08.09.17 // Derechos Económicos Sociales y Culturales (medios), Destacadas (medios)

Empezó el proceso para designar al defensor del niño

Por Valeria Musse

Doce años pasaron para que el Congreso saldara una deuda con los chicos y los adolescentes: la designación de un defensor. Ayer, comenzó una audiencia pública de tres jornadas para que organizaciones civiles y de la comunidad intercambien opiniones sobre cómo debe ser el proceso de selección del nuevo funcionario.

La Argentina nunca había contado con una institución para velar por el ejercicio de los derechos de los menores de hasta 18 años y alertar al Estado sobre cualquier incumplimiento.

La ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se sancionó en 2005, creó la figura del defensor. Una comisión bicameral debía nombrarlo en 90 días, pero el plazo se extendió 40 veces más porque el Congreso no eligió los 10 miembros de la comisión. Este año, luego de un exhorto judicial, la comisión quedó integrada por cinco senadores y cinco diputados de distintos partidos políticos.

La lista de oradores incluye a 133 personas para las tres jornadas. Pero la última palabra en la designación la tendrá la comisión.

“Podrá tomar decisiones administrativas y judiciales en casos individuales o colectivos”, explicó a LA NACION Carmen Ryan, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que integran Infancia en Deuda, un colectivo que nació con la campaña Defensor Ya para asegurar el cumplimiento de la ley 26.061.

El colectivo está integrado también por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y Aldeas Infantiles, entre otros.

Facundo Hernández, de Infancia y Adolescencia, resaltó: “Hoy, el principal problema es la pobreza infantil”. Las cifras de Unicef indican que en la Argentina hay 5,6 millones de chicos pobres, es decir, más de la mitad de la población infantil.

“Detrás de estos números está la vulneración de los derechos: falta de acceso a los servicios, al colegio porque tienen que salir a trabajar, a las vacunas y muchos aspecto más. El defensor debe bregar para que el Estado se ocupe”, recalcó Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, a LA NACION.