18.04.14 // Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios)

El Gobierno mantiene acéfala la Defensoría del Pueblo

El cargo de defensor del Pueblo de la Nación, creado en 1993 bajo la órbita del poder legislativo y consagrado en la Constitución un año después, se encuentra vacante desde 2009. El defensor adjunto, Anselmo Sella, se desempeñó como cabeza de este organismo pero la finalización de su mandato en diciembre del 2013 dejó acéfalo a este órgano independiente; cuya misión, según define el artículo 86 de la Carta Magna, es “la defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados” por la norma fundamental.

Sin una conducción, el organismo sólo puede c ontinuar las causas iniciadas -no sin dificultades-, pero se encuentra impedido de presentarse como parte en nuevos casos. Así se evita un rol de control constitucional para las acciones de la administración pública y las empresas privadas proveedoras de servicios públicos.

La designación, requiere el voto calificado (dos tercios) de los presentes en ambas cámaras y debe ser propuesto por una comisión bicameral, integrada por seis miembros por recinto, que no ha sido plenamente constituida desde el recambio legislativo.

El último candidato impulsado por la bancada oficialista para este cargo fue el del ex jefe de Gabinete y actual embajador designado ante el Mercosur, Juan Manuel Abal Medina, algo que fue rechazado de plano por la oposición por tratarse de un cargo que requiere independencia de la administración que debe controlar.

Por su parte, los representantes de la oposición propusieron continuar el mandato del adjunto, pero esta alternativa -rechazada por el oficialismo- contraria las normas que regulan su funcionamiento, según indicaron distintos especialistas.

Ante la consulta de LA NACION, distintos empleados de esta institución, que pidieron mantener su nombre en reserva, indicaron que la situación genera preocupación en muchos de ellos. “Es una institución unipersonal y hay funciones que sólo las puede ejercer el Defensor, se continúa el mandato sobre las causas en curso, pero no se pueden impulsar nuevos temas”, explicó uno de ellos, y agregó: “El peligro es que esta situación se normalice tras cinco años sin defensor y se desvirtúe el rol de una institución con rango constitucional”.

La acefalía implica una práctica parálisis en casos graves de vulneración de derechos humanos, como el que motivó una cautelar de la corte por la situación de los indígenas en el Chaco o el caso que motivó una sentencia de la Corte Suprema que obliga al estado a proceder al saneamiento de la cuenca del Matanza Riachuelo.

A raíz de esta última causa la Corte creó un cuerpo colegiado, que preside el Defensor e integran, entre otras ONG, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace. Las organizaciones enviaron una nota al máximo tribunal donde señalaron la “crítica situación por la que atraviesa el cuerpo colegiado, debido a la vacante generada en la Defensoría del Pueblo de la Nación”.

“La defensoría está sin normalizar hace cinco años, porque no se designó un sucesor tras el fin de mi mandato”, explicó Eduardo Mondino, que ocupó el cargo de Defensor hasta 2009 cunado decidió lanzarse como candidato al Senado por el justicialismo cordobés. “Si bien la ley prevé que el adjunto se haga cargo, debe ser de forma transitoria”, opinó. Sobre el retraso de un lustro en la designación, indicó que “es una deuda que tiene el parlamento” y agregó que “la designación requiere de un alto consenso y la única manera de hacerlo es sin injerencia del ejecutivo que, a diferencia de otros organismos de control, en este caso no debe proponer ni influir sobre la designación”.

La parálisis actual motivó también una reunión en la Cámara de Diputados impulsada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano.

Por su parte, Daniel Bugallo Olano, jefe del área de Legales de la Defensoría del Pueblo, explicó durante la audiencia que actualmente el personal de la Defensoría está abocado a dar el “mayor cumplimiento posible a la misión de la entidad y dar respuesta a los reclamos nuevos y preexistentes que les llegan”.

LAS CAUSAS QUE IMPULSÓ LA DEFENSORÍA

Por mandato constitucional es garante de derechos colectivos y se ha presentado como parte en casos sobre Derechos Humanos, medio ambiente y jubilaciones

Derechos Humanos
Denunció en 2007 “un exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable” de pobladores indígenas en el Chaco. Por su iniciativa, la Corte Suprema interpuso una medida cautelar que obliga al estado provincial y nacional a prestarles asistencia alimentaria, garantizar la provisión de agua y el derecho a la salud.

Medio Ambiente
En la causa “Mendoza”, que demanda el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Defensoría se presentó como tercero junto a un grupo de ONG e integran un cuerpo colegiado que supervisa la aplicación del fallo de la Corte, de 2008, que obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces.

Jubilaciones
El Defensor presentó en 2008 una demanda contra el Estado ante la Cámara de la Seguridad Social “por omisión” y reclamó que se fije un criterio de movilidad para las jubilaciones, según los criterios fijados en la Corte para el caso “Badaro”, su impulsor la definió como “una acción colectiva innovadora”.

La Nación