07.11.05 // Novedades, NOVEDADES

El Poder Legislativo debe recuperar presencia (Clarín)

Ezequiel Nino. Codirector Asociación Cívil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

La reforma de la Constitución de 1994 tuvo entre una de sus finalidades la modificación de un sistema de gobierno que concentraba demasiadas facultades en el Presidente. Esa intención era encomiable. La decisión de reducir las potestades del Ejecutivo y aumentar las del Parlamento reafirma la idea de que el principio de división de poderes —central en cualquier Constitución— requiere de un balance entre estos.

Aunque ya pasados más de diez años de la reforma, resulta claro que las modificaciones e incorporaciones, como la figura del jefe de gabinete de ministros, han sido incompletas y no logran atenuar la concentración en el Poder Ejecutivo. También es posible percibir que la debilidad actual del Poder Legislativo se debe, en parte, a que no ha logrado asumir sus responsabilidades institucionales y ejercer las potestades que la reforma le ha otorgado.

Así, según una de las incorporaciones al texto constitucional, el jefe de gabinete debe “concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. La presencia de este funcionario en el ámbito del Poder Legislativo es una oportunidad única para que el diálogo entre estos poderes tenga su ámbito formal. No obstante la claridad del texto, el actual jefe de gabinete concurrió a brindar explicaciones sobre las actividades del Poder Ejecutivo en una sola oportunidad a lo largo de este año.

A su vez, también con el objetivo de disminuir las potestades del Ejecutivo y aumentar las del Legislativo, la reforma estableció la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia, que tendría a su cargo la consideración inmediata de estos instrumentos legales. Como es de público conocimiento, el Congreso no ha siquiera creado esta comisión, incumpliendo de forma evidente el mandato constitucional. Esto permite que se utilice discrecionalmente y sin control posterior esta potestad ejecutiva.

Además de estas cuestiones normativas, existen falencias de práctica parlamentaria que afectan la injerencia del Congreso en los asuntos públicos. Más allá de que la reforma constitucional extendió los períodos de sesiones ordinarias, la experiencia indica que cada año electoral la actividad parlamentaria disminuye notablemente, lo cual se ha agravado con el correr de los años. Durante el presente período, la Cámara de Diputados, cuerpo en el cual se nota aún más este fenómeno, sesionó en nueve oportunidades. El resto de las sesiones cayeron por falta del quórum necesario. En cambio, en un año no eleccionario como el pasado, la misma cámara sesionó en 27 oportunidades.

Desde la ciudadanía, esta situación resulta poco comprensible por dos motivos. Por un lado, para esta elección solamente una reducida porción de los actuales legisladores se presentó a una reelección —el cuerpo sólo se renueva por mitades y varios legisladores cuyos mandatos vencen este año no se postularon nuevamente—. Por el otro, la mejor forma de hacer campaña electoral para aquellos que se encuentran ocupando posiciones parlamentarias debió haber sido demostrando públicamente responsabilidad y dedicación en el ejercicio de sus funciones.

Resulta necesario que el nuevo Congreso, que se constituya a partir del 10 de diciembre, demuestre voluntad de asumir su peso institucional dentro del juego democrático y compensar la falta de balance existente entre los poderes. Para ello, cuenta con mecanismos constitucionales y con el deber de cada legislador de cumplir con las obligaciones que les son impuestas. La ciudadanía viene realizando firmes reclamos hacia las instituciones democráticas y aún aguarda por las respuestas.

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