14.06.09 // Novedades, NOVEDADES

Desde 2002 aumentó la desigualdad educativa en la Ciudad (Clarin)

Con la democracia se come, se cura y se educa!", repetía en cada acto de campaña un eufórico Raúl Alfonsín hace casi 26 años, y las tribunas se venían abajo. Su voz potente, conservada intacta en viejas cintas, volvió a tronar hace dos meses en decenas de manifestaciones espontáneas, durante el velatorio del viejo líder. Y, como entonces, la fórmula volvió a arrancar lágrimas de emoción. Pero algunos datos mucho menos emotivos también pueden provocar lágrimas. De pena, o de furia: en los últimos siete años de esa democracia en la que Alfonsín cifraba sus esperanzas, las políticas del Estado profundizaron las desigualdades educativas en la Capital Federal, el distrito más rico del país.

Pocas dudas quedan sobre el rol clave que tiene la educación como fuente de inclusión social de las poblaciones más pobres. Esta verdad de Perogrullo jamás falta en los discursos de campaña de cualquier candidato, y es una letanía constante en los labios de funcionarios de cualquier rango. Pero en el caso de Buenos Aires, las políticas desarrolladas por esas mismas personas durante su paso por el poder no reflejaron esta unanimidad. O más bien sí lo hicieron, pero en sentido contrario: un análisis de las condiciones en que deben estudiar los chicos de las zonas más desfavorecidas muestra que las acciones tomadas por todos los gobiernos porteños entre 2002 y 2008 para reducir las desigualdades educativas no hicieron otra cosa que agravarlas.

Estas son las conclusiones de una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), tras haber analizado información oficial y propia sobre todas las escuelas públicas de la Ciudad para elaborar un informe sobre "La discriminación educativa en Buenos Aires", que Clarín anticipa hoy. Para graficar estas diferencias, se tomaron algunos indicadores estadísticos de los cinco distritos escolares más pobres -3, 4, 5, 19 y 21- y de los cinco más ricos -10, 15, 16, 17 y 18- (ver mapa e infografías).

El tren de las oportunidades es más chico y corre cada vez más lento para los pibes más pobres de la Capital. En la escuela, año a año ellos deben competir con más chicos que sus pares de los barrios más acomodados para lograr un lugar. Mientras que la suma de inscriptos y de chicos en lista de espera en los jardines de infantes de la zona sur daba 13.768 en 2002, el año pasado había trepado a 15.000. En la primaria, tendrán que compartir la dedicación de los maestros cada vez con más compañeros: en los distritos escolares más pobres, el promedio de chicos por aula pasó de 23 en 2002 a 27 en 2008. Este salto multiplicó la cantidad de aulas superpobladas en los cinco distritos más pobres: el año pasado alcanzaron el 87 por ciento. Como la demanda de asientos escolares venía creciendo, muy probablemente estos chicos hayan visto cómo los patios, laboratorios y otros espacios de aprendizaje y esparcimiento de sus escuelas se iban "reutilizando" para abrir más aulas. Cuando este recurso tampoco alcanzaba, los alumnos "sobrantes" comenzaron a ser trasladados a otras escuelas más lejanas de sus casas.

En los barrios más ricos, por el contrario, las cosas fueron mejorando: la demanda de vacantes en jardines maternales y de infantes cayó de 10.000 a 9.300, y el promedio de chicos por sala no cambió, y el año pasado sólo el 13 por ciento de aulas estaban superpobladas.

El principal obstáculo para trazar este diagnóstico -y sin duda para revertir su resultado- es la falta de información oficial clave sobre la educación que se brinda en los distintos barrios de la ciudad. Muchos datos no están desagregados por zona o por escuela -lo que esconde las diferencias-, y otros ni siquiera existen. La cantidad de chicos reubicados en escuelas lejanas a su casa, por ejemplo. La coordinadora del programa de Igualdad Educativa de la ACIJ, Nuria Becú, apunta contra el "Estado perverso": "Los chicos pobres están hoy mucho peor que los sectores más pudientes con respecto al acceso a la educación y a las condiciones de estudio. Y esto es resultado directo de la manera en que el Estado ha intervenido a lo largo de los años. Esta realidad injusta pone en evidencia la falla de promesa de la educación como herramienta igualadora, y la violación sistemática del Estado -pese a las diferentes orientaciones ideológicas de los sucesivos gobernantes- del principio de igualdad. Nuestra Constitución y nuestras leyes obligan en forma contundente al Estado a privilegiar a los sectores más desfavorecidos. Hay límites a la discrecionalidad política, y esos límites son los derechos."

Sin intervenciones fuertes y diferenciadas, la pobreza engendra pobreza. El año pasado, la Justicia ordenó al gobierno que solucionara la falta de vacantes en el nivel inicial. Como las autoridades ni siquiera presentaron un plan para hacerlo, el juez les aplicó una multa al ministro de Educación Mariano Narodowski y a la titular de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, obligándolos a pagar 50 pesos diarios hasta que arreglen el tema. El plan no apareció, y esa multa sigue corriendo hasta hoy. Otra: el año pasado, Red Bajo Flores detectó 573 chicos que viven en la villa 1-11-14 y que por falta de vacantes en las escuelas cercanas a su casa viajaban a Caballito, Floresta y hasta Belgrano para poder estudiar. El gobierno ni siquiera cumplía con la obligación de brindarles un transporte gratuito.

¿Otra muestra del empeoramiento de la educación de los chicos pobres? La notable diferencia en la ejecución del presupuesto destinado a obras de infraestructura escolar, que hasta 2006 -último año con datos procesados- fue de sólo 32,6 por ciento de toda la plata disponible para las escuelas de los distritos más pobres, y de casi 50 por ciento para los establecimientos de las zonas más ricas. En promedio, la Ciudad gastó 232.166 pesos por obra en el sur, y 505.821 en el norte. El extremo de este abandono ocurrió en los barrios más difíciles: Villa Riachuelo, Soldati, Lugano. Según ACIJ, en seis años los gobiernos porteños sólo gastaron en mantener todas sus escuelas un millón de pesos. En 2005 y 2006, ni un céntimo.

Es cierto que alguna ayuda a las escuelas pobres puede haber llegado a través de otros programas. Pero una simple cuenta dificulta cualquier justificación, y desdibuja el supuesto interés en revertir la desigualdad: si sumanos el monto de cada porción del presupuesto disponible para obras de infraestructura que año a año no se usó, desde 2002 la cuenta supera los 100 millones de pesos.

Con mayor o menor convicción, los funcionarios relativizan el agravamiento de la desigualdad educativa en la ciudad, o ensayan explicaciones para justificarla (ver "La voz…"). Pero otras fuentes confirman con más datos concretos el desinterés oficial por las escuelas de las zonas más desfavorecidas. Un informe aprobado el año pasado por la Auditoría General de la Ciudad denunció que al menos hasta 2007 los gobiernos porteños repartieron becas alimentarias entre chicos seleccionados según índices que no se actualizaban desde 2001, a quienes no se entrevistó ni visitó en sus casas como correspondía. La Auditoría también afirmó que los programas de asistencia escolar porteños están desarticulados entre sí, que tienen insuficiente apoyo técnico, que nadie analiza la información que se produce, y que el plan "zonas de acción prioritarias" sólo atendió a 177 chicos en 2007.

Sin mayores resultados, la desatención oficial por los alumnos más pobres de la ciudad también fue señalada por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires en varios informes y resoluciones. En diciembre pasado, por ejemplo, denunció la demora y el llamativo encarecimiento para concretar la construcción de una escuela en Villa Lugano: mientras que una licitación pública diseñada en 2002 y lanzada recién en 2005 establecía un presupuesto de 12 millones de pesos y un plazo de 18 meses para levantar el edificio, en 2007 se acordó hacerla por 18,3 millones, y en mayo de 2008 se publicó un plan de obras con un presupuesto de 27,5 millones: más del doble. ¿La escuela? Todavía no está. En Lugano, recordemos, sólo hay 14 colegios públicos para 9.600 alumnos, que en la mayoría de los casos asisten a cursos con más de 30 chicos por aula.

Gustavo Lesbegueris, a cargo del área de Derecho a la Educación del organismo, recuerda que "desde 2001 la Defensoría viene advirtiendo que el crecimiento demográfico en la zona sur ameritaba planificar ‘una activa política pública de construcción de escuelas’ en esos barrios. Lamentablemente, esas recomendaciones no fueron atendidas por los distintos gobiernos. Por el contrario, se fueron naturalizando las ‘listas de espera’ con miles de nenes -el 70% de los cuales vive en la zona sur- que esperan a que se desocupe una vacante o se constuyan nuevas aulas. En la primaria, la falta de vacantes se viene paliando desde 2002 con su ‘derivación" a otros barrios. Y el problema persiste entre los adolescentes: la escuela secundaria de la villa 21-24 de Barracas inaugurada hace un mes ya tiene 90 alumnos en lista de espera.

El mecanismo de selección y nombramiento de maestros también termina perjudicando a las escuelas pobres. Como los docentes concursan por las horas y aulas disponibles en toda la ciudad, quienes tienen más puntaje y mejor curriculum suelen elegir las escuelas céntricas, mejor equipadas y con chicos menos conflictivos. A las que están en zonas vulnerables llegan los docentes más inexpertos y con menos preparación, que apenas pueden piden ser trasladados o renuncian. Los gabinetes psicopedagógicos, donde los hay, también son ocupados con profesionales jóvenes. O ni siquiera: desde 2003, la Ciudad tiene un programa de pasantías para estudiantes avanzados o apenas recibidos, que en muchos casos se desempeñan en el paupérrimo sur. ¿Su nombre? "Aprender trabajando". ¿Sus resultados? Desconocidos. Ni la Auditoría porteña logró saberlos.

Para suplir la extrema falta de información oficial y mostrar con ejemplos concretos las diferencias en el acceso a las aulas y en las condiciones de estudio por parte de los niños y adolescentes de los distintos barrios porteños, la ACIJ produjo el documental "El sur también existe", que puede verse en su página web (www.acij.org.ar).

Para el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, "impresiona ver cómo la escuela termina funcionando como un espacio de reproducción de la desigualdad: los chicos pobres reciben una educación pobre. Al revés de lo que debería ocurrir." Como respuesta, el sociólogo reclama una gran reingeniería para llevarle el Estado a los pobres: "Hoy, la burocracia administrativa y cierta rigidez del sistema de organización docente -que impide o al menos dificulta los cambios, traslados y designaciones que implicaría una verdadera política compensatoria de las desigualdades- reducen mucho la capacidad de vinculación del sistema educativo con las distintas realidades sociales." Mientras, el tiempo, los ministros y los gobiernos pasan. Para los chicos más pobres, con más pena que gloria.

Por: Claudio Savoia.

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