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Entes de control: advierten sobre una política de desmantelamiento

La mayoría está acéfala o intervenida. Así, plantean menos exigencias al Gobierno para la rendición de cuentas.

POR JUAN CRUZ SANZ

El Ejecutivo Nacional ejecuta y casi nadie controla. La tendencia que el oficialismo inició con la restricción a la facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en 2009, se trasladó a todos los organismos de control.

La evaluación de los organismos de regulación y control de las cuentas públicas es negativa.

Cuatro están intervenidos, otros no tienen conducción estable y uno ni siquiera fue creado.

El único que funciona correctamente es la Auditoría General de la Nación (AGN), aunque la mayoría oficialista intenta manejar el curso de cada uno de sus informes. Y los legisladores K cajonean los que son más molestos para el Gobierno.

Un monitoreo conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano pone el foco en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que se mantiene a cargo de un subrogante y actúa como si estuviera atada de manos. Por otro lado, las comisiones reguladoras de servicios públicos como la CNRT (transporte), CNC (comunicaciones), Enre (electricidad) Enargas (gas) están intervenidas, situación que limita su margen de maniobra. Lo mismo sucede con el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI).

Peor le va a un ente que debió crearse por ley: la Comisión de Etica Pública nunca se integró.

Y con tres años de demora una bicameral legislativa está recién por designar una defensora del público de los medios audiovisuales,impuesta desde el Gobierno.

La situación de la Sigen (Sindicatura General de la Nación) no difiere mucho del resto. Es controlada por Daniel Reposo, confeso kirchnerista que debió bajarse de su postulación a procurador de la Nación poracumulación de impugnaciones . Su primera medida fue dejar de publicar los informes en la Web. El titular de la Auditoría, el radical Leandro Despouy, acusó a Reposo de mentir, de no entregar información y falsear datos.

“No respeta los parámetros del sistema interamericano”, afirmó. La Oficina Anticorrupción, a cargo del ultra K Julio Vitobello, también es sospechada de proteger a funcionarios, en lugar de investigarlos.

Además, el estudio conjunto de las ONG indica que “la existencia de una mayoría oficialista en la dirección colegiada de la AGN –principal organismo para el control del Gobierno– constituye una violación grosera del principio de independencia”. Y expresa que “corresponde al Congreso la asunción de su indelegable y postergada responsabilidad de adecuar la legislación regulatoria de la AGN a la Constitución”. También dice que “es fundamental una reforma legal que adapte la normativa a estándares internacionales”.

El informe habla del desinterés del Gobierno en aceitar los entes que deben controlarlo y del Parlamento para permitir que suceda. Remarca que desde la reforma constitucional de 1994 el Congreso debe la ley que regule la Auditoría. Como conclusión, el texto señala que existe un “inconstitucional desmantelamiento que padecen los órganos de control, de protección de derechos y rendición de cuentas en el país, del cual resultan responsables los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Clarín