28.12.17 // Educación Inclusiva (novedades)

Después de 4 años, Alan Rodríguez recibe su título secundario

A un año de la condena judicial al Instituto Jesús María de San Vicente de Paul y al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y luego de una discusión sobre la forma en la que debía ser confeccionado, Alan recibió su título secundario oficial.

Alan Rodríguez -un joven de 23 años con síndrome de Down- fue a la misma escuela desde los 3 años, cursando la primaria y la secundaria con un proyecto pedagógico individual. Año tras año fue alcanzando los objetivos planteados en dicho instrumento con excelentes calificaciones. Sin embargo, al finalizar sus estudios le habían informado que su título no podía ser entregado porque -según la escuela y el Ministerio- no había cumplido ciertos contenidos considerados mínimos.
En 2015, luego de múltiples reclamos, decidió llevar su caso a la justicia, con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo del Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva.
También apoyaron su reclamo como amicus curiae el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y reconocidos expertos en discapacidad y educación como Mariano Godachevich y Carlos Skliar.
Con fecha 24 de octubre de 2016, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció su derecho a la educación inclusiva y ordenó a la escuela y al Ministerio de Educación la entrega y legalización de su título. Para así resolver, el Poder Judicial aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados que la suscriben a garantizar sistemas educativos inclusivos. En particular, la jueza de la causa destacó que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones” y que “en igualdad de condiciones con los demás no es equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y otros”, sino que implica que a cada alumno/a se le exija alcanzar “los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados”.
Durante la etapa de ejecución de la sentencia, surgieron discusiones relativas a la forma en la que el título debía ser confeccionado. La justicia finalmente decidió que fuera exactamente igual al de sus compañeros/as, dando un paso más en el reconocimiento de su derecho a la igualdad.
Después de 4 años de haber egresado, Alan tiene el mismo título que quienes estudiaron con él, y con ello logró superar una barrera que se oponía a su inclusión en la comunidad.
Su caso fue un hito fundamental para visibilizar y poner en la agenda pública los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho a la educación inclusiva. Hoy felicitamos a Alan, quien tiene muchos motivos para sentirse orgulloso, no solo por haber recibido su título, sino también por su activa y ejemplar lucha en defensa de sus derechos. Con ella, contribuyó fuertemente a derribar barreras a la educación inclusiva y a la construcción de un sistema educativo justo que valore la diversidad humana.