El gobierno apura en el Congreso la ley del nuevo plan de administración y gestión de los ferrocarriles (Ieco)

Por Pablo Dorfman | pdorfman@claringlobal.com.ar

Con la creación de dos sociedades estatales que se encargarán de la administración y la infraestructura ferroviaria en todo el país, la Cámara Baja sesionará está semana para convertir en ley el reordenamiento del sistema de trenes, en crisis desde la privatización de los ’90.

La medida, prioritaria para el Poder Ejecutivo, implicará un nuevo movimiento tendiente a que concentre más poder el ministro de Planificación, Julio de Vido, que quedará al frente de la supervisación de lo que ocurra en esta materia pese a las criticas opositoras y de organismos no gubernamentales.

La iniciativa oficial prevé la creación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (AIFSE), y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE). Ambas estarán diseñadas para la fiscalización y regulación de los materiales, la señalización y todo lo que impacte en la seguridad y comodidad de los usurarios, bajo la orbita del ministerio de Planificación.

Según revelaron a iEco fuentes parlamentarias, la presión sobre el oficialismo para que se avance en está nueva ley fue tenaz, con intervención de los máximos operadores de la Casa Rosada. Es que, según relataron fuentes de presidencia “se trata de una cuestión estratégica para este Gobierno. No es solo una decisión coyuntural”, dijeron.

La justificación al apuro oficial por sancionar este proyecto de nueva política ferroviaria hay que buscarla en el enorme impacto social que genera el actual estado de ese servicio de transporte. El gobierno nacional tiene muy fresco el recuerdo de los disturbios en Plaza Constitución del año pasado, que derivaron en la rescisión del contrato de explotación de los ramales Roca y Belgrano Sur a Trenes Metropolitanos, compañía del empresario Sergio Tasselli, un hombre que había mantenido una buena relación con Kirchner en sus primeros años de gestión.

Por otro lado, se espera con expectativa el llamado a licitación para electrificar 97 kilómetros del ex ferrocarril Roca, que se anunciará el próximo 11 de marzo, que incluirá además la línea San Martín. Dos obras anheladas y postergadas en el tiempo.

No obstante, y pese a que se descuenta un saldo favorable al Gobierno en la movida, ya comenzaron a aparecer criticas de organizaciones públicas y diputados de la oposición. Según un trabajo elaborado por Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) “los diputados deberían analizar las competencias asignadas a cada organismo en el presente proyecto de LRF (Ley de Reordenamiento Ferroviario). En este sentido, es necesario además que se prevea la existencia de un robusto y eficaz sistema de regulación, fiscalización y control del transporte ferroviario a cargo de un ente autónomo e independiente”. Algo que el proyecto de ley que tratará el Congreso no contempla.

Sucede que el artículo 15 del proyecto “dispone las funciones de control y fiscalización en materia de transporte ferroviario que el ministerio de Planificación encomendará a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo que actualmente ya tiene asignadas funciones de regulación y fiscalización de este servicio público”. Según las ONGs especializadas en el tema, “la teoría sobre regulación de servicios públicos recomienda que estas funciones sean ejercidas por actores separados”.

El diputado radical y miembro de la Comisión de Transporte, Alejandro Nieva, dice que “es muy riesgoso que todo se ponga en manos de De Vido, que incluso va a poder controlar a la CNRT”. “No solo el riesgo es que el control quede en manos del controlado, sino que se crean dos sociedades del Estado sin definir el estatuto, el Congreso pierde todo tipo de injerencia, y las sociedades quedarán exentas de cumplir con la Ley de Obra Pública o de Contabilidad, con lo cual pueden contratar sin hacer licitaciones. Esto profundiza la falta de transparencia”, cerró el legislador radical.

El dictamen oficial indica que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá: realizar las adecuaciones necesarias en las competencias de control y fiscalización del sistema de transporte automotor y ferroviario”. Para las ONG esto implica que “podrá delegar, restringir o suprimir facultades, e inclusive disponer el reemplazo de la CNRT por otro organismo, todo ello, sin intervención del Congreso Nacional”.

Desde Casa Rosada le bajan el tono a los cuestionamientos y aseguraron a iEco que tanto “la obra pública como el mejoramiento del transporte son dos temas prioritarios para este Gobierno”. “La recisión del contrato a Taselli, la Ley de Reordenamiento Ferroviario y el lanzamiento del tren bala son 3 pilares de una política de largo plazo y estratégica”, esgrimieron cerca de la jefa de Estado.

A esta tesitura adhiere el diputado y vicepresidente de la Comisión de Transporte, Ramón Ruiz, quien aseguró a iEco que está semana se convertirá en ley el proyecto del oficialismo. Y relató: “Las criticas están basadas respecto a cómo se van a controlar las dos sociedades que se crean, y fundamentalmente el control va a estar realizado por la Sigen y la Auditoria General de la Nación (AGN) y las sociedades de aplicación correspondientes, sin perjuicio de los controles comunes”.

El dirigente peronista e interventor del PJ se entusiasma pese a las criticas sobre el nuevo rol de Julio de Vido: “La infraestructura es una de las prioridades de las dos sociedades del Estado que se crearan, lo organizativo y el control sobre los concesionarios y la actividad que ellos realicen. Pero todavía no se avanzó en detalles sobre ello”.

Desde el Gobierno insisten en defender esta medida como parte de un plan integral que incluye el tren bala. El pasado 16 de enero, con un acto en Casa Rosada, se firmó el decreto que adjudicó al consorcio francés Veloxia el tren de alta velocidad (TAV) Buenos Aires-Rosario-Córdoba, una inversión que se estima en 11.000 millones de pesos. Días después, Cristina anunció otro mega proyecto ferroviario: el tren de alta velocidad que unirá Constitución con Mar del Plata, el cual despertó el interés de cuatro empresas europeas.

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