26.02.13 // Novedades, NOVEDADES

El Gobierno deberá normalizar el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE)

Por juicio colectivo iniciado por distintas organizaciones, el Poder Ejecutivo deberá llamar a concurso para designar el directorio del organismo de control del servicio eléctrico.

La Corte Suprema rechazó los recursos del Poder Ejecutivo y confirmó la sentencia dictada por la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había condenado a la Secretaría de Energía a que pusiera en marcha los concursos para ajustar la designación de las autoridades del ENRE a la ley (ver fallo de Cámara).

En un juicio colectivo iniciado por ACIJ, ADDUC, CEC y Consumidores Libres se habían denunciado las irregularidades en la conformación del directorio del ENRE y se había reclamado la realización de procedimientos de selección de acuerdo a lo establecido por la ley que regula su funcionamiento.

El ENRE debe tener cinco directores seleccionados por concurso de idoneidad y actualmente sólo tiene tres, en carácter transitorio, ninguno de los cuales ha sido seleccionado por concurso.

El ENRE debe regular el servicio eléctrico, controlar a las empresas y asegurar los derechos de los usuarios. Sus autoridades deben ser idóneas e independientes, elegidas por concurso público. Los jueces Gallegos Fedriani y Alemany que la ilegalidad en las designaciones violaba los derechos de los usuarios al debido proceso en relación con las decisiones administrativas que debe tomar dicho organismo, los cuales cuentan con protección constitucional y legal.

Los entes de control deben velar por los derechos de los grupos más vulnerables, evitar abusos y prevenir la ocurrencia de daños sociales en la gestión de los servicios públicos. El ENRE tiene una función crítica en relación con el abastecimiento eléctrico de la población y sus condiciones institucionales no resultan las necesarias para hacerlo de manera adecuada. La falta de garantías de idoneidad, estabilidad y autonomía de sus autoridades conspira contra su adecuado funcionamiento.

Desafortunadamente, todos los entes de control y regulación de los servicios públicos se encuentran en situación de irregularidad (el ENARGAS, la CNRT y la CNC intervenidos, y el ETOSS sin integración adecuada).

Las transformaciones de los últimos años en la gestión de los servicios públicos federales hacen oportuna, y necesaria la evaluación de una  redefinición integral del sistema, a través de una legislación general que contemple adecuadamente las nuevas modalidades de organización y prestación de los servicios, posteriores al colapso del sistema diseñado en las décadas pasadas, asegurando prioritariamente la protección de los derechos de los usuarios al acceso a los servicios básicos sin discriminaciones, tarifas socialmente justas, y la idoneidad y transparencia en su gestión y control.

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