07.12.14 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Poder Judicial y Democracia (medios)

Disciplinando jueces, con protección y sometimiento

Sebastián Pilo

La relación entre jueces y política ha tomado un protagonismo y visibilidad poco común. El juez Bonadío, luego de años de ser -junto a Oyarbide y otros- uno de los funcionarios judiciales más funcionales a la impunidad de la corrupción en Argentina, adoptó sonoras decisiones para investigar denuncias penales que involucran a las más altas esferas del gobierno. Asimismo, los representantes del oficialismo, luego de haber mantenido durante años en los cajones del Consejo de la Magistratura las denuncias que pesaban sobre el comportamiento de dicho juez, ahora sí se propusieron avanzar en los procesos disciplinarios que podrían derivar en su juicio político.

Paralelamente, en su última sesión previa al reciente cambio en su conformación, el Consejo de la Magistratura de la Nación había resuelto otras actuaciones también vinculadas a denuncias disciplinarias contra jueces federales y nacionales. Nos referimos al demorado archivo de la denuncia que pesaba sobre los jueces Herrero y Fernández -respecto de quienes no parecía existir otro interés persecutorio que el surgido por haber sido proactivos en el dictado de sentencias en favor de jubilados-, y al inicio de un cuestionado juicio político al juez Axel López.

El nuevo -y quizás muy pasajero- escenario parece darnos el contexto propicio para repensar el modo en que el Consejo de la Magistratura encara los procesos disciplinarios contra jueces/zas, y las consecuencias prácticas de su accionar para el funcionamiento adecuado del servicio de justicia en nuestro país.

Y es que, en el último tiempo las posiciones dominantes en el Consejo respecto de estos procesos suelen oscilar entre dos objetivos opuestos, pero con una estrategia común: manejar arbitrariamente los tiempos y etapas de la tramitación de los casos disciplinarios, ya sea para condicionar el accionar de determinados/as jueces/zas manteniendo abiertas las denuncias que pesan sobre ellos/as -por más infundadas que sean-, ya sea para protegerlos/as impidiendo el avance de las mismas -por más fundadas que sean. Y es por eso que, a pesar de la pirotecnia mediática, siguen sin resolverse -años después- numerosas denuncias contra jueces cuya permanencia en sus cargos avergüenza al Poder que integran -los casos de Oyarbide y Bonadío son los exponentes más visibles de esta situación, por ser beneficiarios de una protección cruzada por parte de los sectores supuestamente enfrentados que integran el Consejo-. Y es por eso mismo que siguen abiertas denuncias inaceptables como la que pesa sobre Rafecas por haber investigado el caso de las coimas en el Senado.

Que el gobierno haya esperado a que las decisiones de un pésimo juez, como Bonadío, lo perjudiquen políticamente para habilitar un proceso en su contra, afecta la legitimidad de su accionar. Que ese juez haya esperado a percibir una avanzada en su contra para avanzar en las investigaciones de corrupción que tiene a su cargo, también.

En ese contexto, la flamante conformación del Consejo de la Magistratura requiere de un acuerdo básico: los buenos jueces no pueden estar sometidos a procesos disciplinarios durante años, porque eso mina su independencia; y los malos jueces no pueden estar sometidos a procesos disciplinarios durante años, porque deben dejar de ser jueces cuanto antes. Para que eso sea posible, las denuncias no pueden avanzar -o frenarse- al ritmo de las necesidades políticas o corporativas de los distintos sectores que integran el Consejo. Resulta imprescindible establecer procedimientos transparentes y céleres para tramitar estas denuncias, que eviten la discrecionalidad, la utilización indebida de las facultades disciplinarias, así como la impunidad frente a las irregularidades que se cometan. Sólo así tendremos una justicia más idónea, más transparente, más independiente, menos corporativa, en mejores condiciones para proteger nuestros derechos, y para revertir la impunidad de la corrupción.

Sebastián Pilo es Abogado y coordinador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Clarín