25.09.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

Enriquecimientos: el código no escrito de la impunidad

Nota de Opinión de Manuel Garrido, diputado nacional por la UCR y ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas,  en el que se menciona el trabajo de investigación realizado por ACIJ y CIPCE.

Por Manuel Garrido

Las investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos de estos últimos diez años ponen en crisis algunos presupuestos que motivaron su incorporación al Código Penal hace cincuenta años. Se presumía entonces que el problema de la impunidad de la corrupción de los funcionarios se debía a cuestiones técnicas derivadas de la complejidad probatoria requerida por las tradicionales figuras delictivas y que la solución era simplificar la prueba exigiendo solamente la demostración del estado patrimonial y su comparación con los ingresos legítimos.

El panorama actual de estas causas, sin embargo, no se diferencia del imperante en las que tramitan por otros delitos de corrupción.

Una investigación reciente de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Cipce (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) describe una realidad común de procesos que se eternizan, con un promedio de al menos 11 años de duración, peritaciones contables larguísimas, interminables incidentes y recursos, juicios que también se postergan y escasas sentencias, ya que los procesos muchas veces concluyen por el mero transcurso del tiempo. Estos datos parecieran controvertir la supuesta sencillez probatoria del enriquecimiento, especialmente cuando nos enfrentamos a patrimonios complejos y significativos y a barreras puestas desde las áreas del Poder Ejecutivo que cuentan con información esencial para esas investigaciones, como la AFIP.

También podría dar pie a un reiterado reclamo de reformas procesales, tales como las citadas organizaciones promueven en las conclusiones de ese trabajo. Pero, sobre todo, son un dato más de la falta de independencia y eficacia de la Justicia, especialmente cuando se trata de investigar a quienes se hallan en el poder.

Los últimos años han sido un verdadero laboratorio de patrimonios efervescentes, con incrementos repentinos y notables, aun sin computar el previsible ocultamiento disponible a través de paraísos fiscales, testaferros y artilugios societarios diversos.

El laberinto procesal de las investigaciones del patrimonio del ex presidente Carlos Menem en la década del 90, en el que sucesivas incompetencias y decisiones de la amistosa Justicia riojana fueron cimentando su impunidad, y la velocidad supersónica, las increíbles peripecias, sorprendentes omisiones del Ministerio Público e innovaciones procesales absolutorias aplicadas en los procesos abiertos en relación con el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner son ejemplo de esa inconsistencia del sistema judicial a la hora de juzgar a los poderosos, o al menos pedirles explicaciones básicas en un sistema democrático.

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