09.09.14 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Presupuesto y Derechos Humanos (medios), Presupuesto y Derechos Humanos (novedades), Villas e Integración Urbana (medios)

El Estado tiene la obligación de darles prioridad a los más necesitados

Por Luciana Bercovich

En los últimos diez años, la población en villas en la Capital aumentó notablemente. Sin embargo, la cantidad de habitantes se mantuvo estable. Mientras Buenos Aires es una de las ciudades con el presupuesto per cápita más elevado de América latina, en su distribución las políticas destinadas a resolver los problemas en las villas reciben anualmente menos de un 2% de su total. Si la población crece, el presupuesto cae y no hay políticas estructurales de inclusión y urbanización; necesariamente, las condiciones de vida en las villas empeoran.

En las últimas semanas, ciertos discursos estigmatizantes y xenófobos tienden a convertir a las víctimas de la exclusión en victimarias de todos los males de la sociedad; este corrimiento de la discusión nos obliga a retomar algunas afirmaciones básicas que de modo subliminal se encuentran controvertidas:

Nadie elegiría autónomamente vivir en condiciones de extrema precariedad, con falta de servicios públicos y hacinamiento. Vivir en esas condiciones, no convierte a las personas en “delincuentes”, sino en potenciales víctimas primarias de la criminalidad organizada. El Estado tiene la obligación de priorizar la inclusión de los sectores más postergados.

Las villas existen hace más de cien años, nacieron con el auspicio del Estado ante la ausencia de viviendas para la mano de obra que las grandes ciudades necesitaban; desde ese entonces, las personas que habitan en las villas se generan un lugar para vivir en las ciudades que urbanamente los expulsa, pero que económicamente los necesita.

Nunca existieron políticas estructurales de inclusión y urbanización, sino que el Estado se ha movido pendularmente desde “el dejar hacer” -asumiendo la ficción de que las villas son un fenómeno transitorio- hasta la expulsión urbana -la cual puede ser forzosa o por presión del mercado inmobiliario-.

La Ciudad está en una situación inmejorable para emprender el camino de la inclusión urbana y social, la Constitución local lo establece claramente y existen varias leyes específicas de urbanización que fueron promulgadas en los últimos 15 años. También se cuenta con el presupuesto necesario para ello.

Como sociedad, todos tenemos el derecho de vivir en una ciudad inclusiva, justa, solidaria. Exijamos que nuestras autoridades cumplan con lo que la Constitución ordena.

La autora es codirectora de la Asoc. Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La Nación