozco legitimidad a esta audiencia. Que la integración del TSJ esté sospechada es perjudicial para la salud cívica”, estimó la legisladora de la Coalición Cívica Diana Maffía. En tanto, su compañero de bancada, Facundo Di Filippo, intentaba frenar a los agentes de seguridad, que querían expulsar a los jóvenes del salón a empujón limpio. “No desalojen la sala”, gritaba. En la puerta de la Legislatura, la misma situación se reproducía con otro grupo al que se le impidió entrar. “Acaban de pegarle a una de las chicas. Habría que interrumpir la audiencia”, sostuvo Maffía. “No vamos a interrumpir”, replicó Zago.
“La presidencia del cuerpo está filmando a los chicos que ejercen su derecho a protestar”, denunció el legislador electo de Proyecto Sur Rafael Gentili, cuando le tocó el turno de hablar. “Este proceso es autoritario e ilegal. Fue el macrismo el que decidió que fuera un escándalo. Ugolini presentó una declaración jurada que no permite ver su patrimonio, pese a lo que hemos detectado que tiene un patrimonio de 500 mil dólares”, dijo.
–¡Termine de una vez! –lo apuró Zago.
–Si no me interrumpe, termino más rápido –contestó Gentili–. Con el per saltum del TSJ estamos ante el regreso del menemismo. Y ya sabemos lo que nos ha costado a la salud del país.
Por Werner Pertot