28.07.07 // Novedades, NOVEDADES

El silencio de los entes reguladores (La Nación)

Esa modalidad puede advertirse en la referencia a sus respectivos entes por parte de las empresas de servicios para que los usuarios puedan recurrir en demanda de información o por quejas por la calidad de las prestaciones. En diciembre de 2003, el presidente Kirchner dispuso mediante el decreto 1.172 acerca del acceso a la información de esos entes, pero la organización no gubernamental Asociación Civil por la Dignidad y la Justicia (ACIJ) ha cuestionado su incumplimiento por parte de la mayoría de ellos, ante las demandas de usuarios, periodistas, políticos y economistas. Esas situaciones se observan en las carencias de sus páginas de internet y en las demoras o virtuales negativas a responder solicitudes de informes. No pocas veces los vacíos informativos se tratan de llenar remitiendo a organismos del Poder Ejecutivo, olvidando con ello la autonomía de los entes reguladores, y es que casi todos ellos están regenteados por directivos no concursados y designados por el Gobierno. Los entes más cuestionados según ese informe son los de gas (Enargas) y electricidad (ENRE), seguramente también los más acuciados por la crisis de sus respectivos sectores.
Los de transportes (CRNT) y comunicaciones los siguen y se han ido sumando a esos incumplimientos del decreto 1.172 conforme las dificultades y conflictos en las prestaciones fueron incrementándose. Por otra parte, la ACIJ señala que en los recientes años ninguno de los entes ha aplicado los reglamentos de audiencia pública y participación en la elaboración de normas de servicios. Esta última anomalía impide que las prestaciones y los intereses relacionados con ellas conlleven índices de satisfacción aceptables. La conocida falacia según la cual un problema no existe si se lo oculta o ignora, tarde o temprano deriva a un mal mayor, a pesar de las directivas que un poder supremo pueda impartir. Por lo demás, la ACIJ presentó ante la Justicia tres recursos de amparo para conocer las renegociaciones de contratos en la jurisdicción de Enargas, sin resultados concretos. De mayo de 2004 es la última audiencia pública que ese ente consigna en su página de internet, mientras otros órganos de control no publican las actividades específicas de sus autoridades; esa acumulación de referencias negativas evidencia sus disciplinadas dependencias del Ministerio de Planificación.
Por otra parte, los sectores parlamentarios de oposición no hallan en el oficialismo la compañía necesaria para formular pedidos de informes o convocar a los responsables de los entes reguladores para que den cuenta de sus funcionamientos. Puede advertirse así que esos organismos no cumplen con los fines que les dieron origen, siendo reflejos de una gestión política superior consistente en negar las crisis mediante la ficción o el silencio. Grosero testimonio de ello ha sido el prolongado congelamiento del proyecto de ley de acceso a la información pública de los poderes del Estado por el Congreso, después de que la comisión senatorial de Asuntos Constitucionales que preside la senadora Fernández de Kirchner rectificó su antigua concepción como opositora, para hacer de él una rejilla burocrática imposible de atravesar por las demandas de quienes quieren saber qué ocurre con lo que pagan con sus dineros y sus esfuerzos.

La Gaceta

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