20.02.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

Después del aumento legislativo reclaman una ley de acceso a la información pública (El Cronista)

Solo hay un decreto firmado por Néstor Kirchner que alcanza al Ejecutivo pero no al Congreso ni al Poder Judicial. Distintas ONGs insistirán ante el Parlamento.

La polémica por el aumento de hasta 100% en los sueldos de diputados y senadores nacionales puso al descubierto la falta de transparencia de los organismos del Estado y renovó los reclamos de varias organizaciones de la Sociedad Civil por una Ley de Acceso a la Información Pública.
“Más allá de si está bien o está mal el aumento de los legisladores el tema de fondo es que todos los organismos del Estado deberían publicar en un sitio Web todos los datos vinculados a sus gastos: desde el monto de sus remuneraciones hasta lo que destina a cada contrato solventado con dinero público, para que los ciudadanos puedan acceder y opinar sobre el tema”, evaluó el Director de Poder Ciudadano, Hernán Charosky pero lamentó que eso no ocurre porque no existe en la Argentina una Ley de Acceso a la Información Pública.
En el mismo sentido opinó el Director del Área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Ramiro Álvarez Ugarte: “Los recibos de sueldos de funcionarios y legisladores deberían ser públicos”. Asimiso marcó que “existe un retroceso en los últimos años en materia de transparencia” y apeló a la necesidad de una ley.
A diferencia de lo que ocurre en Argentina, más de 90 países ya cuentan con leyes de acceso a la información pública. Es más, hay once países en América Latina que también la tiene. La ley existe en México, donde tiene rango constitucional; en Chile, Colombia, Perú, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, Ecuador, República Dominicana y Antigua y Barbuda. También en los Estados Unidos y en Canadá. Como en la Argentina, en cambio, no existe en Paraguay, Bolivia, Guatemala y Venezuela.
El modelo de la transparencia por vía legal está incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Es el derecho a “investigar y recibir informaciones”, dimensiones inherentes a la libertad de expresión.
Sin embargo en Argentina solo hay un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2003. Pero rige sólo para el Poder Ejecutivo y no para el Legislativo o el Judicial y “da lugar a una arbitraria disparidad de criterios para facilitar información requerida”, explicó Charosky.
“La ley es fundamental para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los tres poderes del Estado, necesaria para controlar y participar en la gestión pública”, destacó Álvarez Ugarte.
El primer intento por aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública comenzó en 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto en el que participaron organizaciones no gubernamentales, periodistas y distintos funcionarios. El proyecto se aprobó en Diputados en mayo de 2003. En el Senado fue tratado un año después, cuando se aprobó se le hizo una revisión, lo que provocó que fuera enviado nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley y perdió estado parlamentario en febrero de 2006.
Luego de varios años sin que se tratara el tema, finalmente en 2010 el Senado decidió volver a discutirlo. En septiembre de ese año la Cámara alta dio media sanción al proyecto con 38 votos a favor y 26 en contra. Luego, fue girado a Diputados, donde nunca fue tratado en el recinto.
En 2011, pese a los insiste
ntes pedidos y campañas, las ONG más importantes del país que trabajan en temas de transparencia (entre ellas, ACIJ, ADC, CIPPEC, FOPEA, Fundación Directorio Legislativo, Poder Ciudadano) reclamaron al Parlamento. “Para que no se dilate la aprobación de esta importante ley para la democracia argentina”, demandaron, pero no lograron que estuviera en la agenda del recinto.
“No existe voluntad política para que el tema entre en agenda”, se lamenta Alvarez Ugarte.
Para el Director de Poder Ciudadano: “En la Argentina no existe consenso para la Ley, ni en el oficialismo ni en la oposición”, según afirma.
Pese a ello los especialistas de las ONGs consultados aseguran que no se darán por vencidos y anticipan que insistirán fuertemente este año por la “ansiada Ley de Información Pública”.

Por Victoria Urdinez

El Cronista

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