09.08.09 // Novedades, NOVEDADES

El otro lado del tarifazo: el gas en garrafa cuesta el doble (Crítica)

El metro cúbico de gas en garrafa cuesta $ 1,20, el doble que los 62 centavos que pagan los usuarios de gas natural. Pero mientras se discute el aumento de tarifas en el Congreso, unas 14 millones de personas están fuera de ese debate. Son entre 3,5 y cuatro millones de hogares que no tienen acceso a la red de gas natural y están obligados a utilizar garrafas. Los barrios que carecen del servicio por red son habitados por familias de escasos recursos que pagan más por el gas que un vecino de las zonas más caras de la Capital.

El aumento en las tarifas del gas domiciliario fue pautado, en parte, para subvencionar las garrafas de gas licuado, consumidas en su mayoría por el sector más pobre de la población, que no tiene acceso a la red. A pesar del acuerdo del Gobierno con las petroleras y las cámaras del sector, que establece un precio fijo para las garrafas, en los barrios cuesta conseguirlas al precio publicitado por la Casa Rosada.

Según la resolución de la Secretaría de Energía de octubre del año pasado, la garrafa de diez kilos debe costarle al consumidor $ 16; la de 12 kilos, $ 20, y la de 15 kilos, 25 pesos. Pero, en la práctica, el precio es mayor y varía según dónde se compre, básicamente, porque las petroleras las venden al precio fijado pero el transportista y el comerciante, muchas veces, agregan lo suyo.

Durante una extensa recorrida que Crítica de la Argentina hizo por diferentes zonas del conurbano bonaerense, comprobó que los vecinos pagan en promedio unos $ 18 por la garrafa de diez kilos. Para peor, la mayoría de los compradores dudan de que esté completamente llena. “Aparentemente, la garrafa no viene llena del todo, o tal vez la rellenan con agua. Es algo usual”, comenta Alberto Ofani, un vecino de Monte Grande que no tiene acceso al gas natural. “Antes la garrafa era más cara (el año pasado costaba $ 40), pero duraba más. Ahora la pago $ 20 y me alcanza, como mucho, para 18 días”, asegura Ofani. Y a esos $ 40 mensuales que esta familia gasta en las dos garrafas debe sumarles el cargo de electricidad, que es mucho más elevado por el uso de estufas y termotanques eléctricos, de los cuales podrían prescindir si tuvieran gas por red.

Las otras opciones para pasar el invierno sin tener que recurrir al gas son el querosén y la leña. Es el caso de Beatriz y su familia. Ella vive en Moreno, en un barrio sin gas natural, y, además del gasto en garrafas, paga unos $ 110 pesos al mes en querosén para alimentar la estufa que tiene en el comedor. Si hace mucho frío, prende una eléctrica, “pero trato de no hacerlo porque, si no, la factura de luz supera los 200 pesos y no puedo pagarla”, asegura la vecina.

La problemática no es sólo económica, sino que el traslado desde el punto de venta a la casa es una odisea. Pero la gente se las ingenia: usan carretillas, changuitos de compras y hasta un palo de escoba que atraviese las manijas para poder transportar la garrafa que pesa más de 10 kilos.

Extender la red de gas natural hasta una casa le cuesta al consumidor unos 2.500 pesos. Esa obra debería correr por cuenta de los municipios, que en la práctica se muestran reacios a concretar esas inversiones de obra pública elemental. Los servicios públicos –gas, agua y electricidad– se conocen como “monopolios naturales”: el tendido de las redes de distribución es tan costoso que económicamente conviene que lo realice una sola empresa. Por este motivo, es fundamental la intervención del Estado, que debe garantizar el servicio y regular las tarifas.

La localidad de Cuartel V, en Moreno, tiene barrios prolijamente diseñados, con calles de tierra en buen estado y lotes ordenados. Pero no tienen gas. El municipio se rehúsa a financiar la red y los vecinos tomaron las riendas. Nucleados en una asociación barrial, se organizaron para tapar esa falencia estatal.

Silvia es conocida en el barrio El Mileño, vende tortillas recorriendo sus calles y, obviamente, no cocina con gas, sino con carbón. “Acá cocino con carbón, pero en mi casa uso garrafa y la verdad es que nos controlamos mucho porque no siempre podemos pagarlo”, cuenta la cocinera ambulante. Otros vecinos del barrio de Don Sancho y San Alberto se quejan porque “la garrafa no avisa” y a veces se acaba justo antes de que se termine de cocinar la cena. “En la planta se vende la garrafa a precio ‘del Gobierno’, pero queda lejos, atienden pocas horas al día y muchas veces no tienen la barata. En el almacén de la esquina, que está abierto hasta tarde, me la cobran casi 30 pesos, pero a la noche, cuando me quedo sin gas para cocinar, no me queda otra opción”, relata Berta, que está al frente de un hogar de siete personas.

Ahora las petroleras, fraccionadores y distribuidoras se quejan porque el precio oficial no les deja ganancia y la población que accede al gas natural protesta por el tarifazo. Mientras tanto, los excluidos de este debate siguen pagando el precio más caro. Paradojas de esta Argentina.

El sueño de olvidar las garrafas

Ante la ausencia del Estado para proveer un servicio público básico como es el gas por red, la organización de los ciudadanos resulta clave para suplir esa falencia. En la localidad bonaerense de Moreno, los vecinos de seis barrios se organizaron con un objetivo: autogestionarse el tendido de la red de gas. La Unión de Vecinos en Acción nuclea a habitantes de la localidad de Cuartel V que, con la ayuda de la Fundación Pro Vivienda Social, desarrollaron un fideicomiso para financiarse el tendido de la red de gas. De vecino a vecino se van convenciendo de que tener gas natural mejorará su calidad de vida. Los que encabezan el proyecto recorren el barrio buscando el consenso necesario para poder realizar el proyecto. Para hacer frente a los costos los vecinos necesitan que al menos un 65% de ellos se sumen a la iniciativa. De otra forma, no podrán pagar la obra. Pero están convencidos de que con gran esfuerzo van a alcanzar ese número. Sueñan con que, pronto, se van a olvidar de las garrafas.

OPINIÓN

Un Estado más comprometido

Celina Giraudy (Especialista en servicios públicos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ))

En materia de servicios públicos energéticos, la postergación a la que son sometidos los sectores de la sociedad que tienen desventajas socioeconómicas no sólo se pone de manifiesto por la falta de acceso a estos servicios básicos y esenciales. Esa desventaja se profundizó en la medida en que las políticas públicas implementadas durante los últimos años por los sucesivos gobiernos no cumplieron con su objetivo. La falta de las políticas públicas energéticas que palien las desigualdades que existen entre los sectores de la sociedad es una violación al derecho a la igualdad. Es necesario que las políticas públicas iniciadas por el Estado no impacten en forma diferencial, en el sentido de acentuar o generar aquella exclusión. Hoy no existe una política clara y transparente de subsidios estatales, ni planificaciones integrales, permanentes y sustentables en el largo plazo.

Así pues, en materia de servicios públicos, resulta trascendental que el Estado asuma un compromiso mayor y especial con los sectores más pobres de la sociedad, mediante la implementación de políticas públicas eficaces y permanentes que honren el principio de igualdad y garanticen los derechos de los usuarios y consumidores a un trato equitativo.

Por Martina Latasa

Crítica

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