29.05.06 // Novedades, NOVEDADES

Dos OSC colaboran en la investigación de coimas en el Senado (Tercer Sector)

La decisión no sólo es de una trascendencia indudable por la importancia del caso –la denuncia de los sobornos fue el primer tambaleo que sufrió el gobierno de Fernando De la Rúa- sino también porque sienta las bases para profundizar una discusión instalada desde hace tiempo: cómo se pueden mejorar los mecanismos de control y transparencia institucional a partir de una mayor participación ciudadana.
La resolución les dio luz verde a ambas OSC para tomar conocimiento sobre la investigación. Es la primera vez que se logra este tipo de atribución. Ocurre que el código procesal vigente restringe la participación de las organizaciones en las causas penales, a no ser que sean parte en ella o que se haya llegado a la instancia de juicio oral. Sin embargo, cuando aparecen involucrados funcionarios públicos o cuando se atenta contra un interés colectivo, la normativa puede ser discutida. En su presentación, Cipce y Acij aludieron a los tratados internacionales, reconocidos por la reforma constitucional de 1994, que avalan la intervención ciudadana en estos casos. La Convención Interamericana contra la Corrupción, por ejemplo, “prevé la aplicación de medidas tendientes a estimular la participación de organizaciones para prevenir la corrupción”. La decisión de Rafecas –explicaron fuentes judiciales se basó en esta concepción. Al considerar el presunto pago de sobornos a legisladores como un hecho que perjudicó a toda la sociedad, pueden habilitarse nuevas instancias de control civil. “Cuando se trata de delitos que involucran algún tipo de daño social, la comunidad debe tener derecho a seguimiento y monitoreo de la investigaciones”, coincide al respecto Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica.
La llegada de Cipce al expediente no fue casual. Fundada en 2003, la organización apunta a investigar la criminalidad económica entendiendo que se trata de uno de los delitos que más daño genera a las instituciones. “Hemos calculado que estimativamente que desde la década del ’80 se utilizaron diez mil millones de dólares de los fondos del Estado para todo tipo de operaciones. Desde el pago de coimas y lavado de dinero, hasta la compra de inmuebles. Nuestro objetivo es colaborar con la recuperación de ese dinero para que sea devuelto al Estado y puesto al servicio de políticas que reparen el daño social. El caso de los sobornos en el Senado es emblemático porque involucró nada menos que al Poder Legislativo, algo que puso en juego el concepto de soberanía”, explica Biscay.
Efectivamente, resulta innegable que la causa ha tenido una enorme trascendencia pública. Casi todos recuerdan la denuncia que en octubre de 2000 terminó con un portazo del entonces vicepresidente Chacho Álvarez, en lo que fue el golpe más duro –o quizá primer golpe más duro- a una Alianza que cada vez aparecía más despellejada. Además de varios funcionarios involucrados, el caso tuvo una connotación mucho más grave. Los casi cinco millones de pesos distribuidos en los despachos del Congreso sirvieron para la aprobación de la reforma de la Ley Laboral, que, bajo la bandera de la flexibilización, contribuyó a que la desocupación llegara al nivel más alarmante de la historia del país. “El mayor problema que vemos es que la persecución contra este tipo de hechos es completamente ineficiente, casi no hay condenados”, concluye Biscay.
Sin embargo, la resolución de Rafecas abre una discusión aun más amplia vinculada con la necesidad de fomentar la participación comunitaria para mejorar la calidad institucional. “Marca un punto importante porque habilita la intervención de la sociedad civil en un tema de la Justicia”, afirma Juan Antoniassi, coordinador del Programa de Refortalecimiento Institucional de Acij. La institución, al igual que Cipce, viene trabajando sobre temas vinculados con la calidad democrática. Creada en 2002, encabeza varios programas de ayuda social con la idea de fomentar el afianzamiento de las instituciones, algo que abarca diversos problemas. Así lo entiende Antoniassi, para quien “la cuestión de que se paguen coimas en el Senado es tan preocupante como que a unos kilómetros de capital federal la gente no tenga agua. Son situaciones que hacen al funcionamiento del sistema democrático y, si fallan, significa que ese sistema no está funcionando bien”.

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