28.05.09 // Igualdad Educativa (medios), Villas e Integración Urbana (medios)

Derecho a la educación

Por Dalile Antunez y Nuria Becu (ACIJ)

Un año más ha transcurrido en la injusta zaga de postergación y deterioro de las condiciones educativas de los sectores más pobres de la ciudad. En la zona sur faltan escuelas, las condiciones edilicias son comparativamente peores, las aulas se encuentran superpobladas y los niños se ven obligados a asistir a escuelas muy alejadas de sus casas. Ello genera que allí aumenten las tasas de ausentismo y deserción escolar, y que los índices de repitencia sean los más altos de la ciudad.

Este lamentable resultado es consecuencia directa de la forma en que han intervenido los sucesivos gobiernos de la ciudad, al menos en los últimos siete años. Así, en tanto que la falta de vacantes en el nivel inicial aumentó un 80 por ciento en el período 2002-2007 y llegó a ser de casi 7000 en el año 2007, el presupuesto destinado a la reparación y construcción de escuelas se subejecutó en promedio general en un 19 por ciento. Ello suma casi 94 millones de pesos que el gobierno de la ciudad podría haber utilizado en obras de infraestructura, y no utilizó.

Esto resulta aún más inaceptable si se considera que el 70 por ciento de la falta de vacantes se concentra en las zonas más pobres. Además, en ese período se destinaron allí casi la mitad de los recursos por escuela que fueron asignados a los barrios más ricos. En el distrito escolar 21, uno de los más pobres y con mayores problemas de superpoblación, durante los años 2005 y 2006 se ejecutó el 0 por ciento de los fondos.

Con el actual gobierno, la situación no ha cambiado. A pesar de que se concedieron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para acelerar los procesos licitatorios, el presupuesto de infraestructura fue subejecutado en un 30 por ciento en el año 2008, y las tareas realizadas fueron en su mayoría de pintura y albañilería.

A su vez, el Gobierno niega la provisión de transporte escolar gratuito a alumnos en situación de vulnerabilidad, que asisten a escuelas lejanas a sus casas y a quienes les resulta casi imposible mantener la escolaridad, alegando limitaciones presupuestarias.

Este alarmante panorama se profundiza silenciosamente por la falta de producción de información, que compromete seriamente toda posibilidad de revertirlo.

En la ciudad no existe un registro unificado y sistematizado de la demanda insatisfecha de educación en cada distrito.

La angustiante realidad que vive el sistema educativo en las zonas más postergadas no admite comportamientos como los descriptos.

En evidente contraste con el accionar de los sucesivos gobiernos locales, nuestra Constitución establece el deber estatal de asegurar y financiar el derecho a la educación desde los 45 días, y obliga a la realización de acciones y políticas que permitan a los más vulnerables un acceso real y efectivo a la educación, indispensable para su desarrollo.

Esto implica que hay límites a la discrecionalidad en la forma en que el poder político asigna sus recursos, independientemente de su agenda política o su orientación ideológica.

La Nación

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