08.10.14 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios)

Denunciarán internacionalmente la acefalía de la Defensoría del Pueblo

La denuncia la realizarán cinco Organizaciones No Gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunciarán el 28 de este mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “peligra el control de la administración pública” en el país, debido a la acefalía desde 2009 de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano participarán en una audiencia al respecto en Washington DC, Estados Unidos.

Las cinco ONG, desde hace varios meses, lideran a nivel local una campaña para concientizar sobre la situación, denominada “Un Defensor/a del Pueblo y para el pueblo”.

Ese cargo, creado en 1993 bajo la órbita del Poder Legislativo y consagrado en la Constitución Nacional al año siguiente, permanece vacante desde 2009, cuando terminó su mandato Eduardo Mondino, quien decidió lanzarse como candidato al Senado por el justicialismo cordobés.

El defensor adjunto, Anselmo Sella, se desempeñó como cabeza de ese órgano independiente hasta la finalización de su mandato, en diciembre de 2013.

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece que los objetivos del órgano son “la defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados” por la Carta Magna “y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.

“Precisamente, peligra el control de la administración pública porque uno de los órganos que debe encargarse de eso es la Defensoría del Pueblo, que es unipersonal porque la conforma el Defensor del Pueblo, además de los adjuntos pero que son nombrados por él”, dijo el director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli.

Resaltó que ese órgano “tiene a su cargo, por ejemplo, la coordinación del cuerpo colegiado que monitorea el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo”.

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece que el Defensor del Pueblo es “designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras”.

La propuesta debe partir de la Comisión Bicameral Permanente, compuesta por representantes de diferentes partidos políticos.

El último candidato impulsado por el oficialismo para el cargo fue el ex jefe de Gabinete y actual embajador ante el Mercosur y la Aladi, Juan Manuel Abal Medina, pero fue rechazado por la oposición por tratarse de un puesto que requiere independencia de la administración que debe controlar.

Los opositores, por su parte, propusieron continuar el mandato del adjunto, pero fue reprobado por el oficialismo porque contraría normas que regulan su funcionamiento.

“Está bien lo que hizo el oficialismo porque los adjuntos son nombrados por el Defensor del Pueblo”, dijo Nápoli.

En la actualidad, la máxima autoridad del órgano es su secretario general, Carlos Haquim.

Las ONG, en un escrito presentado ante la CIDH al pedir la audiencia, advirtieron que “se ha generado una situación de gran incertidumbre, incluso al interior del órgano, acerca de las facultades del designado provisorio (por Haquim), lo que atenta contra el cumplimiento íntegro de la misión y actividades de la entidad”.

Haquim negó que esté en peligro el control de la administración pública, al asegurar que “se atienden los reclamos nuevos y preexistentes”.

No obstante, reconoció que él carece de “legitimación procesal, que es una atribución necesaria para representar en juicio la afectación de derechos colectivos”.

Por eso, aseguró que anhela la “normalización de la institución”, mientras junto al resto del personal trabaja para que el órgano “se sostenga y no pierda su prestigio”.

La Prensa