21.03.14 // Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

El Consejo de la Magistratura debe avanzar en los procesos disciplinarios sobre Bonadío y Oyarbide

En estos días se encuentra en discusión en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el desempeño y posible destitución de dos jueces federales de la Nación a causa de su actuación en la investigación de causas de corrupción: Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío.

Tres años después de nuestra denuncia contra el juez Claudio Bonadío y tras numerosas denuncias públicas por  la irregular actuación del juez Oyarbide en causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos, celebramos e impulsamos toda iniciativa del Consejo de la Magistratura que se encamine a, finalmente, avanzar en los procesos disciplinarios abiertos sobre estos jueces y sobre todos/as aquellos/as que en estos años han demorado la persecución penal de los delitos que estos sectores hubieren cometido. A su vez, esperamos que dichos procesos ya no tengan que avanzar al ritmo de las oportunidades políticas de los distintos sectores que integran dicho órgano, sino que su evolución responda sólo a un adecuado cumplimiento por parte de dicho órgano de su misión constitucional, sin privilegios ni animosidades de ningún tipo.

En el 2011 ACIJ denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Claudio Bonadío por mal desempeño en su función a raíz de su accionar en las causas “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/ defraudación”. La primera se relacionaba con la licitación internacional de Tandanor, que fue adjudicada a el consorcio “Marítimos S.A.”, que se comprometía a pagar $7 millones en efectivo restando $52 millones ofrecidos a cancelar a través de una póliza de caución. La mora y las maniobras para frustrar el pago evidenciaron la incapacidad de pago de las diversas empresas que desembocaron en el inicio de una causa por defraudación contra la Administración Pública. El negligente accionar de Bonadío en esta causa se verificó a partir de la sentencia del Tribunal Oral en donde se afirma que la etapa de instrucción dirigida por este juez demoró aproximadamente 9 años, 3 de los cuales podrían haberse ahorrado si el juez no hubiera demorado ese tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal y su auto de elevación.

En la causa Yoma se investigaban la cesión de derechos crediticios correspondientes al recupero del I.V.A. al Banco de la Nación Argentina, créditos que habían sido previamente cedidos al Banco Macro S.A. A partir de estos hechos en el año 2000 se presentó una denuncia por fraude en perjuicio de la Administración Pública contra sus directivos. Bonadío demoró más de 5 años en llamar a los imputados a declaración indagatoria. Sumado a esto, para el dictado de la sentencia de elevación a juicio se demoró 5 años más.

La conducta de Bonadío en ambas causas debería ser pasible de la más severa sanción dado el tenor de las causas que tenía a su cargo, causas por defraudación contra el Estado que a raíz de su negligente accionar derivaron en la prescripción de la acción penal en el primer caso y sorteada la prescripción en la segunda por el accionar del Tribunal Oral. Para que este tipo de causas, que tienen como punto de conexión el desfinanciamiento del Estado que se traduce en la imposibilidad de utilizar fondos públicos en las políticas públicas necesarias para la comunidad -y, a su vez, el mal funcionamiento de las instituciones- no se traduzcan en impunidad y desconocimiento por parte de la sociedad de la verdad de lo ocurrido, es necesario contar con jueces eficientes y diligentes que estén capacitados para perseguir penalmente a los responsables.

El segundo juez federal que en esta última semana ha sido denunciado por detener el allanamiento a una financiera tras recibir una llamada del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, es Norberto Oyarbide. ACIJ viene denunciando públicamente a este Magistrado por su accionar en numerosas causas de corrupción a las que esta asociación tiene acceso.

En 2010, en la causa de los medicamentos, la Cámara Federal ordenó indagar al ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, atento al pedido del fiscal que el juez había desoído. No obstante ello, transcurrieron dos meses y Oyarbide no había convocado al imputado a declarar. En la causa iniciada contra los hermanos Schoklender por las viviendas del plan “Sueños Compartidos” el juez demoró un año en indagar a los imputados. Otro ejemplo claro sobre el extenso tiempo que le insume a este juez avanzar en las causas judiciales vinculadas a corrupción pública y privada que recaen sobre su Juzgado, es la causa “FONCAP s/ defraudación por administración fraudulenta” que comenzó en 2007 y aún se encuentra en la etapa investigativa. En el año 2004 la Oficina Anticorrupción denunció irregularidades en la administración de esta sociedad anónima que podría haber causado un perjuicio económico al Estado. O incluso la causa de “Jaime s/ abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y asociación ilícita”, en la que sólo se llamó a indagatoria al ex funcionario después de haber renunciado a su cargo.

Como se observa, el escenario de desidia que verificamos en las causas de Bonadío y Oyarbide se repite a raíz de la falta de control por parte de las instancias superiores u órganos de control disciplinario como el Consejo de la Magistratura.

Desde ACIJ conocemos de cerca la crítica situación en lo que a causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos se refiere. En promedio, causas de esta índole demoran más de 11 años en resolverse, lo que lleva a que las defensas argumenten una violación al debido proceso al no obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, solicitando la prescripción de la acción penal. Esto, sumado a una cultura de ocultamiento a la hora de brindar información, a la imposibilidad de la sociedad civil de acceder -en ciertos casos- a los expedientes judiciales, al comienzo de las investigaciones de los funcionarios públicos involucrados sólo cuando cesaron en sus cargos y a órganos disciplinarios y sancionatorios que deben investigar el mal desempeño de los funcionarios judiciales pero que están teñidos por intereses políticos, resulta en una cultura judicial que procura no investigar al poder, dejando a la ciudadanía sin respuestas sobre la verdad de los hechos y la condena de los responsables.