12.11.09 // Novedades, NOVEDADES

El precio que hay que pagar (La Nación)

Son más de 3000 las causas en trámite por corrupción, en promedio tardan 16 años en concluirse y alcanzan dos dedos para enumerar la sentencias: las que recibieron María Julia Alsogaray el ex concejal porteño José Manuel Pico.

Las dos corresponden a hechos de los ?90. Pero nada impide aplicar el mismo sistema para investigaciones que se iniciaron esta década y que se abren a diario. Este caso podría convertirse en testigo.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, siguió de cerca las negociaciones en este caso y dio su visto bueno para cerrar trato. En tribunales, el acuerdo fue festejado. La fiscalía -representante de los intereses de la sociedad- y dos ONG dedicadas a la lucha contra corrupción, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), entendieron que este convenio es un triunfo.

Sus argumentos:

Se llega a imponer condenas. Una rareza, en general, en el sistema judicial y una excepción en los casos de corrupción.

El Estado recupera en parte el dinero sustraído y puede aplicarlo en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Nadie esperaba que en un juicio oral hubiera condenas mayores, pues los delitos que les enrostraban a los acusados se castigan con penas que van desde los 2 a los 12 años.

El Estado se ahorró los gastos de un juicio monstruo, sin garantía de conseguir mejores resultados.

Al parecer, en los casos de corrupción, bajas penas, ningún preso y la quinta parte de la coima recuperada es el precio que la sociedad debe pagar para ver alguna condena y decir que no campeó la impunidad.

Por Hernan Cappiello

La Nación

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