16.11.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

El Congreso argentino es uno de los menos transparentes de la región

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, integrada por diversas ONG publicó un índice en el que la legislatura local aparece como uno de los menos abiertos de América Latina.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa publicó un índice que mide la transparencia de los Poderes Legislativos de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Según los resultados, el Congreso argentino es uno de los menos transparentes de la región.

La falta de acceso a la información pública, la transparencia del presupuesto del Congreso y un vínculo abierto con la ciudadanía son los principales desafíos que enfrenta el ámbito legislativo argentino, según el estudio.

El estudio compara los niveles de transparencia y acceso a la información en los diferentes Parlamentos de la región para establecer estándares de apertura en el que hacer político, administrativo y legislativo de las instituciones.

En la Argentina, la implementación del estudio fue realizada por la Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y Poder Ciudadano.

Según el estudio, los principales problemas del Parlamento argentino son los siguientes:

  • Falta una ley de acceso a la información pública

La falta de una ley que regule el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Legislativo da lugar a una “arbitraria disparidad de criterios” para facilitar la información cuando es requerida.

“Nuestro país tampoco tiene una ley que regule el lobbying o cabildeo, hecho que incentiva la generación de intereses extraparlamentarios”, explicó Sandra Elena, Directora del Programa de Justicia de CIPPEC.

En la Argentina el acceso a las sesiones del Congreso no es público. Además, existe un rezago normativo en la publicación de las asesorías que prestan servicios a los legisladores.

“La información sobre los viajes de trabajo de los legisladores tampoco se publica en las Cámaras, y en la práctica se desconoce si los funcionarios rinden cuentas”, indicó María Barón, Directora Ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo.

  • Poco se conoce sobre el presupuesto del Congreso

Aunque el Senado argentino regula la publicación del gasto ejecutado por las fracciones parlamentarias, la Cámara de Diputados no tiene una norma que la obligue a hacerlo. Además, también es difícil acceder a información relacionada con el personal del Congreso: “No se tiene certeza sobre la cantidad de gente que allí trabaja ni sobre el tipo de contratación”, explicó Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de ADC.

Por otro lado, mientras que los concursos públicos que realicen ambas Cámaras deben estar publicados en internet, no sucede lo mismo con los oferentes. Y, según indica el documento, ninguna Cámara publica el listado de proveedores de bienes y servicios.

  • Los legisladores no están obligados a vincularse con la ciudadanía

“Es fundamental que los poderes legislativos garanticen que los ciudadanos accedan a su información. La ausencia de una normativa nacional de acceso a la información pública obstaculiza fuertemente el control ciudadano de nuestro Congreso y demás instituciones públicas”, indicó Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano.

Consecuencias

A raíz de los resultados, se firmó un Acuerdo de Colaboración con la Cámara de Diputados, en el se crea una Mesa de Trabajo de Transparencia Legislativa, compuesta por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio Legislativo y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y las autoridades de la Cámara de Diputados.

Asimismo, se presentó la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria , un documento que brega por la promoción de la cultura de transparencia en los Congresos, definiciones de estándares para el acceso a información y una serie de medidas para lograr que los Congresos generen mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Ya fue suscrito por más de 100 organizaciones de más de 65 países, y presentado mundialmente en numerosas conferencias.

LA NACIÓN

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