25.03.07 // Novedades, NOVEDADES

Entes reguladores sin control

Desde su creación, algunos de los aspectos más cuestionados de estos organismos provienen de su conformación y modo de funcionamiento, fuertemente vinculados a los intereses y alianzas de los gobiernos de turno. Según un estudio sobre los entes de control que realiza la Asociación Civil por la Dignidad y la Justicia (ACIJ) desde hace ya varios años, cuatro de los cinco entes públicos que deberían regular y controlar a las empresas que prestan servicios públicos, y que deberían ser el vínculo entre las compañías y los usuarios, no respetan siquiera las normas que los obligan a concursar los cargos directivos.

La norma, que persigue la independencia de los organismos respecto de las empresas y del Poder Ejecutivo, ha sido también vapuleada por el actual gobierno. No sólo no se respeta el concurso de antecedentes para nombrar funcionarios, sino que dos de los entes están intervenidos por el Poder Ejecutivo y todos ellos dependen formalmente del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que tiene a su cargo el control de los servicios telefónicos, postales y del espectro radioeléctrico, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) están intervenidas desde 2002, cuando se decretó la emergencia nacional.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) debería estar dirigido por un directorio de cinco miembros elegidos en un proceso de selección de antecedentes. Hoy nada de eso sucede. El organismo está dirigido por Fulvio Madaro, un funcionario relacionado con De Vido, que fue designado por un decreto del Poder Ejecutivo tras la renuncia de su antecesor. Además, la comisión bicameral del Congreso que tendría que haber refrendado el cambio nunca lo hizo. El ente regulador del gas también tiene un cuerpo de vocales que debería haber sido nombrado por una convocatoria abierta, y, sin embargo, fueron designados por sendos decretos del Poder Ejecutivo. Entre ellos se encuentra Ricardo Velasco, marido de la ministra de Economía, Felisa Miceli.

El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) debe estar dirigido y administrado por un directorio constituido por cinco miembros. Sin embargo, no tiene presidente desde hace varios años y funciona con un vicepresidente como máxima autoridad, también nombrado por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al recientemente creado Ente Regulador de Agua y Saneamientos (ERAS) corresponde mencionar que tendrá menos funciones que el anterior, carecerá de participación de los usuarios y será bastante más dependiente del Ministerio de Planificación Federal. Según el informe de la ACIJ, el organismo tiene algunas fallas estructurales que afectarán su independencia respecto de la empresa.

Por otra parte, quien elige a los directores del ERAS es el Poder Ejecutivo, a recomendación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, es decir, “las mismas personas jurídicas que tienen participación accionaria en la concesionaria”, sostienen los investigadores de la ACIJ. Y, como es evidente, parece bastante discutible la eficiencia e imparcialidad de un ente estatal que deba controlar a una empresa igualmente estatal como lo es ahora AySA, máxime cuando en el caso no se han previsto mecanismos de designación por concurso, que posibilitarían algún grado de transparencia y participación ciudadana en el proceso.

El financiamiento previsto provendrá de un porcentaje a fijarse sobre la facturación de AySA. Esta es una modalidad que ya ha recibido críticas y se considera la menos apropiada ya que no genera incentivos para que el ERAS promueva una reducción de las tarifas (ya que de ese monto depende fundamentalmente su presupuesto), lo cual crea a su vez un factor que contribuye a cimentar aún más su falta de independencia.

En el caso del ENRE, todas las empresas que conforman el mercado eléctrico deben abonar una tasa de fiscalización, de la cual una parte sustancial se destina a rentas generales sin fundamento legal que lo autorice por tratarse de una tasa destinada al funcionamiento de dicho ente.

Para que los entes reguladores funcionen de manera eficiente y justa deben ser realmente independientes e insospechados. Si se advierte que en la actualidad su composición no garantiza esa independencia y transparencia en su elección por no seguirse los mecanismos establecidos para la designación de sus integrantes, por mantener intervenidos desde hace años algunos de ellos o directamente por omitir su creación, los usuarios no podrán contar con organismos que les garanticen los controles para los que fueron creados. La Nacion.com

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