22.03.16 // Novedades, Derecho a la Ciudad (novedades), NOVEDADES, Villas e Integración Urbana (novedades)

En el Día Mundial del Agua, las villas piden una gota de atención

El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Es una buena oportunidad para reflexionar sobre la situación que viven quienes habitan en las villas de los grandes centros urbanos de nuestro país, que siguen padeciendo la falta de acceso adecuado al agua potable.

agua

Todos los derechos deben ser garantizados por el Estado sin discriminación. Sin embargo, aun en ciudades ricas, como la Ciudad de Buenos Aires, quienes viven en villas y asentamientos padecen de un acceso al agua deficitario, por debajo de los estándares que goza el resto de los pobladores de la ciudad. La distribución de los servicios públicos pone de manifiesto un patrón de desigualdad discriminatorio hacia los sectores de menores ingresos, en especial de aquellos que viven en villas. Las obras que allí se realizan en cuanto a la infraestructura para la prestación de servicios no responden a planes integrales de urbanización, y el caso del agua no es la excepción.

En las villas de la ciudad el acceso al agua potable y al saneamiento es estructuralmente crítico. Existen territorios donde la intervención estatal es nula: las cañerías dañadas, el desborde de los pozos ciegos y cámaras sépticas, el colapso de la red cloacal y la existencia de agua servidas exponen continuamente a los habitantes de las villas a una situación de riesgo sanitario, muy nocivo para la salud. Pero incluso en los casos en los que, tras prolongadas disputas e intervenciones estatales costosas, se desarrollaron obras públicas y de mejoramiento barrial, la prestación resulta deficitaria. Por caso, la baja presión del agua es una constante que obliga a los pobladores de villas y asentamientos a generar mecanismos de aprovisionamiento, a altas horas de la madrugada y con las consecuencias que esto tiene respecto a la calidad del agua almacenada o la generación de condiciones para la propagación de enfermedades como el dengue, que no casualmente tiene una gran incidencia en estos barrios.

Una situación similar sucede en la mayoría de las villas de la Provincia de Buenos Aires. El barrio de Villa Inflamable -en el que ACIJ viene trabajando hace años-, por ejemplo, carece de agua potable. Su alto grado de contaminación -que no la hace apta para el consumo humano-, obliga a sus habitantes a consumir sólo agua de bidones. Ello se ve agravado por el hecho de que el sistema de red no cuenta con la presión necesaria para cargar los tanques y permitir la higiene tanto del hogar como personal. Todo ello obliga muchas veces a que de forma inadecuada los vecinos deben utilizar el agua de bidones no para beber sino para cocinar, lavar alimentos, lavar ropa, limpiar la casa, la vajilla y los utensilios de cocina, tirar la cadena del inodoro o poder darse un baño de agua fresca.

La relevancia del derecho al agua es tal, que ONU-HÁBITAT considera que para determinar si un hogar reside o no en un asentamiento precario debemos ver si carece de “acceso fácil a agua potable en cantidad suficiente y a precio razonable”, entre otras condiciones, ya que el acceso a servicios básico anexos al hogar, como el agua potable, es indispensable para garantizar un nivel de vida adecuado.

El derecho humano al agua es inescindible del derecho a la vivienda digna. Uno de los principios aplicables a los Derechos Humanos es que son indivisibles, por lo que se afirma que el Derecho a una vivienda adecuada perdería su sentido si no se adoptara un enfoque que destaque la interrelación e interdependencia con otros derechos esenciales como el de tener acceso a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la educación, a la salud y el derecho al agua.

En función de ello, es necesaria una profunda reflexión sobre los modelos de crecimiento urbano promovidos hasta ahora, marcados por un alto grado de desigualdad e insostenibilidad, que apunte a generar las condiciones para hacer sustentable el consumo de agua y energía en nuestras ciudades, y comience por revertir las condiciones de segregación que redundan en un acceso discriminatorio al agua segura.