03.05.09 // Novedades, NOVEDADES

El vacío legal facilita el uso de los fondos públicos (La Nación)

El uso de bienes públicos por parte de Néstor Kirchner reaviva la polémica que se dio durante las elecciones nacionales de 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner era primera dama y candidata presidencial por el oficialismo.

La causa penal que se inició en la Justicia por el uso de bienes públicos para aquella campaña terminó archivada por inexistencia de delito. Pero generó un pedido de Manuel Garrido, por entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), para que la Oficina Anticorrupción (OA) reglamentara la utilización de recursos del Estado por las esposas o esposos de los presidentes.

La OA, sin embargo, todavía no resolvió su pedido, mientras analiza otro pedido del fiscal federal Federico Delgado para que se reglara el uso de aviones de la Presidencia.

Aunque la legislación es ambigua, un ex camarista electoral y tres dirigentes de ONG que trabajan en asuntos de transparencia y financiamiento político sostuvieron que es irregular que el Estado solvente gastos de los actos de Kirchner.

“Poner los recursos del Estado a disposición de un candidato es irregular. Si por una cuestión de seguridad el esposo de la Presidenta debe moverse en vehículos oficiales, su partido debería hacerse cargo de los gastos que se generan”, sostuvo Pablo Secchi, de Poder Ciudadano.

Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), coincidió con Secchi: “Que se vuelquen fondos públicos a la campaña es una malversación de fondos públicos. Quizás es entendible que viaje en el avión presidencial, pero en este caso hay un uso de fondos y personas para una campaña política”.

Para Alejandro Paz, ex integrante de la Cámara Nacional Electoral, la situación no sólo es irregular, sino que atenta “contra la ética republicana y contra la letra de la ley”.

También Eugenia Braguinsky, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), cuestionó la posibilidad de que Kirchner use vehículos oficiales y de custodia. Y consideró “injustificable” que el Estado se hiciera cargo de la televisación de los actos de campaña y de la transcripción de los discursos.

La Nación

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