02.11.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios)

Desmantelan los organismos de control

Los entes encargados de fiscalizar al poder central suman cada vez más irregularidades y falta de transparencia. Organismos acéfalos, intervenidos o sin garantía de independencia ya son moneda corriente en la era K, a excepción de la AGN a cargo del radical Despouy. Los expertos advierten sobre el modus operandi de un Gobierno que se resiste a ser controlado.

Por: Manuel Torino

Además de la corrupción empresaria y la connivencia sindical, la ineficacia de los organismos de control estatal completó la “trilogía siniestra” que, según el lapidario fallo del juez federal Claudio Bonadío, dio lugar a la tragedia ferroviaria del Sarmiento, que le costó la vida a 51 personas el 22 de febrero pasado.
“Este accionar sólo fue posible por la inacción parcial de los organismos de control y los funcionarios que con competencia administrativa específica en el área de transporte”, no sólo “no realizaron los controles”, sino que “cuando detectaron anormalidades omitieron accionar en consecuencia”, puede leerse en la resolución de casi 900 páginas sobre la causa Once.
Es imposible saber qué hubiera pasado si el órgano encargado de controlar la calidad del servicio, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), no hubiera estado intervenida desde 2001 y desnaturalizada en sus funciones, ni si el Gobierno y la Justicia no hubieran desoído la veintena de informes sobre la crítica situación del los trenes que la Auditoria General de la Nación (AGN) realizó desde 2003 a la fecha. Lo cierto es que la tragedia puso en evidencia como pocas veces antes las serias anomalías que presentan los órganos que deben auditar al poder central en la Argentina.
El más reciente síntoma de la aversión de los controlados hacia los controladores tuvo lugar en el Congreso a principios de octubre cuando el bloque K intentó una maniobra para desplazar de la AGN – la última institución con relativa autonomía ya que por su diseño su titular es designado por el partido opositor con más miembros en ambas cámaras- a su presidente, el radical Leandro Despouy por una supuesta irregularidad en la ratificación de su cargo en 2010. El oficialismo buscaba desconocer sus últimas auditorías, incluidas las referidas al estado del sistema ferroviario.
Mientras tanto, por fuera de la agenda mediática, la falta de transparencia se propaga entre los entes reguladores del Estado. El listado de organismos de control que no cumplen con su función es elocuente: desde los destinados a combatir la corrupción como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Oficina Anticorrupción (OA), hasta los de control interno como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y los técnicos, como la Unidad de Información Financiera (UIF), hasta los que representan a la ciudadanía, como la Defensoría del Pueblo o el INADI, todos presentan irregularidades, según consta en un relevamiento conjunto realizado por las Fundaciones Poder Ciudadano y Directorio Legislativo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Mecanismos anti regulación
Al igual que los informes de la AGN que se apilan en los escritorios de estas entidades, los cuestionamientos al sistema de fiscalización en la Argentina también se acumulan. ¿Cuáles son los mecanismos de los que se vale el Gobierno para desarticular cada ente que intenta regularlo? ¿Cómo lograr que los organismos de control mantengan la independencia del poder de turno? ¿Cuál es rol de la ciudadanía en este equilibrio de poder? Y, por sobre todas las cosas, ¿quién debe controlar a los que controlan?
“Hay una desintegración del sistema de control. No parece que a los actores institucionales les importe contar con un sistema de control efectivo y éste no es valorado como un elemento que mejora la democracia”, dice Gustavo Maurino, co-director de ACIJ.
En la misma línea se expresa el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi. “Es una situación grave. La mayoría están intervenidos o acéfalos. No hay un interés demasiado fuerte desde el Ejecutivo nacional en fortalecer a estos organismos de control”, sostiene.
Sandra Elena, directora del Programa de Justicia de Cippec, explica que “cuando fallan los controles, la calidad, la transparencia y la legitimidad pública es menor. Tiene que haber controles tanto externos como internos para que la administración pública mejore”.

Descabezados
Sobre el modus operandi que desarrolló el Gobierno para evitar ser controlado, según los especialistas consultados por El Cronista WE, existen maniobras que por lo evidentes y recurrentes, ya forman parte del manual K. “En muchos casos detectamos una desinstitucionalización”, explica Maurino. “Hay varios organismos incompletos en su integración, están acéfalos o en otros casos se designan suplentes que no tienen ni la estabilidad ni garantías de independencia, por lo que su desempeño termina gravemente condicionado”.
El caso de la FIA es quizás el más emblemático en este sentido. La fiscalía de investigaciones se encuentra acéfala desde marzo de 2009, cuando el por entonces fiscal general Manuel Garrido presentó su renuncia debido a un “recorte de sus facultades” por parte de quien era el Procurador General de la Nación, Esteban Righi. En diálogo con WE, Garrido sostiene que hoy la fiscalía se encuentra “desmantelada” y que si bien todavía se mantienen equipos técnicos de calidad, su reemplazante en el cargo, el subrogante Guillermo Noailles, responde a los intereses del Poder Ejecutivo.
“Además de la FIA, la CNRT está intervenida, el ENARGAS está intervenido, el ENRE está incompleto, la Defensoría del Pueblo tiene un defensor adjunto y no un defensor titular”, enumeran desde Poder Ciudadano.
Fiel a su estilo, La Cámpora ha ocupado muchos de esos espacios vacíos con el nombramiento de jóvenes militantes. Este año en la Inspección General de Justicia (IGJ) -ente fiscalizador de empresas y asociaciones civiles- designó a uno de sus cuadros, Norberto Berner. Además, el abogado Rodrigo Cuesta, otro camporista, fue premiado por su labor en Aerolíneas Argentinas y nombrado síndico adjunto en la cuestionada Sigen.
En tanto, en las últimas semanas la agrupación creada por Máximo Kirchner parece haber forzado la salida del mariottista Santiago Aragón de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para imponer en un ente clave para el Gobierno a una figura de su paladar: el hoy ultra-kirchnerista Martín Sabbatella.

Regla tácita
Así las cosas, la hiperactividad de la AGN aparece como la excepción que confirma la regla tácita de no agitar al avispero en el sistema de control. “En el contexto actual, el rol de la Auditoría General es clave. Es el único órgano de control, en este caso externo, que sigue produciendo de forma sistemática informes tanto de control presupuestario como de gestión con calidad técnica importante y que detectan déficits en la administración pública”, remarcan desde Cippec.
Cabe aclarar que, sin embargo, su diseño legal, que es previo a la reforma constitucional de 1994, está basado en un cuerpo colegiado, de manera tal que hoy el oficialismo tiene una importante capacidad de veto que limita en parte la actividad de la AGN.
Por otra parte, los expertos observan un sistemático ninguneo respecto a los informes y advertencias que emiten las agencias de control que todavía mantienen cierta autonomía. Aquí el ejemplo más claro es otra vez el de la AGN en la tragedia de Once: sus informes identifican falencias de gestión pero que en general no dan lugar a cambios en esas administraciones. “A los controlados el hecho de no cumplir con las advertencias de los controladores no les implica ningún costo institucional, ya que el sistema por lo general no puede obligarlos a tener en cuenta sus informes”, dice Maurino, resaltando el error en el diseño mismo de los organismos. Al respecto, hay un consenso generalizado: desde un principio estos entes no fueron diseñados con garantías de independencia, a lo cual el tiempo fue erosionando su cultura institucional.
“Una forma de lograr impunidad es ralentizar el avance de las causas de corrupción, hasta que terminan prescribiendo. Se necesita que alguien active las denuncias de la AGN, porque si no, no evitan el problema”, remarca Gustavo Ferrari, diputado nacional por el Peronismo Federal.

Soldados K
Otro grupo de agencias simplemente ha atenuado su función de control. Son organismos que se transforman en facilitadores de quienes deben ser controlados. Un caso de éxito en este sentido es el de la Sigen. Bajo el mando de Daniel Reposo, la entidad encargada de dictar y aplicar las normas de control interno del sector público ha modificado su rol institucional significativamente en los últimos tiempos.
“La Sigen es un caso especialmente grave y claro de cómo un organismo va perdiendo independencia y relevancia. Ha acumulado muchas faltas: dejó de publicar información a la ciudadanía y el propio Síndico General de la Nación llegó a definirse como un ‘soldado de la Presidenta'”, agrega Maurino respecto de Reposo, quien así y todo fue candidateado por el kirchnerismo para ocupar la Procuraduría General de la Nación.
La Sindicatura General también es célebre por haber sido demandada por otro organismo de control: la cuestionada agencia fue denunciada por la AGN por negarse a compartir información pública. “El sistema de control requiere cooperación. Si está atomizado, pierde eficacia”, remarcan desde el tercer sector.
“Si bien formalmente siguen en funciones, han sido prácticamente desactivados en su tarea de reguladores. En la práctica no hay control efectivo ni producción o difusión de información”, dice Elena, de Cippec.
El creciente mutismo informativo por parte de las agencias hacia la sociedad es una de las críticas más escuchadas desde la oposición y desde el tercer sector. De hecho, días atrás se celebró en el Congreso una jornada para tratar la problemática de la falta de acceso a la información. Asistieron legisladores, asociaciones de defensa del consumidor, consultoras, ONGs y hasta periodistas. Sólo faltó la voz del Gobierno en un debate en el que, una vez más, se reclamó que se promulgue la Ley de Acceso a la Información Pública.
“El centro del problema es que la información es poder. Y en la lógica de kirchnerismo, compartir poder es imposible, porque para un kirchnerista dar información es dar poder”, analiza Ferrari, Y arroja un dato: “De 8600 pedidos de informe que se hicieron desde 2003 a 2010, se respondió el 20% solamente”.
La Oficina Anticorrupción (OA) es otro ejemplo de agencia que no cuenta con garantías suficientes de independencia desde su diseño. “En los últimos años es claro como ha cambiado su perfil para investigar la corrupción en el gobierno nacional”, remarca Garrido sobre el ente que hoy dirige Julio Vitobello.
En una Argentina con índices de corrupción similares a los de otros países de la región donde los organismos de control detectan irregularidades en la administración pública periódicamente, Vitobello tiene el curioso récord de no haber destapado ningún escándalo de corrupción durante su gestión.

El pueblo quiere saber
La falta de transparencia por parte de quienes deberían fiscalizar al poder político pone en evidencia la ausencia de un control superior que a su vez regule el desempeño de estos organismos. El dilema – todo un clásico entre los países con mayor tradición republicana- todavía es un debate pendiente por estas latitudes: ¿quién debe controlar a los que controlan?
“Las agencias deben tener, a su vez, sus propias prácticas de transparencia, de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Por eso deben fortalecer sus vínculos con la sociedad: si quieren ser legítimas, tienen que acercarse a la ciudadanía,”, exhorta Maurino.
Una democracia con mayor y mejor control es responsabilidad también de la propia sociedad. “El ciudadano debería ser el último controlador. Si la gente no toma el control en sus manos y reclama por más garantías para tener un mejor gobierno, o si no activa esta agenda en el Congreso, nada va a cambiar”, coinciden los especialistas.
Para recorrer ese camino, dicen, es necesario trabajar en cambiar la cultura del control. “El control no es algo negativo ni debe ser percibido como una amenaza, al contrario: incrementa la calidad de la democracia. En todos los países del mundo el poder está controlado. El problema es que en la Argentina el poder político no está dispuesto a soportar controles sobre su accionar”, dice Elena. Y concluye: “Algunas provincias y municipios ya se están dando cuenta de que abrirse al público termina redundado en un beneficio para su gestión. Al final de cuentas, el derecho a la información es un derecho humano”.

El Cronista

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