21.09.08 // Novedades, NOVEDADES

El santo de los aumentos en los teléfonos (Perfil)

Negociar una suba de tarifas se ha vuelto un karma para los empresarios en la gestión kirchnerista. Han puesto en práctica todas las técnicas de negociación, pero deben aguardar la respuesta oficial con paciencia zen. Pero los consumidores no deberían alegrarse tanto ya que algunas compañías están tomando atajos para aumentar los valores. Sucede con las telefónicas, amparadas en una suerte de anarquía en el sector telecomunicaciones de la administración de Cristina Fernández.

Telecom y Telefónica acaban de aumentar en forma encubierta las líneas control, que utilizan unas 3 millones de personas en el país, la mayoría jubilados o de escasos recursos. Fue el tercer aumento del servicio en un año y se realizó en forma aparentemente indebida: sin autorización de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y sin audiencia pública. El silencio oficial no sorprende: “El descontrol es total, cada uno hace lo que quiere”, dijeron a PERFIL expertos, ONG y dirigentes opositores.

La polémica viene en aumento: organizaciones defensoras de los usuarios adelantaron que demandarán al titular de la CNC, Ceferino Namuncurá, por incumplimiento de la función de control y regulación que tiene el organismo (ver recuadro). La suba, además, parece ser la punta del iceberg de un sistema colapsado, donde las opacidades en el ente son tan amplias como sus funciones. Desde el control de antenas de celulares y la falta de respuestas a reclamos hasta interferencias por radios ilegales son potestad de la CNC.

El Centro de Educación al Consumidor (CEC), que dirige Susana Andrada, se puso a la cabeza del reclamo por la suba de tarifas. El aumento se dio en las líneas Cero, de Telecom, y Control, de Telefónica, que limitan el gasto hasta cierto monto y luego se utilizan con tarjetas prepagas. “El aumento es totalmente ilegal, estamos preparando una denuncia administrativa contra las empresas y otra contra la CNC, porque la connivencia entre las dos es bochornosa”, enfatizó Andrada.

Voceros de sendas empresas explicaron que en realidad “a estas líneas se aplica un costo de bloqueo, que antes estaba bonificado pero luego este descuento se redujo”. Letrados de ONG vinculadas al consumo advirtieron sin embargo que “las publicidades daban a entender que el costo de las líneas era final”. Según normas de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), las subas tarifarias de las compañías privatizadas deben ser debatidas en audiencia pública y aprobadas por el Ejecutivo, “algo que ahora no sucedió”, sentenció Andrada.

Por falta de apego a estas regulaciones, las telefónicas debieron dar marcha atrás en 2006 con un incremento de tarifas similar, agregó.

Al margen del marco regulatorio, miles de personas colapsaron las líneas del CEC ante la falta de respuestas de la CNC, que tiene un 0-800 dedicado a los reclamos. Cuando esta semana llegaron a los hogares las facturas telefónicas, el centro recibió más de tres mil denuncias en 72 horas. Y los abogados comenzaron a tomarlas como prueba. A fin de mes serían presentadas ante la Justicia las acusaciones contra telefónicas y el titular de la CNC.

Una fuente cercana a Ceferino Namuncurá sostuvo que el interventor está al tanto de las causas en su contra y de la preocupación por el aumento de tarifas, aunque evitó responder llamados de este medio realizados las últimas tres semanas. En las cinco oportunidades se encontraba ausente de su oficina.

No es la única polémica: la instalación de antenas celulares y la desprolijidad en facturas de telefonía están a la orden del día. Las antenas instaladas en colegios y hospitales sacaron a la luz el problema, que aún persiste. “Su potencia puede causar daños a la salud, pero varía a cada minuto, dependiendo de los usuarios conectados, por lo que es necesario medirlas todo el tiempo. La CNC mide la potencia una vez y vale para toda la eternidad”, explicó el ambientalista Antonio Brailovsky.

El especialista, ex defensor del Pueblo porteño, denunció que es “desconcertante” que la CNC no registre las denuncias, “por eso los problemas subsisten durante años”. Las mediciones sobre unas mil antenas en Capital indican que las emisiones no son perjudiciales, aunque “al no haber nivel guía” no existe parámetro para ordenar el desmantelamiento de un dispositivo.

Claro, Movistar y Personal lideran el ranking de reclamos por cobros indebidos, publicidad engañosa, promociones incumplidas y tarjetas que se agotan antes de tiempo. Una fuente de la comisión, que solicitó reserva de su identidad, reconoció que sólo tres de cada cien reclamos son solucionados, y que “no se cobran multas a Telecom y Telefónica desde 2003”, cuando la CNC fue intervenida.

La anarquía en el control de Telefónica y Telecom provocó un déjà vu de los 80: unos 40 mil usuarios de telefonía fija denunciaron desde agosto de 2007 el corte del servicio por más de tres días o demora en su conexión. Las ONG de defensa del consumidor CIRDeCo y LiDeCo pidieron un informe a la CNC, y adelantaron también una denuncia ante la Justicia. “Multa o control son malas palabras para ellos”, dijeron en sorna a este diario.

Mientras tanto, unas 20 empresas de telefonía IP, con tarifas hasta 70% inferiores, siguen esperando que la CNC les asigne nuevos números de teléfonos para entregar a clientes. “El trámite debería tardar 15 días y no seis meses, pero el santo sigue predicando en charlas y conferencias”, afirmó off de record un ejecutivo del sector.

Para el experto Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de la Alianza, el peor pecado de Namuncurá es la falta de veedores en la fusión de Telecom y Telefónica, en conjunto la principal empresa no exportadora del país. “En Brasil, fue polémica por un posible oligopolio en los celulares; aquí son monopolio y nadie hace nada”. Ya pasó un año de la fusión.

Cuestión política. El control de los medios no es fácil en la era de las tecnologías de la información. Por eso fue creada la CNC como entidad autárquica en los 90. Sin embargo, el gobierno kirchnerista se encargó de interferir el ente y transformarlo en una fuente de poder político, sin condimentos estratégicos y afín a la SECOM, manejada por el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Así desfilaron por el sector Guillermo Moreno, a quien le atribuyen actitudes como encabezar reuniones ante telefónicas con una pistola sobre la mesa; y Fulvio Madaro, denunciado en el Caso Skanska, quien no distinguió entre usuarios y empresas a la hora de no escuchar jamás reclamos y peticiones.

En este amplio campo, la administración kirchnerista cosecha por estos días fuertes críticas, incluso desde el propio Estado. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) alertó en una auditoría reciente irregularidades en el control de las comunicaciones: “Existen demoras, faltas de procedimientos y de seguimiento de expedientes”. El informe responsabiliza a la CNC y al Comfer por las más de 1.000 radios truchas funcionando en la zona metropolitana.

“El caos es tan grande que una AM legal apenas llega al 60% de sus oyentes”, resaltó Aguiar. En agosto, interferencias afectaron la comunicación entre pilotos aéreos y torres de control, y hubo que espaciar los vuelos. Otra vez, la negligencia se acercó a una tragedia.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en su informe de 2008 sobre entes de control, denunció que el Gobierno firmó una nueva prórroga de la intervención, pero que no indicó el plazo para culminar el proceso de reestructuración, actividad que fundamenta la medida.

En tanto, la AGN criticó a la CNC por no asegurar que las telefónicas brinden aparatos especiales para las personas hipoacúsicas o impedidas del habla.

La CNC, sin cambios aparentes, amplió su presupuesto en más de 120% en los últimos tres años. En 2006 disponía de 196 millones de pesos, un año después de 285 millones y este año gastará al menos 437 millones de pesos.
Por Pedro Ylarri

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