26.05.05 // Novedades, NOVEDADES

El gobierno espera que Aguas responda (El Litoral)

Al cierre de esta edición, se esperaba que recién para horas de esta tarde llegue al Ministerio de Obras y Servicios Públicos la respuesta de Aguas Provinciales a su última nota, referida al vínculo contractual.
Como se sabe, el ministro Alberto Hammerly reclamó a la empresa que exprese con claridad -basándose en el principio de buena fe contractual- “cuál es su voluntad con relación al contrato y al procedimiento en ejecución” y “reiterando la permanente disposición de la provincia de Santa Fe para lograr una solución consensuada que permita el mantenimiento del contrato de concesión”.
En la nota del gobierno a Aguas, se advierte que, para que se lleve a cabo una salida consensuada de Suez de la concesión, el 31 del corriente, se requeriría “un encuadre normativo diferente del fijado por las normas aplicables”, es decir, una ley (como el mensaje enviado a la Legislatura) que permita la extensión del contrato sin que una de las partes lo rescinda.
Por la necesidad de esa norma, el Ejecutivo advierte a la empresa que se requiere “un tiempo prudencial” para debatir los términos de la eventual salida de mutuo acuerdo. Y, acto seguido, advierte que “en cualquier escenario” es “condición esencial que se extienda el plazo de las garantías de operación y de cumplimiento del contrato, de acuerdo con las normas aplicables, durante el tiempo que demande la renegociación y a resultas de la misma”.
Diferencias
La misma nota enviada por el gobierno a Aguas describe la propuesta que presentó la empresa, que incluye el retiro de Suez con la “conclusión de las obligaciones contractuales al 31 de mayo”, la transferencia de un 90 % de las acciones de la sociedad mediante un sistema de fideicomiso, el compromiso de continuar la prestación de los servicios bajo el asesoramiento de Ondeo Services América Latina hasta el 31 de diciembre, un plan de recapitalización de la sociedad y la “restitución” de las garantías del contrato.
Como se ve, el texto propuesto por Aguas nada dice en concreto sobre el aspecto que públicamente el gobierno puso como condición para aceptar una salida por fuera de las previstas en el contrato. Hammerly ha dicho en reiteradas oportunidades que una negociación de este tipo, además de necesitar que se mantengan (no restituyan) las garantías, debe incluir el retiro de la demanda internacional presentada ante el Ciadi.
Usuarios de Buenos Aires
El tribunal arbitral del Banco Mundial, que analiza presentaciones de empresas privatizadas contra la Argentina, podría modificar -al menos, parcialmente- su férrea posición de escuchar sólo los argumentos de las partes involucradas.
Los usuarios de Aguas Argentinas de la ciudad de Buenos Aires han solicitado al Ciadi que tenga en cuenta también sus posiciones, en el marco de la demanda ante el Centro Arbitral de Arreglo de Diferencias que presentó el grupo Suez por la concesión mencionada (como se sabe, un reclamo similar de Aguas Provinciales de Santa Fe, también pesa sobre el país).
Las organizaciones no gubernamentales argentinas que representan a los usuarios lograron acudieron a la figura llamada amicus curiae -que significa “amigo de la Corte o del tribunal”-. De esta manera, se admitió, con limitaciones, que esas entidades puedan aportar información al debate.
La presentación tiene como antecedente una similar que hicieron, sin éxito, 300 asociaciones de consumidores de Bolivia. Las entidades del país hermano solicitaron ser parte del juicio que Suez, concesionaria de Aguas del Illimani, inició contra la nación del Altiplano.
La medida, que se dictó el viernes pasado, pero que fue notificada anteayer, fue consignada por La Nación en su edición de hoy, y había sido solicitada en enero por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (Ciel), Consumidores Libres y la Unión de Usuarios y Consumidores.

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