08.07.11 // Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades), Discapacidad y DDHH (novedades)

El Gobierno de la Ciudad debe garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad

En el mes de marzo la Justicia había confirmado la obligación estatal de asegurar la accesibilidad a las escuelas públicas y privadas, en el marco de un juicio iniciado por la organización Acceso Ya.

Sin embargo, en lugar de cumplir con la sentencia y elaborar un plan de infraestructura que garantice el derecho de las personas con discapacidad de acceder a los establecimientos educativos, el Gobierno de la ciudad decidió apelar la decisión judicial.

Recientemente, una vez más, la Cámara confirmó la legitimidad del reclamo y rechazó el recurso presentado por el Gobierno para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revoque la decisión tomada en marzo.

De acuerdo a datos provistos por el propio Gobierno, sólo un 10 % de los edificios estatales que brindan educación son accesibles para personas con discapacidad.  La falta de accesibilidad a los edificios escolares resulta violatoria del derecho a la educación y a la autonomía, de los derechos del niño, del derecho a la igualdad y la no discriminación, y es contraria el sistema de protección internacional, nacional y local de las personas con discapacidad.

Es inaceptable que el Gobierno, pese a que cuenta con los recursos necesarios para resolver el problema, subejecuta en forma sistemática el dinero asignado a infraestructura escolar: en 2010, esta subjecución superó los 300 millones de pesos.

A su vez, es alarmante que el Gobierno local haya reducido en más de 250 millones de pesos los recursos contemplados para el programa que tiene a su cargo obras de accesibilidad en edificios escolares en 2011, a pesar de las órdenes judiciales que confirmaron la legitimidad del reclamo. Actualmente, el monto destinado a ese programa, que además de obras de accesibilidad tiene otras a su cargo, es menor a 18 millones de pesos. Además, su ejecución durante el primer trimestre del año fue inferior al 4%.

ACIJ espera que el Gobierno reconozca la legitimidad del reclamo, y que cumpla de una vez por todas con su obligación constitucional de asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, realizando en forma urgente las obras de infraestructura escolar necesarias para garantizarlo.

 

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